Para quienes no lo tenían claro a estas alturas: hay sectores políticos que no quieren a Luiz Inácio Lula da Silva de vuelta en el Palacio de Planalto. La crisis en el país más grande del Sur latinoamericano sigue enredándose por día.  A Lula lo condenaron a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, justo cuando encabeza la intención de voto a las presidenciales de octubre de 2018.

Una encuesta de Datafolha, de reconocido corte anti-izquierdista, del diario Folha de Sao Paulo, estimó que, si las elecciones fuesen hoy, el exdirigente sindical ganaría la primera vuelta con el 30 por ciento.  

El juez federal Sérgio Moro dictaminó que Lula recibió cerca de un millón de dólares en sobornos de la empresa constructora OAS al remodelar un apartamento tríplex en el litoral de São Paulo. Si la condena es aceptada en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ta. región de Brasil, iniciará el cumplimiento de la pena. Esta inhabilita al expresidente para ocupar cargos públicos.  Por el momento, podrá apelar el fallo sin ser tener que pisar la cárcel por su condición de exmandatario.

Las decisiones de estos tribunales se demoran cerca de un año e incluso más. Este es el ejemplo más contundente de que impedir que el líder sindicalista sea precandidato del Partido de los Trabajadores (PT), una cuestión que manifestó en varios mítines, es el leitmotiv de la pena.

«Quien tiene derecho de decretar mi fin es el pueblo brasileño», dijo durante una rueda de prensa este jueves desde la sede del PT.

También aseguró que tendrá que luchar tres veces: jurídicamente para convertirse en candidato, otra dentro del Partido —para ganar el apoyo— y una última para convencer a la sociedad.

Otro elemento es que la condena intenta también descalificar el caudal político de Lula. En este aspecto puede ocurrir un efecto boomerang. Lula puede aumentar su presencia e intención de voto y dejar sin efecto cualquier tipo de consecuencia negativa contra él.

La defensa ha dicho que Lula es víctima de «lawfare», o sea, usar las leyes y el enramado jurídico para destruir políticamente a cualquier figura. También ha denunciado que ha sido un proceso sensacionalista desde el primer momento.

La condena tiene lugar un día después de que el Senado brasileño diera media sanción a la controvertida ley de reforma laboral, la cual liquida el poder de negociación de los sindicatos, destruye los convenios colectivos, inventa una figura de empleo intermitente y otras cuestiones.

Es por ello que es indignante ver cómo la persecución política alcanza a quienes han hecho por Brasil mucho más que cualquier gobernante.

No se puede olvidar que durante su mandato, favorecido por una bonanza económica que permitió ejecutar planes de gran impacto social, Lula sacó a casi 20 millones de brasileños de la pobreza. Asimismo, las regalías por los contratos petroleros del presal se destinaron a sectores que el actual gobierno del interino Temer considera como un derroche: la salud y la educación.