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Ley Araucanía, un nuevo agravante en el conflicto entre mapuches y Gobierno

15 jun 2017
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Si bien nunca ha estado cerca de resolverse, el conflicto histórico que enfrenta a comunidades y organizaciones mapuches con el Estado de Chile podría tener un nuevo repunte a partir de la eventual presentación en el Congreso de un polémico proyecto legislativo.

Se trata de la mediáticamente denominada Ley Araucanía, un proyecto de normativa que dice buscar el desarrollo integral de la homónima región central del país, hábitat originario del pueblo mapuche.

Según han referido sus impulsores, la ley contempla medidas específicas para el desarrollo de la Araucanía y «es complementaria con las iniciativas legales de reconocimiento de los derechos indígenas». Al menos así lo afirmó en días recientes el senador Eugenio Tuma, miembro de la bancada de parlamentarios de la central región.

Dichos legisladores han sido quienes más han defendido el proyecto de ley, de conjunto con el Ejecutivo de la presidenta Michelle Bachelet, que anunció el Plan Integral para la región en su última cuenta pública en Valparaíso.

La causa de la polémica radica en la oposición a la eventual normativa por parte de organizaciones mapuches. Estas cuestionan la falta de consulta indígena en la realización del proyecto, el cual sería presentado en el Congreso la primera semana de agosto.

Razón no les falta a los representantes del pueblo indígena, ya que el lunes 5 de junio el Gobierno y la bancada de parlamentarios araucanos alcanzaron un acuerdo para precisamente evitar una consulta indígena, que retrasaría la aprobación e instrumentación de la ley de marras, ansiadas por el Ejecutivo para este año.

Para hacer frente a ello, los dirigentes mapuches reclamaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denunciaron al Gobierno y los parlamentarios regionales, cuya decisión de obviar la opinión e intereses del pueblo mapuche al respecto viola el convenio 169 de esa entidad. El instrumento, del cual Chile es parte, obliga a los Estados a consultar sus proyectos con las comunidades siempre que estos afecten a cualquier etnia indígena.

Asimismo, el 31 de mayo el Pacto Mapuche por la Autodeterminación interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la Araucanía, en contra de los cuatro senadores y diez diputados regionales que descartaron la demandada consulta indígena.

La Corte declaró admisible dicho recurso el pasado jueves 8 de junio, en una acción judicial que busca favorecer el inicio de un proceso de consulta al proyecto de ley, y que es coherente con el juicio de los mapuches, que consideran que el futuro araucano no puede decidirse sin la participación activa de los representantes indígenas.

Así lo ha reiterado ante la polémica que ha despertado la normativa Aucán Huilcamán, representante del Consejo de Todas las Tierras. En declaraciones a los medios, el werkén mapuche (líder o autoridad) explicó que al declararse admisible la citada acción judicial, la Corte les pide informes a los parlamentarios sobre la participación, alcances y contenidos del proyecto de ley.

Ello, consideró, es inmensamente valioso «porque plantea que la Araucanía no es posible sin los mapuches» y reconoce que «el presente y el futuro tiene que ser con los pueblos originarios».

Según Huilcamán, la Corte actuó con su fallo de manera preventiva y evitó mayores tensiones y controversias entre Gobierno y pueblo mapuche como consecuencia de la futura legislación, que en sus contenidos y alcances tiene «ámbitos que no ayudarán a resolver en nada la situación».

«Asignar un fondo para la violencia nos parece una decisión perversa porque no se resuelven las cuestiones de fondo y podría ser un incentivo para la violencia», dijo el werkén, al tiempo que reclamó que la eventual normativa tendría que haber incluido el asunto de la restitución de las tierras y sus recursos, y tratar «el crimen de lesa humanidad que cometió el Estado chileno con el pueblo mapuche».

A su juicio, como representante y vocero de la etnia indígena, mientras no se resuelvan esos asuntos será imposible fomentar una «armonía y convivencia firme y duradera en la Araucanía».

El conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuches gira fundamentalmente en torno a los actos de genocidio que las fuerzas gubernamentales cometieron en la mal llamada Pacificación de la Araucanía, en el siglo XIX, contra la población nativa de la región.

Como rasgos definitorios del conflicto, y como consecuencia de los atropellos sufridos en la expropiación de sus tierras y recursos, el pueblo mapuche demanda un resarcimiento por los mismos y plantea un conjunto de reivindicaciones étnicas.

La Ley Araucanía, si bien en letra y a priori parece contener elementos beneficiosos para el desarrollo integral de la región, también contiene otros que suponen una amenaza o afrenta para un pueblo históricamente sufrido y maltratado.

Tenerlo en cuenta para la proyección e instrumentación de una normativa que impactará de forma directa en su hábitat natural es lo menos a lo que el Gobierno chileno puede acceder, a riesgo de que, si no lo hace, agravará aún más el conflicto que le enfrenta a su principal etnia y comunidad indígena.

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