El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acumuló otro desatino esta semana al insinuar que la periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo, buscó información a cambio de sexo con el empleado de una empresa acusada de difundir noticias falsas durante la campaña de las elecciones de 2018, que ganó el exmilitar de ultraderecha.

Esa declaración se suma a los despropósitos misóginos a lo largo de su carrera, entre los que se incluyen decir a una diputada de izquierda que “no merece ser violada porque es muy fea”, o burlarse de la apariencia de Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, en plena polémica bilateral durante los incendios en la selva amazónica.

Más allá de su aversión y desprecio por las mujeres, Bolsonaro acumula dislates en otras direcciones. En diciembre, le respondió a un periodista que lo interrogaba sobre las sospechas de corrupción que pesan sobre su hijo Flávio Bolsonaro: “Tú tienes una cara de homosexual terrible”, y antes, en agosto, burlándose de los defensores del medioambiente, propuso “hacer caca día sí, día no”.

“Cada día resulta más evidente que el presidente necesita un tratamiento terapéutico de urgencia”, afirmó Paulo Jerônimo de Sousa, presidente de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI).

“Este comportamiento misógino desmerece el cargo presidencial y confronta a la Constitución”, añadió.

Ivar Hartmann, profesor de Derecho Público en la Fundación Getúlio Vargas (FGV), de Río de Janeiro, concuerda en que los exabruptos de Bolsonaro son “absolutamente deplorables”, pero duda de que puedan acarrearle “consecuencias legales” o exponerlo a un proceso de juicio político, cuya apertura debe ser aprobada por tres quintos de los escaños en la Cámara, algo poco factible actualmente, según la mayoría de los analistas.

“Es muy probable que políticos de izquierda consideren que la declaración de Bolsonaro sobre la periodista Campos Mello es suficiente [...] para iniciar un impeachment”, pero “sabemos que ese es un proceso político y no veo actualmente al Congreso dispuesto a hacerlo”, afirma Hartmann.

Este mes, el mandatario les dedicó dos cortes de manga (gesto despectivo que se hace con ambas manos) a los periodistas que cada mañana le aguardan frente a su residencia oficial.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, de un partido aliado de Bolsonaro, expresó el miércoles su preocupación por la señal negativa que ese clima político tóxico envía a los inversores, con los que el Gobierno cuenta para reflotar la economía.

La cronista política Vera Magalhaes, del diario O Estado de Sao Paulo, acusó a Bolsonaro de “degradar la imagen de la función presidencial para crear una cortina de humo” y desviar la atención de los brasileños de otros tema sensibles.

“Cuando Bolsonaro no puede dar una respuesta racional y mínimamente articulada, responde con bromas, en general bromas ofensivas, y eso siempre es una cortina de humo”, subraya Hartmann.

Esas salidas pueden tener una función electoral, a ocho meses de las municipales de octubre.

Sus agresiones verbales “le agradan a una parte de su electorado, que ven al presidente como alguien que dice la verdad, que no se oculta detrás del discurso políticamente correcto”, agrega.

Las últimas polémicas se dan con el telón de fondo de la muerte de un excapitán del cuerpo de élite de la Policía Militar (Bope) de Río de Janeiro, Adriano de Nóbrega, presunto jefe de una milicia paramilitar sospechosa de haber planeado el asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018.

Nóbrega, que en 2005 fue condecorado por el entonces diputado regional y actual senador Flávio Bolsonaro (quien también contrató en su gabinete a la madre y la hermana del oficial), fue abatido en una operación policial el 9 de febrero en el estado de Bahía (nordeste), tras abrir fuego contra los agentes, según las autoridades locales.

Pero Jair Bolsonaro cuestionó esa versión y evocó una “ejecución sumaria” perpetrada, según dijo, por la Policía Militar a las órdenes del gobernador Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

El lunes, una veintena de gobernadores pidieron más “equilibrio” y “diálogo” de la parte del jefe de Estado.