Análitico

La OEA y la democracia

21 feb. 2019
Laura Carlsen
La Organización de los Estados Americanos (OEA) se creó en 1947-48, pero sus raíces son más antiguas por los esfuerzos de integración regional desde finales del siglo XIX. Al igual que otras organizaciones multilaterales, los dirigentes apoyaron a la organización regional para que pudiera actuar como contrapeso para contener los conflictos internos y como fuerza unificadora para protegerse de las amenazas externas. 

Pero la realidad del poder, la hegemonía y los intereses económicos de Estados Unidos en la región han carcomido la misión multilateral de la OEA, desde sus orígenes. De una crisis política a otra, la dirección ha seguido las órdenes de Washington, haciéndose de la vista gorda ante las violaciones a su Carta respaldadas por EEUU, al tiempo que aplica mano dura contra las naciones que desafían los intereses del gobierno de Washington. Esto ha sido especialmente cierto bajo el actual liderazgo del uruguayo Luis Almagro. El intento de instalar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela es el último ejemplo, pero el patrón sesgado de la OEA de apoyar fraudes electorales de la derecha mientras opera estrategias de cambio de régimen diseñadas por EEUU contra gobiernos de izquierda, ha dejado una estela sangrienta de malestar social, migración forzada y autoritarismo en todo el continente.

Una trayectoria para socavar la democracia 

Cuando Juan Guaidó se declaró presidente de Venezuela en un mitin de calle, el Secretario General de la OEA lo felicitó inmediatamente y trató de cerrar los canales diplomáticos para resolver la crisis política. Sabiendo que no podía obtener suficiente apoyo en una votación de la Asamblea General, Almagro anunció su apoyo personal a Guaidó. Posteriormente obtuvo el reconocimiento de un subgrupo de naciones conocido como el Grupo de Lima, con la importante excepción de México. 

Este uso altamente personal del cargo de Secretario General suscitó protestas de las naciones de la Caricom, cuyo líder Timothy Hams le escribió para expresar “nuestra desaprobación y grave preocupación con respecto a la postura que usted como secretario general ha adoptado al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos esta acción inapropiada por su parte, al no tener la autorización de los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos”1.

Almagro, quien asumió el cargo en 2015, ha sido uno de los líderes más agresivos de la OEA en la representación de los intereses de EEUU, en cuyo transcurso ha violado a menudo la Carta de la OEA. Pero la perversa violación del compromiso de la organización con la democracia a nombre de la democracia no es nueva. 

En Haití, la OEA ha manipulado y socavado sistemáticamente las elecciones a instancias del gobierno de Washington. En 2010, apoyó la imposición de Michel Martelly, proporcionando un barniz para la injerencia abierta de EEUU en las elecciones después del devastador terremoto del 12 de enero. En 2015, la OEA certificó una elección fraudulenta y violenta. La complicidad de la OEA con el plan de EEUU de impedir que los haitianos decidan el futuro de Haití es un factor importante en las actuales protestas contra el presidente Jovenel Moïse, que han llevado a una situación de violencia, escasez e inestabilidad aparentemente permanente. 

En Honduras, las acciones de la OEA terminaron por eliminar cualquier esperanza de que pudiera desempeñar el papel de árbitro imparcial. Durante el golpe de Estado de 2009, la organización protestó inicialmente por la destitución militar del presidente constitucional, pero no logró restaurar el orden democrático, a pesar del amplio consenso entre los Estados miembros. Desde entonces, Honduras ha pasado de una crisis a otra. La nación ha sufrido escándalos de corrupción en los regímenes posteriores al golpe, el estado de derecho se ha deteriorado y la violencia estatal y criminal se ha disparado, a menudo combinadas. 

En las elecciones de noviembre de 2017, el presidente Juan Orlando Hernández se postuló nuevamente, a pesar de que la constitución hondureña prohíbe explícitamente la reelección, y aparentemente perdió. El gobierno suspendió el conteo de votos y se reinstaló con un cambio de las tendencias que le dio la victoria a Hernández. Con el apoyo de la Embajada de EEUU, Hernández asumió el cargo en medio de protestas generalizadas. La OEA titubeó, negándose primero a validar las elecciones, citando "irregularidades, errores y problemas sistemáticos"2 en el proceso electoral. Sin embargo, finalmente no sólo aceptó a Hernández, sino que tomó medidas para proteger a su gobierno de acusaciones de corrupción y abuso. La oposición acusó a la organización de apoyar la posición de EEUU para mantenerlo en el poder. El contraste entre el apoyo al fraude electoral en Honduras y el intento de derrocamiento del gobierno electo en Venezuela con el pretexto de supuestas irregularidades electorales revela una vez más el sesgo derechista y no pro-democrático de la OEA. 

La represión gubernamental de las manifestaciones postelectorales ha dado lugar a múltiples asesinatos de manifestantes de la oposición. Almagro ha contribuido además al fracaso de las instituciones democráticas en Honduras al obstruir las investigaciones anticorrupción llevadas a cabo por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Neutralizada por luchas internas, la falta de fondos y el papel de apoyo de Almagro a la política de EEUU, la MACCIH se ha visto reducida a desactivar en lugar de promover las demandas populares contra la corrupción. 

La crisis política hondureña ha obligado a miles de personas a huir y buscar refugio en EEUU, donde muchos tienen familia. La violencia y el éxodo masivo del país son síntomas de esta situación. Mientras las familias hondureñas enfrentan la criminalización e incluso la muerte en el trayecto migratorio, los expertos coinciden en que la única manera de detener el desplazamiento forzado es abordar "las causas profundas de la migración". Almagro y la OEA han jugado un papel importante en generar estas causas, a la vez que han guardado silencio sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte del gobierno de EEUU. 

La participación antidemocrática de la OEA en los asuntos internos de las naciones americanas no se detendrá en Venezuela. Los planes de Almagro y Trump para el cambio de régimen en el continente colocan a Cuba como siguiente en la lista. El especialista estadounidense en el derrocamiento violento de gobiernos populares, Elliott Abrams, elogió recientemente a Almagro en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores en que llamó a "poner fin a la revolución" en Cuba3. Abrams es ahora el Enviado Especial de Trump a Venezuela. 

La convergencia del regreso de los halcones más sangrientos de Washington, del ascenso del neofascismo y de una OEA que ha perdido toda pretensión de independencia proyecta una peligrosa sombra sobre la región. Si la democracia ha de sobrevivir, las naciones tendrán que volver a las definiciones esenciales y rechazar los programas ideológicos de "promoción de la democracia" que pervierten en lugar de promover la autodeterminación y el gobierno de los pueblos. (Traducción ALAI)

Laura Carlsen, politóloga y periodista mexicana/estadounidense, es Directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México.
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