Estados Unidos siempre ha querido apoderarse de las Islas Galápagos (pertenecientes a Ecuador) invocando la política el Buen Vecino y la doctrina Monroe. Durante la segunda guerra mundial ocupó manu militari el Archipiélago durante 7 años. Actualmente, el gobierno de Lenín Moreno ha llegado a acuerdos con EEUU, de los cuales no se conoce su contenido, que permitirían a los militares extranjeros utilizar el aeropuerto de la Isla San Cristóbal.

Los ecuatorianos conocieron, en el mes de junio, la intención del gobierno de Lenín Moreno de permitir el uso de las Islas Galápagos por fuerzas militares estadounidenses, cuando el Ministro de Defensa del país andino, Oswaldo Jarrín, declaró que “Galápagos es un portaviones natural”.  La indignación de la ciudadanía ecuatoriana y la preocupación mundial han sido inmediatas.

En una rueda de prensa con medios extranjeros, el ministro confirmó que en las Islas Galápagos operarán los aviones estadounidenses Orión P3 y Awaks, para la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal, indicando que desde las islas se puede asegurar “permanencia, reabastecimiento y facilidades de interceptación”. Añadió que en función de esas operaciones, el aeropuerto de la Isla San Cristóbal sería ampliado y que “Estados Unidos se va a encargar de mejorar las condiciones, especialmente de reabastecimientos”. Como intentando calmar las voces que cuestionan su entreguismo, concluyó indicando que “cada operación será escoltada por oficiales ecuatorianos”.

Tanto Jarrín como Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, han indicado que no se está instalando una base militar extranjera y por tanto no se quebranta la Constitución. Precisamente para evitar una nueva situación como el uso de la Base de Manta por fuerzas estadounidenses, la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriana en 2008, dice en su Artículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

El artículo constitucional es muy claro, señala que no se permitirá el establecimiento de bases militares e “instalaciones extranjeras con propósitos militares”.   Este sería el caso de lo que se proyecta para Galápagos: si no se trata de una base en el sentido clásico, se trata, sin duda, de instalaciones extranjeras (aviones, equipos de reabastecimiento, personal militar, etc.) en un aeropuerto ecuatoriano. Además, en este caso, se estaría cediendo una base militar a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras como se estipula en el Artículo 5 de la Constitución.

A su vez, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno manifestó vía tweet, que “la vigilancia aérea es una actividad conjunta entre varios países para cuidar este patrimonio mundial”.   Esto quiere decir, que, para cuidar este patrimonio se requiere el concurso de EEUU, pero también de la cooperación ampliada junto de los gobiernos de Perú, Chile y Colombia “para tener una postura regional frente a este tipo de amenazas”, como señaló Norman Wray. En términos geopolíticos, esto quiere decir que el Ecuador se pliega a la geoestrategia militar de Estados Unidos de controlar América del Sur y todo el Pacífico suramericano en función de sus intereses y objetivos imperiales, centrados actualmente en la intervención en Venezuela, el combate al narcotráfico, las migraciones, especialmente de América Central, y la contención de China y de Rusia.

Pero Galápagos no sería el único “portaviones” de una fuerza aérea extranjera en el país, sino que habría otros dos más: el de Guayaquil y nuevamente el de Manta. Según el diario El Comercio del 19 de junio, “una vez que entren a operar las aeronaves desde Galápagos, la idea del Gobierno es crear el denominado “triángulo de seguridad”, que lo conforman Manta y Guayaquil. Eso ocurre porque en este momento el Orión P3 y el Awac ya vuelan desde el Puerto Principal y también lo pueden hacer desde la capital manabita”.  (1)

En efecto, los aviones de inteligencia estadounidenses operan desde Guayaquil a partir de septiembre del 2018, en “viajes de reconocimientos, de toma de fotografías y de sensores,” según el ministro Jarrín.

Jarrín, quien encabeza el realineamiento y sometimiento del Ecuador hacia Estados Unidos, tiene una dilatada carrera militar y es conocida su posición abiertamente pro-estadounidense.

Inició su carrera militar en 1966 y ocupó altos cargos dentro de las Fuerzas Amadas. El 15 de enero de 2003, fue nombrado Jefe del Comando Conjunto de las FFAA por el entonces Presidente Lucio Gutiérrez, cargo del que salió el 18 de junio del mismo año en medio de rumores de desestabilización al Gobierno Nacional.  (2)

El periodista Kintto Lucas, en su libro “Ecuador cara y cruz, tomo II”, reseña la estrecha relación del general Jarrín con el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, James Hill, que incluyó recorridos por la selva ecuatoriana y reuniones en Miami, en las que se abordaron la “seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana”, en las cuales Hill “argumentaba que la posición de su gobierno era regionalizar las operaciones del Plan Colombia”.

Tras el derrocamiento de Gutiérrez, el presidente Alfredo Palacio lo designó como ministro de Defensa el 19 de agosto del 2005, función que desempeñó hasta el 29 de agosto del 2006. En una ocasión, con relación a las luchas de los movimientos sociales que reclamaban la atención del Estado, Jarrín habló de conformar “una fuerza de paz para Ecuador” y señaló que “el Estado va a necesitar de un poder exterior para poder controlar la paz y el orden, reconstruir la nación y (que) probablemente al futuro tendremos un Haití en Ecuador” (3)

Con los mismos argumentos

La anunciada presencia militar estadounidense en las Islas Galápagos es el resultado de los acuerdos de cooperación entre el actual gobierno del Ecuador y Estados Unidos, particularmente en el campo militar. Estados Unidos pretende reinstalarse en el país andino, tras una década de distanciamiento, con el mismo argumento utilizado para la instalación de la Base de Manta: el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Cabe recordar que el 2 de agosto de 2018, el Ministro de Defensa informó que Estados Unidos tiene en funcionamiento una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS), acordada entre Ecuador y Estados Unidos, según el Ministro Jarrín, “por disposición presidencial y autorización de Cancillería y Defensa”.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, las OCS pertenecen a la Agencia de Asistencia de Seguridad de Defensa y su rol es realizar acciones que “promuevan los intereses de seguridad específicos de los EE. UU., incluidas todas las actividades internacionales de cooperación de armamentos y actividades de asistencia de seguridad”. 

Con la justificación de la ‘cooperación’, fuerzas militares estadounidenses han retornado a Ecuador después de una década de haber sido expulsadas, cuando el gobierno de Rafael Correa acordó la no renovación del Convenio con Estados Unidos para el uso de la Base de Manta (firmado en 1999 con vigencia hasta el 2009), luego de la movilización y demanda de varias organizaciones sociales. 

Mediante dicho Convenio, EEUU instaló un Puesto de Operaciones de Avanzada, (FOL por sus siglas en inglés, Forward Operating Location), que fue mucho más lejos de lo acordado.  Aún está fresca en la memoria, las acciones arbitrarias de los militares estadounidenses durante su presencia en Manta: hundimiento de barcos ecuatorianos por fragatas estadounidenses; control de la migración; afectación a la actividad de los pescadores con la interdicción de buques ecuatorianos; la contratación de la compañía Dyn Corp, que había sido denunciada por actividades ilegales relacionadas con sistemas de contratación de mercenarios en otros países, entre otros. 

Lo fundamental es que la Base de Manta, en palabras del comandante de la FOL, Javier Delucca, fue considerada como estratégica para el Plan Colombia, pues desde allí monitoreaban el conflicto colombiano.  Incluso se ha afirmado que la Base de Manta fue clave para el bombardeo de Angostura (provincia ecuatoriana de Sucumbíos) por militares colombianos en cooperación con Estados Unidos en 2008, en el que murieron el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, junto a 25 guerrilleros y civiles, que se encontraban en el campamento guerrillero.

Ahora la historia se repite. En el caso de la Base de Manta, inicialmente se llegó a un acuerdo entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa con la Embajada de Estados Unidos.  Toda la negociación y el convenio se mantuvieron en secreto, hasta que la presión popular exigió el pronunciamiento del Congreso Nacional. 

Hoy con Galápagos, ocurre lo mismo.  Incluso, a pesar de las declaraciones de las más altas autoridades del gobierno del Ecuador que han anunciado que se va a proceder con la cooperación con Estados Unidos en las Islas Galápagos, el Departamento de Defensa estadounidense las desmiente indicando que no ha firmado un acuerdo con el gobierno de Ecuador para utilizar el aeropuerto de Galápagos y no está en negociaciones formales para hacerlo (4).  ¿A quién creemos? Todo esto lleva a la necesidad de que se devele exactamente lo que el gobierno ecuatoriano ha acordado con EEUU a espaldas de la ciudadanía y de la Asamblea Nacional.

En riesgo frágil medio ambiente

Es importante recordar que el Archipiélago de Galápagos, ubicadas a 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, al cumplir cuatro criterios, que parecen no tener importancia para quienes lideran la política de defensa: tener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de belleza natural; ser ejemplos sobresalientes de la historia de la Tierra; tener ciertas características y procesos geomorfológicos y geológicos; ser ejemplo de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas y diversidad biológica y especies amenazadas. Recordemos que el investigador inglés Charles Darwin basó su teoría de la evolución de las especies en sus observaciones realizadas en Galápagos.

Se ha reconocido que, debido a su aislamiento y a millones de años de evolución, el Archipiélago de Galápagos tiene un ecosistema único en el mundo, lo que se vería seriamente amenazado si llegara a convertirse en “portaviones” para los militares estadounidenses, como pretende el gobierno ecuatoriano.

La exministra de Ambiente y actual Asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, en Telesur (programa EnClave Política, 20-06-2019) alertó que se producirían afectaciones ambientales a San Cristóbal tanto por la ampliación del aeropuerto, como por las operaciones nocturnas previstas.  Señaló que cualquier operación de esta naturaleza requiere de un estudio de impacto ambiental, por cuanto el ruido, la basura y los desechos causarán un impacto a la población y a las especies que habitan las Islas, más aun considerando que el aeropuerto está junto al centro poblado y a un lugar donde viven los lobos marinos, conocido como La Lobería.

Si San Cristóbal va a ser un lugar de abastecimiento de aviones, Aguiñaga se pregunta cómo se va a trasladar el combustible a 1000 kilómetros de distancia, en qué cantidad y cuáles son los planes de contingencia, más aun considerando que se había planteado reducir el uso de combustibles fósiles en las islas.   La idea de cero combustibles fósiles para Galápagos nació precisamente luego del desastre ambiental causado por el naufragio del buque Jessica frente al Puerto Baquerizo Moreno en enero de 2001, en el que se derramaron unos 240.000 galones de combustible, generando un grave problema ambiental que afectó a varias especies (5). 

La asambleísta concluyó que esta decisión del gobierno pone en riesgo la reserva de biósfera, la reserva marina de gran importancia mundial, y el derecho de los pobladores a vivir en un ambiente sano. Por ello, Aguinaga indicó que la Asamblea ha pedido la comparecencia de los ministros de Defensa y de Ambiente para que informen del contenido de los acuerdos y los impactos y planes de contingencia previstos.

Combate al narcotráfico

Uno de los argumentos que se esgrime para la instalación del portaviones de Estados Unidos en Galápagos es que servirá para combatir la amenaza de las mafias del narcotráfico y del crimen organizado, que están utilizando las rutas del Océano Pacífico para transportar droga en buques, lanchas rápidas y sofisticadas y avionetas. Así el general retirado Carlos Moncayo argumenta que “se hace necesario una cooperación con otra nación, como Estados Unidos, que tiene la capacidad operacional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”, agregando que el mejoramiento del aeropuerto es un beneficio para las operaciones militares propias del Ecuador y no americanas (6).

Sobre esto, se puede hacer las siguientes consideraciones:

Primera. Hay que partir puntualizando cuál es el enfoque que debe guiar la lucha anti-drogas que es indudablemente un flagelo que produce cada año miles de muertos y graves problemas en las personas que las consumen.  Estados Unidos tiene una visión represiva, focaliza el problema en la oferta y traslada la lucha fuera de sus fronteras, con las consecuencias que ello tiene.  Otro enfoque alternativo señala que el de las drogas es, sobre todo, un problema de salud pública y de educación.   Estados Unidos en 2016 contaba con 27 millones de adictos, algunos de los cuales tenían un elevado poder adquisitivo, pudiendo pagar lo que sea para adquirirlas. Mientras no se reduzca la demanda es difícil que disminuya también la oferta. La Asamblea General de las Naciones Unidas, abordó el tema de las drogas en 2016 y propuso recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, señalando que es necesario tomar medidas tanto en los países en los que se produce la droga, como en aquellos en las que se consume (7).

Segunda. La lucha anti-drogas ha sido utilizada por Estados Unidos como pretexto para fortalecer su posición de control y dominio geoestratégico del continente.  Tras la caída del Muro Berlín (1989) y la implosión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (1991), bajo la tutela de la potencia del norte, se redefinieron las agendas de las Fuerzas Armadas de la región.  La “lucha contra el peligro comunista” que en muchos casos fue la razón de existir de las Fuerzas Armadas latinoamericanas fue reemplazada, primero, por la “lucha contra las drogas” y, tras el atentado a las Torres Gemelas (11 de septiembre de 2001),  por la “lucha contra el terrorismo”. El combate a las drogas prohibidas se convirtió en un problema de seguridad nacional y se involucró en forma creciente a las Fuerzas Armadas. Los resultados de esta intervención en algunos países, como México o Colombia, son desoladores, como indican las impresionantes cifras de asesinatos, desplazados, desaparecidos y torturados. 

Tercera. En la compleja lucha anti-drogas, algunos analistas indican que se debe establecer una estrategia integral, que contemple, entre otros puntos,  atacar aspectos relacionadas con el control de los precursores que se utilizan para la refinación de la cocaína y otras drogas ilícitas, muchos de los cuales son fabricados por los países desarrollados; el control del lavado de dinero producto del tráfico y la venta de las drogas prohibidas que en su mayoría se queda en los paraísos fiscales y en los bancos de los países ricos; afrontar el problema como un tema de salud pública y de educación;  no descartar la legalización de algunas drogas prohibidas para que el Estado y la sociedad puedan tener mayor capacidad para controlar e intervenir en el tema;  afrontar la sustitución de los cultivos de coca con asistencia estatal, combate a la pobreza, dotación de servicios y participación de los campesinos.  

¿Para qué sirven las bases?

El rol de las bases militares de EEUU tanto en América Latina como en el resto del mundo en la “guerra contra las drogas” debe ser debatido porque genera muchas dudas.  En Colombia, por ejemplo, las 7 bases militares que Estados Unidos tiene instalado en ese país y los cientos de millones de dólares invertidos desde la puesta en marcha del Plan Colombia en el año 2000 ciertamente no han servido para disminuir la producción y tráfico de la cocaína y otras drogas prohibidas.  En estos días, la ONU dio a conocer el Informe Mundial de Drogas en el que se señala que la producción mundial de cocaína en 2017 llegó a las 1.976 toneladas, con un aumento del 25 por ciento con relación a 2016. En ese contexto, Colombia, con más de 200.000 hectáreas de coca sembradas, produjo el 70% de la cocaína de alta pureza en el mundo (8).  Lo mismo podríamos decir de Afganistán donde también la producción y tráfico de heroína se han incrementado desde que Estados Unidos y los países de la OTAN lo invadieron en el año 2001, tras el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York (9).

Llámense bases, FOL o “portaaviones” lo que hay que analizar es el rol que cumplen y los objetivos de las mismas. La investigadora mexicana Ana Esther Ceceña, señala que los EEUU tienen “dos objetivos generales: garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema, asegurando el mantenimiento de sus jerarquías y dinámicas de poder…” (10).

Tras el desplazamiento y el debilitamiento de los gobiernos progresistas y paralelamente al desmantelamiento de organismos regionales como la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) , el gobierno de Donald Trump ha retomado la iniciativa y ha establecido acuerdos militares con los  gobiernos de derecha de Brasil, Argentina, Ecuador y Guatemala que le permiten tener nueva presencia militar, lo que se une a los contingentes  que ya tiene en Honduras, Panamá, Cuba (Guantánamo), Curazao, Perú, Paraguay y Colombia.

Entre los “peligros” y “amenazas” para su país el Comando Sur de EEUU menciona a Cuba, Venezuela, Bolivia, el narcotráfico, redes ilícitas regionales y transnacionales, la mayor presencia de China, Rusia e Irán en América Latina y el Caribe y el auxilio ante desastres. Según el periodista cubano  Raúl Capote Fernández, “el objetivo del imperio es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus intereses hegemónicos en el hemisferio, consolidar un frente contra Venezuela y perpetuar su dominio sobre los inmensos recursos económicos de América Latina y el Caribe” (11).

EEUU siempre con el ojo en Galápagos

La pretensión de EEUU de apoderase de las islas Galápagos con fines militares y estratégicos no es nueva. Desde que éstas fueron incorporadas al Ecuador en el año 1832, tanto EEUU como las otras potencias coloniales como Francia y Reino Unido intentaron apropiarse de las Islas con distintos pretextos y motivos, contando para ello con la colaboración de varios gobiernos ecuatorianos.

El presidente Juan José Flores le propuso a Reino Unido venderle las Islas para saldar la deuda contraída durante la lucha por la independencia; posteriormente el presidente conservador Gabriel García Moreno en 1861 le planteó a Francia que tomara las Galápagos así como la región amazónica del Ecuador como protectorados. Felizmente estas iniciativas no prosperaron.

En 1883 el Senado de Estados Unidos declaró a las Galápagos como “tierra de nadie” e indicó que “existen serias dudas acerca de la soberanía ecuatoriana en las Islas” (12). La resolución fue tomada luego de que Estados Unidos enviara a Suramérica al comisionado George Earl Church con diversas misiones, y entre ellas la de “demostrar que Galápagos no pertenecía al Ecuador”.  Ante estos hechos, el gobierno ecuatoriano a través del canciller Antonio Flores Jijón presentó una protesta oficial, pero las pretensiones de EEUU de apoderarse de las Islas no pararon.

En 1910, durante el gobierno de Eloy Alfaro, Estados Unidos ofreció al Ecuador 15 millones de dólares por 99 años de permanencia en las Islas. Alfaro sometió la propuesta, que era atractiva para desarrollar el país, a debate nacional y finalmente este fue descartada.

Tras la construcción del Canal de Panamá que permitió unir los océanos Pacifico y Atlántico, obra iniciada por Francia en el siglo XIX y concluida por Estados Unidos a comienzos del siglo XX, las Galápagos pasaron a ser un punto de interés estratégico para la vigilancia, control y defensa del nuevo canal.

Durante la primera guerra mundial (1914-1918), Estados Unidos desplegó un gran contingente militar en el Caribe para defender el Canal de Panamá pero necesitaba consolidar las defensas en el Océano Pacífico, más aun cuando barcos alemanes y japoneses merodeaban por las Galápagos. Para tal fin, ejerció fuertes presiones sobre el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez para conseguir la venta o arrendamiento de las Islas Galápagos, entre ellas “tentadoras propuestas que ofrecían solucionar el inestable erario nacional” (13).

El ecuatoriano Octavio Latorre, uno de los más destacados investigadores de las Islas Galápagos, sostiene que Estados Unidos “preparó desde 1920 todo para una ocupación de las islas, basado en los hechos consumados y en la política del Buen Vecino, en realidad en la política del más fuerte” (14).  Se puede agregar que Estados Unidos también ha actuado bajo la doctrina Monroe sintetizada en la frase “América para los (norte) americanos” en la disputa por la dominación del continente con las antiguas potencias coloniales europeas. 

Luego de que el dictador ecuatoriano Federico Páez gestionara en 1935 un frustrado empréstito de Estados Unidos, el presidente Roosevelt sugirió la posibilidad de convertir las Islas Galápagos “en un parque internacional para proteger su flora y su fauna, cuya propiedad sería de todos los países Miembros de la Unión Panamericana, entre ellos los Estados Unidos” (15).   El propósito era impedir el uso militar de la Islas “por algún país enemigo”.

Con motivo de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ocupó militarmente las Islas Galápagos, construyó una gran base en la isla Baltra (también llamada Seymour Sur)   y estuvo presente en las islas Isabela, Española y otras. También estableció una base en la península de Salinas, territorio continental ecuatoriano.

El 12 de diciembre de 1941, 36 marines estadounidenses desembarcaron en las Islas Galápagos con el fin de construir un depósito de combustible, sin que existiera un acuerdo formal con Ecuador (16).  Esto se produjo, cinco días después del ataque japonés a la base hawaiana de EEUU en Pearl Harbor y que fue el acontecimiento que motivó que Estados Unidos declarara la guerra al Japón.

Meses atrás (el 13 de septiembre de 1941) el gobierno ecuatoriano presidido por Carlos Alberto Arroyo del Rio (17), a través del embajador en Washington, Colón Eloy Alfaro, había firmado un documento reservado en el que Ecuador permitía que la aviación militar y naval de EEUU efectuara vuelos desde sus puestos en Centroamérica hacia las Islas Galápagos.

Solo después de la ocupación de hecho de las Galápagos por EEUU, se firmaron los convenios entre la potencia del norte y Ecuador para permitir la construcción de las bases militares extranjeras en Salinas y Galápagos.

El 24 de enero de 1942, los representantes de las FFAA de EEUU y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación mediante el cual se autorizaba al “general comandante de Defensa del Caribe para que ocupe los terrenos de la parroquia de Salinas y construya instalaciones militares” y que “igualmente en las aguas territoriales de la misma jurisdicción pueda instalar boyas y usar las aguas para el acuatizaje de aviones o el fondeado de naves” (18).

El 2 de febrero de 1942 se firmó otro acuerdo entre el embajador Colón Eloy Alfaro y el secretario de Estado de EEUU Cordek Hull mediante el cual los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos convinieron establecer “operaciones de carácter de defensa continental en territorio y aguas territoriales del otro”.  “En uso de esta autorización, pero sin mediar un estatuto preciso y concreto al respecto ni una referencia directa a las Islas ni tampoco una notificación, los Estados Unidos de América habían ocupado con una base aérea la isla Seymour Sur o Baltra y con estaciones de vigilancia y aviso otros lugares del Archipiélago”, sostiene el escritor Alfredo Luna Tobar (19).

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