La renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia como resultado del empleo de la violencia, el secuestro y el terror por parte de los sectores de derecha de ese país constituye un golpe de estado. Este tipo de sucesos políticos en América Latina y el Caribe, desde hace muchos años de manera invariable, han estado marcados por la presencia del gobierno estadounidense y grupos de poder de esa nación que se involucran en la planificación, organización, financiamiento y ejecución de lo que termina siendo un «cambio de régimen».  

En el caso específico de Bolivia, la derrota de la derecha en las elecciones presidenciales de finales de octubre constituyó el factor que desencadenó el despliegue del plan golpista. Es evidente que sin la participación y apoyo de Washington no es posible ejecutar este tipo de acciones que tienen un fuerte componente desestabilizador y requieren la concertación de varias fuerzas políticas y estructuras hemisféricas controladas desde el Norte. Por lo tanto, la estrategia fue elaborada desde hace tiempo y se montó sobre la base de un supuesto «fraude o irregularidades electorales», lo que tenía el propósito de restarle legitimidad a la elección del presidente Evo Morales, quien estaba decidido a continuar profundizando su programa de cambios sociales. Es decir, se empleaban una vez más los mecanismos de la democracia representativa para argumentar un supuesto desconocimiento de la «institucionalidad democrática».

En los sucesos que están aconteciendo, existen al menos tres actores desde Estados Unidos que han jugado el papel fundamental en la articulación del golpe de estado. En primer lugar, el gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado ha organizado cada paso para arrebatarle el triunfo electoral a Evo Morales y presionar por su renuncia a la presidencia de la República. Al respecto, tanto el Secretario de Estado, Mike Pompeo, como el Secretario Asistente para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se han convertido en las figuras más prominentes que dentro de la Administración Trump han coordinado este plan.

Pompeo afirmó el 10 de noviembre que en Bolivia deberían realizarse nuevas elecciones «para garantizar un proceso verdaderamente democrático representativo de la voluntad del pueblo». Por su parte, Kozak subió el tono y señaló que Washington apoyaba la convocatoria a nuevos comicios e instó a «todos  los implicados en el proceso defectuoso a renunciar». Con estos pronunciamientos, estaba muy claro que el gobierno estadounidense se encontraba desplegando con fuerza e intensidad el golpe de estado y solo quedaba un reforzamiento de las acciones desestabilizadoras, incluyendo el secuestro y la violencia, para forzar la renuncia de Evo Morales. Como parte de este diseño y como una prolongación del Departamento de Estado en suelo boliviano, la Embajada de Estados Unidos en La Paz desempeñó su rol de coordinadora en el terreno de los pasos que adoptarían las fuerzas de derecha en función de lograr el objetivo principal. Además, de mantener sistemáticamente informados a los que dirigían las acciones desde Washington para realizar los ajustes pertinentes. 

En segundo lugar, la OEA y su secretario general Luis Almagro se convirtieron en los actores que propiciaron «cubrir de legitimidad democrática» el golpe de estado al erigirse como el mecanismo que dictaminó las supuestas irregularidades electorales, condición necesaria y fundamental para desplegar los próximos pasos que adoptaron los golpistas. En ese sentido y como muestra de la fuerte concertación entre Washington y Almagro, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, planteó recientemente «instamos a la OEA enviar una misión completa para garantizar que las nuevas elecciones sean libres e imparciales, y que reflejen la voluntad del pueblo boliviano». Por lo tanto, en términos prácticos la OEA se está instituyendo como la fuerza externa interventora al servicio de Estados Unidos.             

En tercer lugar, los legisladores anticubanos Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz se convirtieron en instigadores principales del golpe y puntos de contacto con los sectores de la oligarquía boliviana que lo ejecutaron. Medios de prensa han revelado audios en los que se evidencia claramente la participación de estos representantes de la derecha cubanoamericana en los preparativos y organización de la desestabilización que sufre en estos momentos la nación boliviana.

El senador Marco Rubio desde el triunfo de Evo Morales en primera vuelta, fue uno de los promotores de la supuesta ilegitimidad de esos resultados. Después que se declaró al mandatario boliviano como presidente electo, Rubio a través de un comunicado el 25 de octubre afirmó «lo que vimos el pasado fin de semana debería plantear serias preocupaciones sobre el futuro democrático de Bolivia. Como lo indicó la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mejor opción para Bolivia es realizar una segunda vuelta. Las democracias de la región deben expresar su preocupación pues el futuro democrático de nuestro hemisferio está en riesgo».

Con estos pronunciamientos tremendistas y con un fuerte tono amenazante, el senador anticubano estaba trasladando un claro mensaje de que sus intenciones serían involucrarse públicamente en una ofensiva que tendría como propósito final la salida de Evo Morales de la presidencia. El 10 de noviembre cuando se consumó el golpe de estado, Marco Rubio enfatizó «la renuncia de Evo Morales es un testimonio de la fuerza y la voluntad del pueblo boliviano. Aplaudo el trabajo de la OEA en la supervisión y el seguimiento de las recientes elecciones en Bolivia, espero que continúen trabajando en apoyo del proceso democrático».

El senador obsesionado con la promoción de la política de «cambio de régimen» contra los gobiernos progresistas de Nuestra América sigue consolidándose como uno de los actores con mayor capacidad para influir en el diseño estratégico de la Administración Trump hacia la región latinoamericana y caribeña. Este tipo de maniobras y sus resultados lo tornan más peligroso y beligerante. No obstante, la compleja situación que se vive en Bolivia está apenas comenzando y habrá que observar con detenimiento su evolución, y en especial, la capacidad de las fuerzas populares para revertir este golpe de estado que, sin lugar a dudas, conmueve a todos los que luchan por las causas nobles y justas de los pueblos en el mundo.