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Un Congreso con nuevos legisladores y vieja política

26 jul 2018
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Un Congreso más numeroso, con alianzas que dan mayoría al partido que se hará con el poder ejecutivo, con presencia de exguerrilleros, un incidente fuera de todo protocolo y al parecer sin su peje más gordo, Álvaro Uribe, así podríamos resumir la instalación oficial del nuevo órgano legislativo colombiano que asumió el pasado 20 de julio sus funciones por los próximos 4 años —2018-2022— y que tendrá dos ejes fundamentales de acción: la implementación del acuerdo de paz con las FARC y la proyección económica del futuro inmediato del país.

Estamos en presencia de un parlamento más numeroso porque a los 102 escaños del Senado y los 166 de la Cámara de Representantes, se sumaron los 10 curules —5 en cada cámara— que se le otorgaron de facto a la desmovilizada guerrilla de las FARC como resultado del proceso de negociación con el gobierno del saliente mandatario Juan Manuel Santos. Los otros dos puestos adicionales corresponden a la fórmula presidencial perdedora en las elecciones recientes: Gustavo Petro, quien ahora vuelve al Senado —antes había sido senador de 2006 a 2010 y representante a la Cámara por tres períodos— y Ángela María Robledo, quien ocupa su asiento como representante en la instancia baja.

Pero, sin dudas, la atención estuvo centrada en el estreno de los ahora integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Exinsurgentes que abandonaron el uniforme de guerra y vistieron completa etiqueta para la ocasión; cambiaron sus fusiles por el arte complejo y a veces mañoso de la política, en un sistema que le es completamente desfavorable y en el que jugarán con las cartas perdedoras desde el inicio, pues tiene voz mas no voto. El primer mal paso ha sido que los militantes del partido identificado con la rosa roja, pero bajo los mismos postulados ideológicos que defendían en su época de grupo armado, no cubrieron todos los curules asignados y solo se posicionaron 8 de 10, acentuando su ya franca desventaja.

Entre los que no se presentaron en el capitolio nacional está Jesús Santrich, quien se encuentra preso y con orden de extradición a Estados Unidos por presunta vinculación al narcotráfico y con quien se ha violado uno de los acuerdos de paz que indica que los exguerrilleros deben ser juzgados por la Jurisdicción Especial de Paz y no la justicia ordinaria. Santrich y varios de los suyos insisten en su inocencia y demandan que se le permita hacer uso de suncredencial de senador para que se cumpla con lo estipulado. Tampoco ocupó su escaño Iván Márquez. El que fuera la cara visible de las FARC en el proceso de paz renunció a su puesto en solidaridad con Santrich y como señal de protesta ante las irregularidades e incumplimientos de lo pactado en La Habana, un texto que se desintegra cada día con la intervención manipulada de la élite política. Contra Márquez también parecía fabricarse una causa judicial que lo apartara definitivamente del camino, a todas luces, la estrategia concebida para este momento de postconflicto. Si en el pasado la extinción de las fuerzas insurgentes que dejaron las armas fue por la vía de los asesinatos que se convirtieron en genocidio, ahora —sin dejar de practicar el exterminio selectivo— la guerra sucia se emprende de manera más sigilosa a la altura de los mecanismos que se están ensayando con líderes de otros países de Latinoamérica.

Por tanto, la FARC están en minoría al interior del Congreso, más si se tiene en cuenta que no alcanzaron ningún otro curul por elección popular, quedaron muy por debajo del umbral necesario de votos. Cargan con demasiados estigmas por más de 50 años de guerra y por los errores que han sido magnificados, a costa de esconder la actitud del contrario, el Estado, que en su condición de oficialidad cometió atropellos iguales o mayores pero no amplificados por el silencio cómplice de los medios de comunicación. Es así que, a lo interno del hemiciclo, prima el rechazo de la inmensa mayoría de los nuevos diputados.

Y esa realidad puede complejizarse cuando el próximo 7 de agosto se produzca el cambio de mando. El presidente electo que asumirá entonces, Iván Duque, es partidario de una revisión o como ha definido «hacer correcciones» al texto de paz y entre las espinas que hincan a los de su partido en el poder y con mayoría simple en el Senado, Centro Democrático, está la presencia de los exguerrilleros —considerados por el inminente nuevo ejecutivo como delincuentes, narcotraficantes y terroristas— de cuello y corbata en la misma sala donde se discuten y aprueban las legislaciones imprescindibles para el funcionamiento de la nación.

Duque, el heredero de Álvaro Uribe, cada día demuestra más que servirá como títere a pesar de que su padrino lo quiera enmascarar. De hecho, Uribe ha sorprendido a todos y doblemente. Primero, al declinar la presidencia del Senado, un cargo que históricamente corresponde al senador más votado, en este caso él, con más de 800 mil votos. Habló de «nuevos liderazgos» pero se contradice cuando por un lado cede ese liderazgo de la cámara alta a Ernesto Macías, pero por otro se torna evidente que el nuevo gabinete de Duque está plagado de viejos rostros conocidos de las dos administraciones en que fungió como Jefe de Estado. Y en segundo lugar, 4 días después de tomar su puesto y hacer parte de la instauración del nuevo período legislativo, anuncia en Twitter su renuncia tras ser llamado a indagatoria por la máxima instancia jurídica.

El equipo que se acomodará en el Palacio de Nariño en cerca de dos semanas gobernará bajo la sombra del fraude que la oposición ha denunciado en las dos vueltas electorales, y particularmente en la primera ronda. Sombra de fraude que llega hasta las inmediaciones del ya funcional ente legislativo pues, de acuerdo con el ahora líder de las fuerzas opositoras, Gustavo Petro, «el Congreso que se instala en Colombia es producto de un fraude». El excandidato presidencial denunció que el Consejo Nacional Electoral le quitó tres escaños a la lista de los Decentes, a la Alianza Verde y al Partido Conservador para que el gobierno de Duque contara con el respaldo de colectividades afines en el Senado.

Así se ha caracterizado en los últimos 70 años la política colombiana, como un nicho de corruptela que en buen argot popular llaman «la mermelada». Es falso que el Congreso de la República sea «el templo de la democracia» que describió Santos en su último discurso a los parlamentarios, allí donde tantos funcionarios públicos cuentan con múltiples causas pendientes, en su mayoría archivadas o no investigadas debidamente por esa manía de los políticos corruptos de untar con dólares a diestra y siniestra a cuanto juez se interponga en su camino. Es precisamente Uribe el caso más sonado; el «popular» Uribe cuenta con cerca de una treintena de procesos en la Corte Suprema y supera los 200 en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de hecho, es el nombre que más aparece en los expedientes y asociado a todo tipo de imputaciones: paramilitarismo, interceptaciones ilegales de las comunicaciones, injuria, calumnia, falsos positivos, soborno, manipulación de testigos y un largo historial de atrocidades. Uno de estos procesos lo pone ahora contra la pared, pero este hombre ha sabido emerger como corcho en el agua y resulta sospechoso que encuentre su final cuando todo apunta a que gobernará nuevamente el país tras bambalinas.

Fue entonces en ese templo nada democrático del Congreso Nacional donde el senador del Partido Alianza Verde, Antanas Mockus, un peso pesado dentro de las fuerzas de centro-izquierda y el segundo senador más votado, se bajó los pantalones el pasado viernes para llamar la atención de un plenario indisciplinado e irrespetuoso que prefería conspirar en grupos en lugar de prestar atención al discurso del presidente saliente del Congreso, Efraín Cepeda. Los medios critican entonces que «Mockus lo volvió a hacer» —ya se había bajado los pantalones años atrás en otro escenario público con similares propósitos de denuncia— pero se quedan en la epidermis del show que sirve a su público y no entran a analizar que, lo que se vuelve a repetir una y otra vez sin posibilidades de cambio, es esa oscura manera de hacer política pensando en esos pocos acaudalados que posicionaron en el Congreso a los que suelen protagonizar los delitos de cuello blanco.

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