El próximo jueves 8 de febrero la Corte Suprema de Estados Unidos comenzará a evaluar si es aplicable al candidato republicano, Donald Trump, la enmienda 14 sección 3 de la Constitución estadounidense. El resultado de este proceso legal tendrá un impacto significativo en las elecciones presidenciales de este año debido a que se determinará en la práctica si Trump podrá estar o no en las boletas electorales. Por lo tanto, la decisión del máximo órgano judicial será crucial para el futuro político de Estados Unidos.

A los nueve jueces de la Corte Suprema les corresponderá analizar si en el caso de Trump es aplicable que no podrá ocupar ningún cargo público debido a que participó en una insurrección o rebelión atendiendo a su papel en los eventos del 6 de enero de 2021 cuando un grupo de sus seguidores asaltaron el Capitolio. Aunque parece obvio el rol de Trump en estos incidentes y es incuestionable que fue el instigador principal, en torno al caso existen una serie de aspectos legales y políticos que contribuyen a que cualquier decisión sea extremadamente compleja y difícil de pronosticar.

El tema en disputa se origina el 19 de diciembre de 2023 cuando la Corte Suprema de Colorado, dictaminó que Trump no podía estar en las boletas electorales de ese Estado como candidato debido a que no era elegible para un cargo público a partir de la   Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución. El resultado de la votación fue: 4 jueces votaron a favor y 3 jueces votaron en contra. Una decisión muy cerrada, lo que evidencia la complejidad de este asunto.

A partir de este fallo judicial que excluía al candidato republicano de presentarse en las primarias estaduales de Colorado, su equipo de abogados promovió una solicitud a la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la decisión del órgano judicial estadual. Entre los argumentos legales que presentaron los letrados de Trump destacan dos como los de mayor peso:

1)     La Sección 3 no es aplicable al expresidente porque la Constitución hace referencia a “funcionarios” y el mandatario de Estados Unidos no puede ser considerado como tal. El escrito presentado enfatiza que el texto constitucional estadounidense “deja claro que el presidente de Estados Unidos no es un funcionario”.

2)     El expresidente Trump no estuvo involucrado en actividades que puedan calificarse como “insurrección”. Señalan que al candidato republicano no lo han encausado por esos incidentes y destacan que “ese día el presidente llamó a una protesta patriótica y pacífica apegada a la ley y el orden”.

Más allá de las opiniones que puedan existir sobre la solidez o no de estos argumentos presentados por el equipo de abogados de Donald Trump, la realidad es que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene en sus manos la capacidad de determinar el curso de las elecciones presidenciales en ese país. Tradicionalmente no es común que los órganos judiciales se sientan inclinados a incidir en este tipo de procesos electorales y la práctica ha indicado que tratan de mantenerse al margen.

No obstante, dadas las circunstancias e importancia de estas elecciones y teniendo en cuenta el fallo de una Corte estadual que puede promover más decisiones en ese sentido, la Corte Suprema decidió acoger este asunto de manera expedita para evitar una situación que se saliera de control. La última vez que este tribunal se involucró en las elecciones presidenciales fue hace 23 años, cuando en una decisión muy controvertida puso fin al conteo de votos en la Florida y le otorgó la presidencia a George W. Bush.

De acuerdo a las tendencias ideológicas de los nueve jueces que componen actualmente la Corte Suprema, seis son conservadores y tres son liberales. De los magistrados conservadores, tres fueron nombrados por Donald Trump. Por lo tanto, en principio la composición ideológica favorece al candidato republicano. No obstante, esta no es la única variable que debe analizarse para estimar cuál podría ser la decisión del máximo órgano judicial. Existe un factor de peso que está vinculado con un tema estrictamente técnico legal que es cómo estos jueces interpretan la Constitución.

En ese sentido, varios expertos legales han argumentado que algunos de los seis jueces conservadores son calificados como seguidores de la escuela “originalista” que defienden la concepción que la Constitución debe interpretarse al pie de la letra según la redactaron sus fundadores en el momento de su adopción. Algunos constitucionalistas estadounidenses han explicado que si este criterio prevalece, no es descartable que estos jueces fallen en contra de Trump al concluir que le es aplicable la Sección 3 de la Enmienda 14.