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¿Saldrá Humala de prisión?

24 jul 2017
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Hace más de diez días que el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están tras las rejas. La otrora pareja presidencial fue impuesta con 18 meses de prisión preventiva, como medida para evitar su supuesta fuga del país o acciones encaminadas a obstruir y eludir la justicia.

Es acusada de lavado de activos en detrimento del Estado, de asociación ilícita para delinquir y de otros delitos similares, cargos que tanto el exmandatario como Heredia niegan.

Si bien el caso aún no se ha judicializado, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la prisión preventiva el jueves 13 de julio en respuesta a una solicitud de la Fiscalía.

De acuerdo con el magistrado, las pruebas presentadas por el Ministerio Público «permiten presumir que Heredia y Humala habían recibido dinero de Venezuela y Brasil», el cual habrían colocado con un «alto grado de probabilidad» y «simulando aportes fantasmas», en las campañas electorales de 2006 y 2011.

Asimismo, «existen fundados indicios» de que la pareja incurrió en el lavado de activos, con una elevada probabilidad de comisión.

Por ello, sostuvo Carhuancho en la explicación de su medida, la prisión preventiva, además de «proporcional» con el caso, es «idónea» y «necesaria» para garantizar la investigación. En su opinión, Humala podría eludir la acción de la justicia y perturbar la actividad probatoria en el caso por lavado de activos, algo que el exmandatario y su defensa niegan de forma rotunda.

Los abogados defensores de Humala y Heredia, Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza, respectivamente, anunciaron desde el inicio que apelarían la decisión, la cual tacharon de injusta y «arbitraria».

En tal sentido, el martes de la pasada semana presentaron su recurso de apelación ante el magistrado, quien lo declaró admisible y elevó el caso a la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones, la instancia encargada de resolver este tipo de requerimiento.

Según manifestó Espinoza, el juez Carhuancho tenía otras medidas a su disposición como el impedimento de salida del país, de la región o del departamento. «Pudo disponer que Ollanta Humala y Nadine Heredia sean vigilados por una institución privada. También pudo ordenar que no tengan comunicación con otros inculpados u otros testigos», declaró tras presentar la apelación.

En torno a este recurso, que busca la excarcelación de la pareja, el abogado estimó que para mediados o finales de la presente semana debe quedar definido. Consideró que como defensa legal lo presentaron con la mayor fundamentación, razón por la cual confían en que la sala correspondiente lo «evalúe, revise y razone jurídicamente».

De ser aprobado, se revocaría la orden de prisión preventiva contra Humala y su esposa. Quedarían libres, pero seguramente con restricciones e indicaciones especiales hasta tanto no culminen las investigaciones en su contra y eventualmente se juzgue el caso.

El líder del Partido Nacionalista, que dirigió Perú entre 2011 y 2016, está presuntamente salpicado por el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, al igual que políticos y empresarios relevantes de cerca de diez países latinoamericanos.

Su nombre y el de su esposa aparecen en las declaraciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht a la justicia estadounidense, en las que aseveró que su empresa entregó a la pareja unos tres millones de dólares para la campaña de 2011, la que los llevó a la presidencia.

Por ello, y por presuntamente también haber recibido dinero de empresas venezolanas entre 2005 y 2006 para financiar su fallido primer intento por arribar a la jefatura del Ejecutivo, Humala y Heredia son acusados de lavado de activos y corrupción.

Si la pareja saldrá de prisión o no, ya en estos días se verá. Amplios sectores de Perú, incluso opuestos políticamente al exmandatario, califican la prisión preventiva como un exceso y sostienen que la cárcel debe ser el castigo si se judicializa el caso y los acusados son hallados culpables.

Para Humala, todo lo que ha pasado es una confirmación del «abuso de poder» que se ejerce en su contra. En varios momentos ha alegado su inocencia y la de su mujer con respecto a los cargos que se le imputan. De cualquier forma, es muy probable que sea liberado de la prisión preventiva y que vaya a los tribunales cuando se judicialice el caso que pesa en su contra.

Si es hallado culpable la prisión será su condena y por mucho más de 18 meses. Sería entonces el segundo expresidente peruano en estar preso. En esa categoría uniría su nombre, pese a sus diferencias políticas e ideológicas, al de Alberto Fujimori, quien permanece tras las rejas por corrupción y delitos de lesa humanidad hasta 2032.

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