¿Quién es Jorge Glas? ¿Quién es el hombre que en plena noche hay que llevarse por la fuerza de una embajada, violando una sede diplomática —que es lo mismo que invadir un país— y pagar el costo de una avalancha de críticas y condenas internacionales? Ni el mayor de los bandidos ni el más conflictivo de los políticos. Es el chivo expiatorio que le tocó perder por simbolizar un proyecto de gobierno que se quiere proscribir, una ideología que se busca satanizar y porque al que le tocaba jugar ese papel —a Rafael Correa— se les «voló» a Europa antes de que pudieran escarmentarlo, hubo que conformarse con que no tuviera chance de regresar a Ecuador.

Chivo expiatorio doble; primero, para hacer de su causa un caso ejemplarizante con el propósito de intentar hundir todo vestigio de correísmo y segundo, porque de paso sirvió para enemistar gobiernos, agitar el avispero y desestabilizar a América Latina. La orden del presidente Daniel Noboa de asaltar la legación mexicana y los reiterados ataques a golpe de insultos que de pronto ha protagonizado el mandatario argentino, Javier Milei, junto a viejos diferendos regionales que se han reabierto y escalado, como el de Venezuela y Guyana, o Haití y República Dominicana, no pueden verse como hechos aislados, sino como la ejecución al pie de la letra del «divide y vencerás» que tan buenos resultados ha dado en el pasado para hacer de esta región un sitio dependiente e intervenible.  

De políticos corruptos sentenciados y políticos presuntamente corruptos tenemos por montones en esta parte del mundo y más allá. El tráfico de influencias, los sobornos o el cohecho, las asociaciones ilícitas, la evasión fiscal, o el famoso peculado, que no es más que la malversación de fondos públicos, son el pan nuestro de cada día en cada una de nuestras sociedades y frecuentes titulares de prensa. Unos corruptos tan reales como tan impunes que desfilan por todos los cargos de gobierno una y otra vez, amasando fortunas, y otros tan falsos como tan fabricados, que terminan tras las rejas a pesar de la inocencia, o fuera del juego político. Es difícil a veces identificar los casos, sobre todo cuando la justicia de un país es cualquier cosa menos justa o imparcial, y termina secuestrada por la política o los intereses económicos.

En el caso ecuatoriano, si Glas fuera el delincuente descrito por Noboa y no el preso político denunciado por su Movimiento Revolución Ciudadana, al que México entendió que había que darle asilo, bien pudiera haber convocado antes a la misma reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que solicitó después de violar la Convención de Viena, para abordar sus preocupaciones sobre el tema.

Si Noboa se ha tomado en serio lo de acabar con la delincuencia y la corrupción, bien podría documentarse con fiscalía sobre el resto de políticos de los más disimiles partidos con causas abiertas por los mismos supuestos crímenes de Glas, incluso con dosieres muchos más abultados, y ser coherente en su lucha anticorrupción. Sin ir más lejos, podría profundizar en las investigaciones abiertas contra los dos mandatarios que le precedieron en el cargo: Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Al primero, el propio parlamento del país lo halló «responsable de la infracción constitucional de peculado», al señalar que «organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos» en el caso de un contrato para el transporte de petróleo, que habría representado un perjuicio a las arcas estatales. Eso y su implicación aun no resuelta en el escándalo conocido como «El Gran Padrino», el que desató la tormenta política que terminó en muerte cruzada y elecciones anticipadas por las que el joven Noboa es hoy jefe de estado.

Ese caso denunciaba una mega estructura criminal al más alto nivel, con rostro visible en el cuñado del entonces presidente Lasso y en un aliado cercano al que siendo del sector privado, Lasso entregó el manejo de entidades públicas y la repartición de cargos, una historia en la que hasta el Secretario Anticorrupción terminó renunciando antes que rendir cuentas y otro peje gordo, que fue primero prófugo de la justicia, apareció muerto con signos de tortura. Pero la suciedad de esa película de terror se ha barrido y escondido debajo de la alfombra.

Al segundo, a Moreno, incluso le habían dictaminado ya el pasado año prisión preventiva, conmutada a domiciliaria por su edad y condición física, porque no se presentó a las audiencias regulares dispuestas por un juez, sin embargo, sigue tan tranquilo en Paraguay con su familia, también procesada por el caso Sinohydro, una trama de dineros mal habidos a cambio de privilegios hacia la empresa china que construyó la mayor hidroeléctrica del país. Y no es la única investigación, también se le ha relacionado con la empresa off shore INA Investment, en el conocido INA Papers, que trascendió después del Panamá Papers, en este, por cierto, se leía claramente el nombre del banquero Lasso como dueño de decenas de sociedades ocultas en paraísos fiscales.

A Guillermo Lasso se le ha acusado de hacer campaña con dinero del narcotráfico, concretamente, 1.5 millones; mientras Lenín Moreno era el máximo responsable del estado cuando la pandemia de covid-19 puso a Ecuador en la mira mundial por las horrorosas escenas de muertos en las calles de Guayaquil, además de otros malos manejos de los recursos en tiempos de crisis sanitaria.

Está también latente, durante la administración de Moreno, el escándalo por las compras irregulares de material antidisturbios para reprimir las protestas de 2019 en las que murió alrededor de una decena de ecuatorianos, hubo más de mil 500 heridos y un número similar de detenidos. Otro paro general en 2022 ya bajo la batuta de Lasso, terminó también con víctimas mortales por una violencia desproporcionada contra los manifestantes. En todos estos episodios, denuncias sobre múltiples violaciones a los derechos humanos que quedaron en el olvido. 

Que sobre estos hechos no haya ni el menor cuestionamiento y que cada una de los cargos contra Jorge Glas se den por sentado sin espacio a la duda, dejan mucho que desear. Además, el proceso judicial contra Glas ha mostrado inconsistencias: entra y sale de la cárcel, cambian los delitos y cuando se tambalea una investigación, aparecen nuevas inculpaciones. Y para rematar, los abogados o jueces involucrados en los pedidos de habeas corpus han sufrido represalias de la noche a la mañana.

Y sin necesidad de ir al pasado, el trato conferido al exvicepresidente después que fue sacado por la fuerza de la embajada mexicana, está plagado de violaciones al debido proceso, tal y como ha denunciado su equipo legal, empezando por impedirle a sus abogados o familiares que contacten con él, como si fuera el más peligroso de los criminales.

Capítulo aparte merece la sospechosa hospitalización repentina que desembocó en todo tipo de teorías, desde el suicidio farmacológico hasta un coma autoinducido por negativa a alimentarse, pasando por padecimientos de gastritis. Lo cierto es que ni aún en esas condiciones se les permitió a sus seres más allegados verlo y terminó reingresando a prisión en menos de 24 horas supuestamente recuperado, pero sin que nadie pudiera comprobarlo más allá del comunicado de las autoridades penitenciarias.

Jorge Glas permanece en una cárcel de máxima seguridad, de donde mismo se han fugado presos verdaderamente peligrosos y se han encontrado otros muchos asesinados. Allí hay jefes de cárteles de droga, líderes pandilleros, tipos duros y sanguinarios que ahora conviven con un político en el centro de atención. Es casi imposible no pensar que está puesto allí para que lo maten y nadie lo pague, como pasa en cualquier riña carcelaria, donde la orden de matar se diluye y las investigaciones se empantanan.

No puede pasar inadvertido que lo que hoy es un «conflicto armado interno», declarado a inicios de este año por el presidente Noboa, comenzó por violentas reyertas y motines penitenciarios. Luego se desató una ola callejera de asesinatos, secuestros y extorsiones que parece una especie de violencia inoculada con un fin mayor, si bien es cierto que tienen como trasfondo el desmantelamiento de la institucionalidad.

Escenario doméstico sumamente complejo para un presidente que deja entrever que quiere aplicar el método de seguridad estilo Bukele para sacar también el beneficio de enorme popularidad y los réditos electorales que la estrategia de «mano dura» le ha dado al salvadoreño. Por lo pronto, Daniel Noboa tendrá que pausar el asunto interno para sortear las muchas acciones ya encaminadas desde organizaciones regionales e internacionales, a instancias políticas y judiciales, por el semejante atropello que ordenó la noche del viernes 5 de abril.