A 73 000 millones de dólares asciende la deuda pública de Puerto Rico. El monto, calificado de descomunal por los economistas, forma la tormenta perfecta que amenaza con desestabilizar la isla caribeña.

Por su «condición» de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, San Juan no puede declararse en bancarrota formalmente para que el gobierno federal disponga de ayuda. Ante ello, y para dirimir el conflicto con los acreedores, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que el país se acogió al Título III de la llamada Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés). Dicha legislación fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2016 porque justamente un año antes, el entonces gobernador Alejandro García Padilla decía al mundo que la deuda de su país era impagable.

La Ley Promesa, conocida también como «ley de quiebra», establece la creación de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que desde Washington cuida por «proveer un método para que logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital». Asimismo, estipula que Puerto Rico puede «reestructurar sus respectivas deudas en un proceso supervisado por la corte federal bajo ciertos términos y condiciones, si los esfuerzos para llegar a un acuerdo consensuado o voluntario no rinden fruto».

Con el Título III de esa Ley en marcha, el país deja en manos de tribunales federales el proceso de reestructuración de su enorme débito. Ellos  deciden ahora los tiempos establecidos para pagarles a los titulares de la deuda pública y cuánto abonará la Isla finalmente.

La medida de Roselló, quien quiere convocar un referendo para que los puertorriqueños decidan si prefieren la independencia o ser el estado 51 de Estados Unidos, fue adoptada ante el aumento de las presiones de un grupo de acreedores con los cuales no se llega a un acuerdo. De esta forma los litigios quedan totalmente paralizados hasta tanto los tribunales no se pronuncien.

Ese paso, desesperado si se quiere, puede desembocar en un recorte considerable del impago, pero a un precio mucho más alto a largo plazo. La dañada economía puertorriqueña pierde su autonomía, lo que limita considerablemente el acceso al mercado mundial y a posibles inversores extranjeros. La Isla no cuenta entonces con ningún tipo de decisión en el plano económico.

El presidente de la Junta, José Carrión, defiende la acción la cual califica de «necesaria» y «apropiada» para proteger a los ciudadanos puertorriqueños.

A su vez, Roselló esgrime que su responsabilidad es «garantizar  los mejores intereses del pueblo puertorriqueño», mientras manifiesta su convencimiento de que la isla «podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes».

Sin embargo, la historia de procesos parecidos ha demostrado que son precisamente las personas quienes al final pagan las malas decisiones de sus gobernantes. Es además, una historia de nunca acabar ante el apetito voraz de los tenedores de deuda.

El proceso de restauración de la deuda ya acarrea un plan de austeridad con especial énfasis en el gasto público para «solventar» el problema. La idea, sugerida por la propia JSF, impulsa recortes a las pensiones de los jubilados y a los sistemas de salud y educación.

La justificación es la usada siempre en estos casos: un esfuerzo por balancear el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para la deuda.

Antes, las empresas estadounidenses radicadas en Puerto Rico no pagaban impuestos fiscales sobre los ingresos. Eso permitió captar inversiones de grandes compañías de Estados Unidos y engrosar las cuentas bancarias de la Isla. Al ser un Estado Libre Asociado de la nación norteña, los títulos que emitía Puerto Rico también tenían exención de impuestos sobre la renta, una cuestión que llamó la atención de muchos inversionistas ante los millones de dólares que Washington desembolsaba.

Sin embargo, cuando Estados Unidos revirtió la medida, hace dos décadas, provocó que la economía entrara en recesión en 2006 porque no tenía otra manera de suplantar esa entrada fija de capitales. La incapacidad de los gobernantes para resolver el problema, el gasto superior al ingreso y la corrupción provocaron un alto déficit que conllevó a la actual crisis.

Para el gobernador actual la salida del laberinto económico de Puerto Rico es anexarse completamente a Estados Unidos, como una vía de pasarle la «papa caliente» al mentor. Mientras tanto, son los ciudadanos quienes están pagando por un problema que amenazaba con estallar desde hace años.