Contrapunteo

Orden Ejecutiva contra Venezuela

12 ago 2019
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El 5 de agosto, el mandatario estadounidense Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva contra Venezuela que implica un recrudecimiento sustancial del régimen de sanciones impuesto unilateralmente contra el gobierno y pueblo venezolanos. La nueva medida dispone la congelación de todos los activos del ejecutivo de Venezuela en Estados Unidos y establece que el Departamento del Tesoro sancionará a cualquier persona, empresa o entidad que realice transacciones con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el objetivo estratégico de este anuncio? ¿Cuáles podrían ser sus implicaciones?

La adopción de esta Orden Ejecutiva inicia una nueva etapa dentro de la política de cambio de régimen de Washington contra Caracas y constituye una expresión de la profunda frustración que prevalece en el gobierno estadounidense por su incapacidad para derrocar el proceso bolivariano tras siete meses de fuertes sanciones económicas. El objetivo estratégico de esta medida presidencial está dirigido a causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.

Por lo tanto, su prioridad es afectar sustancialmente la vida cotidiana del pueblo venezolano para llevarlos al punto de la desesperación y la asfixia económica y en consecuencia quebrar su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Por esa razón y como una medida de control de daños, el 6 de agosto en el marco de la llamada «Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela» realizada en Lima, el principal artífice de esta escalada, John Bolton, señaló que esta decisión no está dirigida contra el pueblo venezolano. Esa aseveración constituye la principal evidencia del propósito que persiguen.

A partir de esta lógica, el gobierno de Trump está retomando una vieja fórmula que se ha aplicado durante más de 60 años contra Cuba y está recogida en el denominado memorando Mallory, quien desde su cargo como subsecretario de estado adjunto para Asuntos Interamericanos, planteó: La mayoría de los cubanos apoyan a Castro […] No existe una oposición política efectiva […] El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria […] Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica […] Una medida que podría tener un impacto muy fuerte seria negarle a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.

Esta es exactamente la misma receta que le están aplicando a Venezuela. Este tipo de medidas forman parte de la proyección estratégica de Estados Unidos contra aquellos países que desafían y defienden su soberanía en detrimento de los intereses imperiales de las élites económicas y políticas de Washington. No obstante, la historia ha demostrado que estos diseños injerencistas y violatorios de la paz y seguridad internacional han fracasado.

En el caso de Venezuela, esta Orden Ejecutiva se anuncia en un contexto en que el gobierno bolivariano y la oposición política estaban involucrados en un proceso de diálogo; el líder venezolano preserva el apoyo de la mayoría de su pueblo; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene su lealtad al proceso y sus principales dirigentes; la oposición política está profundamente dividida y fragmentada y varios países de la comunidad internacional continúan apoyando a la nación suramericana ante la difícil situación que vive el país como resultado del prolongado cerco económico.

En ese sentido, en la mencionada Conferencia Internacional, Bolton fue muy claro sobre los objetivos inmediatos que se proponen: impedir que el gobierno venezolano tenga acceso al sistema financiero global, aislarlos internacionalmente y obstaculizar sus relaciones económicas con terceros países. Sobre este último aspecto, afirmó: «estamos enviando una señal a terceros que quieren hacer negocios con el régimen de Maduro: Procedan con extrema precaución. No hay necesidad de arriesgar sus intereses de negocios en Estados Unidos».

Teniendo en cuenta estos elementos, esta nueva medida contiene dos aspectos nuevos: establece una política general de prohibir cualquier transacción con el gobierno bolivariano y dispone la aplicación extraterritorial de las sanciones económicas contra Venezuela. En términos prácticos, las implicaciones son de gran impacto debido a que se priva al ejecutivo de la nación suramericana de realizar transacciones económicas, comerciales y financieras con cualquier entidad pública o privada estadounidense, lo que afectará considerablemente la capacidad de importación de productos básicos para la población. Por otro lado, es previsible que se profundice la persecución financiera a las operaciones que realice el gobierno en el exterior y un incremento de las acciones de presión y chantaje de Estados Unidos contra compañías y gobiernos con intereses en el mercado venezolano.

Este conjunto de medidas califican como un bloqueo económico, comercial y financiero contra el gobierno venezolano que a la luz del Derecho Internacional es reconocido como un acto de guerra desde la Conferencia Naval de Londres en 1909. Además, constituye un acto de genocidio en virtud de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, al contemplar en su artículo II que se entenderán como tal todos los actos de «sometimiento intencional de un grupo nacional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial». Ante esta injusticia, las fuerzas progresistas y los movimientos de izquierda a nivel internacional deben alzar sus voces para denunciar esta vergonzosa y criminal guerra económica que se está desplegando con profundo odio contra el pueblo venezolano.  

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