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La carrera de poderes en Colombia

8 mar 2018
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Colombia está a punto de renovar sus principales poderes: legislativo y ejecutivo. Por primera vez en décadas, la guerra y la paz no están en el centro de las campañas electorales como si ambos fueran temas zanjados con el desarme de las FARC y la firma de un acuerdo de reconciliación entre el gobierno de turno y la guerrilla que fundaran campesinos hastiados de la violencia política y el abandono estatal de las áreas rurales. Muy cierto es que el panorama es distinto a hace 8 años atrás cuando la confrontación vivía picos máximos de tensión y que ahora aquellos hombres uniformados, entonces al margen de la ley, son ciudadanos con derecho a postularse y elegir, aglutinados en un partido político al que se le reconoce como igual al resto de las fuerzas en contienda. Pero el conflicto no ha cesado del todo por más que se quiera vender la idea de pacificación; aún persisten prácticas violentas y de intimidación que condicionan la realidad política, incluso a la hora del ejercicio democrático de votar. Sin embargo, ha primado la matriz de que en este proceso electoral la seguridad no es un problema pues no están activos los fusiles de las FARC y el ELN ha decretado una tregua unilateral durante la realización de los comicios.

Sí, vale destacar que este primer sufragio del calendario, las parlamentarias del próximo 11 de marzo, es atípico en varios sentidos. La primera novedad es, como ya adelantaba, la participación de la FARC como partido, que se presenta con 36 candidatos en total para ocupar asientos en el Senado y la Cámara de Representantes. Lo que sucede es que la denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común va con ventaja: aun y cuando no consiga un solo escaño por la vía de los votos, cuenta con la prerrogativa que le otorgó el Acuerdo de La Habana, mediante la cual ese grupo adquirirá 10 curules de facto, 5 para cada instancia legislativa.

Lo anterior condiciona que el nuevo Congreso colombiano tenga un número mayor de miembros, pues los asientos de la FARC se añaden a los 102 senadores y 166 representantes. Y no termina ahí la suma, pues a partir de una reforma reciente para lograr un «equilibrio de poderes» la fórmula presidencial que quede en segundo lugar en los comicios para Jefe de Estado obtendrá sendos puestos en el Senado —el aspirante a presidente— y en la Cámara —el aspirante a vicepresidente— es decir, de 268 integrantes, el parlamento pasará a 280.

Como distinción adicional, los comicios legislativos se realizarán de forma paralela a dos consultas interpartidistas. Dos especies de coaliciones ideológicamente ubicadas a los extremos: la derecha y la izquierda, definirán sus respectivos nombres a optar por ocupar el Palacio de Nariño por los próximos 4 años. Todos los sondeos apuntan a que de esta selección a modo de «primarias» salgan los dos contendientes que hasta el momento lideran las intenciones de voto —alrededor de un 25% cada uno— aun sin ser oficialmente candidatos: Iván Duque por el Centro Democrático, el hombre de Uribe, y Gustavo Petro por Colombia Humana, el exalcalde de Bogotá con pasado guerrillero y proyección cercana al progresismo. Ambos han opacado la imagen de otros postulantes como el expresidente Germán Vargas Llera, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle.

En medio de todo este escenario, el aspirante por la FARC, Rodrigo Londoño «Timochenko», oficializó su retirada de la carrera presidencial tras presentar nuevamente problemas de salud que lo llevaron a enfrentar otra cirugía. El grupo basó además su decisión de abandonar la campaña en la falta de garantías que le hicieron primeramente suspender temporalmente la contienda y ahora todo indica que de manera definitiva, ya que no ha presentado nombre para reemplazar a Timochenko en boleta.

Tanto Duque como Petro —el segundo incluso recibió un atentado en la ciudad de Cúcuta que está bajo investigación— han estado en el centro de focos de violencia. Han tenido que suspender actos proselitistas por enfrentamientos entre seguidores y detractores. Con lo cual, los métodos sucios se siguen imponiendo en la política colombiana que no tolera la pluralidad de pensamiento ni cualquier asomo de cambio de sistema. A tal punto ha llegado la arremetida contra las figuras en campañas, sus familiares, allegados o simplemente activistas contrarios al status quo, que la FARC suspendió temporalmente su campaña.

Así las cosas, cuando en el fondo lo que habrá será una renovación maquillada de una legislatura que como institución está totalmente desprestigiada. Pesan sobre buena parte de las figuras políticas con asiento en el Congreso y de los que aspiran a ocupar butaca escándalos de corrupción y otros delitos penales, siendo el senador Álvaro Uribe uno de los de peor prontuario. Ha sido este órgano el que más obstáculos ha puesto a la implementación del acuerdo de paz, convirtiendo en pura burocracia cada trámite y evitando o desvirtuando la aprobación de las leyes imprescindibles para la concreción de la letra chica de lo pactado como resultado de la negociación política con la insurgencia.

El país sigue profundamente polarizado a partir de la corriente del uribismo: los que siguen al expresidente que pretende seguir gobernando en la sombra a través de títeres y los que se oponen a él. La exguerrilla sigue cargando todos los estigmas apostillados por décadas de guerra y las voces de izquierda continúa siendo blanco de ataque al punto de aniquilación.

Como mal de fondo persiste un sistema electoral corrupto, plagado del voto-favor, el llamado clientelismo político que se ha convertido prácticamente en una política de Estado en Colombia. A la demagogia habitual en este tipo de escenarios, donde cada quien se vende como el salvador, se une la «mermelada», ese untar a diestra y siniestra con dinero público a los potenciales votantes para hacerse o mantener el poder.

Lo cierto es que las elecciones legislativas configurarán más claramente la correlación de fuerza de los partidos de cara a las presidenciales de mayo venidero. Sobre todo, porque es poco probable que alguna tolda se alce con la mayoría necesaria para la aprobación de leyes. Eso sí, los resultados incidirán en las futuras alianzas para los comicios siguientes y anticiparían lo que podría ocurrir en las urnas —seguramente en dos vueltas— cuando se esté eligiendo al sucesor de Juan Manuel Santos. 

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