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Historia repetida de diálogos y crisis

12 ene 2018
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Si bien 2017 podría decirse que fue el primer año de la paz en Colombia, por haber sido el año de la implementación del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2018 comenzó con toda una concatenación de hechos que desarticula el discurso pacifista que el ejecutivo ha erigido desde que vendiera al mundo el muy cuestionable fin del conflicto armado.

Además de las múltiples trabas a la letra chica de lo pactado en La Habana con la guerrilla de las FARC y de la sistemática y selectiva matanza a líderes políticos y sociales en los últimos doce meses, guerra y paz, diálogo y crisis, vuelven a titulares en la nación sudamericana, ahora relacionados con el esfuerzo reconciliatorio que coronaría la llamada «paz completa», la negociación con el Ejército de Liberación Nacional.

El pasado 9 de enero terminó la tregua bilateral de 3 meses entre fuerzas de gobierno y la insurgencia elena ; 24 horas antes se veían las caras las delegaciones negociadoras en Ecuador y, para sorpresa muy positiva, los enviados de Santos eran rostros nuevos —el exvicepresidente Gustavo Bell al frente de la delegación oficial en sustitución de Juan Camilo Restrepo—, y ello denotaba interés de relanzar la vía diplomática, de ponerle afán en pos de lograr consensos a corto plazo; pero apenas expiró el silenciamiento de fusiles, el presidente Santos anunció que su equipo se levantaba de la mesa, abandonaba Quito y volvía a Bogotá con instrucciones precisas de reevaluar la continuidad del proceso y, paralelamente, dio a su ejército la orden de actuar con «contundencia».

El por qué de esta actitud del Jefe de Estado colombiano estuvo anclado en varios ataques de los combatientes del ELN a la estructura petrolera  en varios puntos del país —Arauca, Boyacá y Casanare—, a lo que sumó de inmediato una campaña de denuncia para vender el pretexto que sirvió al impasse y ganar apoyo contra los «culpables». Y ciertamente es condenable este tipo de atentados que ocasiona pérdidas de vidas humanas y daños económicos considerables. Pero no puede despreciarse un elemento central: el conflicto armado está vivo mientras exista un grupo guerrillero en activo; acciones como las que propiciaron esta crisis se repetirán una y otra vez, u otros enfrentamientos, porque son inherentes a una guerra que intenta solucionarse por la vía diplomática pero es solo eso, un intento bajo las balas.

A la par que las crisis en la mesa de diálogo siempre se atribuyen a acciones de las fuerzas insurgentes, pero la crudeza de la policía o el ejército en las comunidades colombianas bajo protección de grupos guerrilleros no desencadena repudio ni siquiera similar, ni lleva a la ruptura de la búsqueda de la salida política.

De hecho, los ataques se produjeron a poco de culminar el cese el fuego, o sea, que no constituyeron una violación a la tregua. Aun así, no se investigó en profundidad la naturaleza de lo sucedido antes de tomar la decisión de abortar las pláticas. En ese sentido, el líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño (Timochenko) exhortó a que «las recientes acciones sean investigadas con rigurosidad y las responsabilidades asumidas» y agregó que «la voluntad de paz no puede estar por debajo de hechos puntuales».

En esta crisis puntual se minimiza que poco antes de que finalizara la suspensión de hostilidades, el gobierno había movilizado a miles de sus efectivos militares hacia zonas de presencia insurgente, lo cual evidencia que las partes se alistaban para entrar nuevamente al modo de confrontación, siendo contraproducente con el discurso público que abogaba por la prórroga del clima distendido. La pregunta que debería protagonizar el debate es ¿qué ha impedido ponerlos de acuerdo para otra temporada sin fuego cruzado? No es difícil adivinar que en el primer y rápido cara a cara de los equipos negociadores  en este año estuvo sobre la mesa la preocupación de los elenos sobre los asesinatos políticos, así como las inconformidades con la falta de compromiso del Estado con la palabra empeñada con las FARC, que deja un mal sabor para los del ELN a la hora de concretar acuerdos.

Por lo pronto, el componente internacional no ha demorado en reaccionar para calmar los ánimos y pedir sensatez. Los países garantes Brasil, Chile, Ecuador, Noruega, Venezuela y Cuba solicitaron a gobierno e insurgencia a iniciar con urgencia el quinto ciclo de negociaciones. «Exhortamos que se asuma como prioridad la negociación de un siguiente cese al fuego, junto a otros temas de la agenda. Llamamos a las partes a evitar un escalamiento que ponga en peligro los avances logrados en el proceso de negociación y en el anterior cese al fuego» se lee en la declaración de los garantes.

Naciones Unidas, y la Unión Europea también han pedido «la rápida reanudación del diálogo». Y el país anfitrión notificó a través de un comunicado que «el interés del gobierno del presidente Lenín Moreno, la canciller María Fernanda Espinosa y el pueblo ecuatoriano es el de continuar prestando todo el apoyo y la solidaridad que Colombia demanda para lograr la paz completa y definitiva».

Si nos basamos en experiencias anteriores, dígase el proceso con las FARC, escenarios como el actual con el ELN y peores se dieron, y claro que repercutieron en las conversaciones que tenían lugar en Cuba, pero la práctica dictó que pararse de la mesa, suspender el diálogo, jamás fue la solución. En este minuto, ambas partes deberían estar centradas en reanudar la tregua, el único logro real y de impacto después de casi un año de negociaciones. Quedan 7 meses para que Santos salga del Palacio de Nariño y otro, con quien sabe qué propósitos pacifistas o no, ocupe su lugar. «No es momento para crisis», es la consigna que gobierno y ELN deberían tener como bandera.

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