Un país latinoamericano con dos presidentes, un enfrentamiento de poderes entre la rama ejecutiva y legislativa, una Asamblea en rebelión que no acata las disposiciones presidenciales, críticas a la elección de magistrados a la más alta instancia judicial de la nación y manifestaciones populares, todos los ingredientes de una severa crisis política en evolución.

Cualquier persona medianamente informada pensaría de inmediato que se trata de Venezuela, la situación se ajusta al dedillo porque todas esas cosas han pasado allí, pero no. Para corresponderse con Venezuela, tal descripción de los hechos no podría ser así de objetiva, debería acompañarse de descalificaciones a una de las partes, en ese caso la chavista; existir además pronunciamientos urgentes desde Washington magnificando el fenómeno; se convocaría a reuniones regionales urgentes para «analizar» la crisis y comenzarían los truenos de intervención militar, ayuda humanitaria mediante. No podrían faltar las consabidas etiquetas de «ruptura del orden constitucional», «ataque a la democracia», «acciones dictatoriales» y demás violaciones. La prensa internacional multiplicaría la algarabía en torno al suceso y las miradas todas estarían sobre el minuto a minuto de lo que sucediese en Venezuela.

Sin embargo, esta no es la crisis venezolana, sino la peruana; muchísimo más compleja y profunda pero menos politizada porque no es cuestión de ideologías. En la crisis peruana no se enfrentan modelos económicos, no hay izquierdas radicales ni ambiciones de transformación de la sociedad; es un hervidero de corrupción y chantajes políticos dentro de una derecha con demasiados matices.

La historia de ultimátum, disolución del Congreso, cuestión de confianza, se repite, tal pareciera que estamos en septiembre de 2018 cuando salió el presidente Martín Vizcarra por primera vez con amenazas de convocar elecciones y desbaratar el parlamento si no acataba sus reformas. La diferencia entre entonces y ahora es que pasó del dicho al hecho, y lo que fue una advertencia se convirtió en una realidad este 30 de septiembre.

Claro que el cuerpo legislativo, que en aquel entonces había cedido a las presiones, ahora se lo tomó a la tremenda y respondió al jaque con una jugada tan o más osada que la del mandatario peruano. Los congresistas fujimoristas, al saberse despojados de sus funciones y en su condición de mayoría, declararon la incapacidad temporal del presidente y nombraron a un sustituto en funciones, en este caso, a la entonces vicepresidenta Mercedes Aráoz.

¿Quién manda a quién y quién obedece a quién con esta dualidad de poderes y semejantes muestras de insubordinación? ¿Cuáles acciones son legítimas constitucionalmente hablando y cuáles no? Y lo más importante, ¿qué hay detrás de los hechos? No sin olvidar a un actor político casi siempre olvidado o anulado: la ciudadanía; ¿a quién respalda en medio de este caos de gobernanza?

Primero, los hechos. Vizcarra puso en práctica una facultad legal que se denomina «cuestión de confianza», que no es otra cosa que un pedido del ejecutivo al legislativo para que respalde políticas de gobierno; si se produce la negativa dos veces, el presidente puede disolver el parlamento. Fue lo que sucedió. El presidente le pidió a su Congreso unicameral que evaluara un cambio en la política de selección de los jueces al Tribunal Constitucional y éste obvió la propuesta. Era la segunda vez que la Asamblea lo hacía, anteriormente le fue negada la confianza al antecesor Pedro Pablo Kuczynski, y se trata del mismo gobierno y el mismo legislativo, pues Vizcarra solo asumió circunstancialmente el puesto por la dimisión de PPK, que dicho sea de paso, es otra capítulo negro de la misma crisis que se posterga en el tiempo y cuyo denominador común es la corrupción, de la que no se han librado los últimos 4 mandatarios peruanos.

Casi al unísono, el órgano parlamentario optó por desobedecer la decisión del Jefe de Estado y lo incapacitó, provocando la polémica actual: ¿Vizcarra cerró el Congreso o el Congreso lo cesó a él? Hay que acotar, que la votación legislativa para sacar al presidente del gobierno, que se conoce en Perú como pedido de vacancia, se hizo con solo los diputados opositores y no con el pleno de la Asamblea como es debido. Como artimaña precedente, los asambleístas aprobaron la cuestión de confianza al presidente, poco después de haberla desestimado —alegaron que no la habían negado, sino que había postergado su votación— para impedirle que pudiese aplicar el artículo que le faculta disolver el ente legislativo. Todo sucedió en el mismo día y de forma tan enrarecida y oportunista para cada bando que ha tornado oscuro el panorama y más que ilegalidades, ha habido reinterpretaciones de la Carta Magna a conveniencia.

Por lo pronto, quien gobierna es la incertidumbre. Los bloques enfrentados les apuestan a sus decisiones y buscan imponerse a costa de sus seguidores: los empresarios con el Congreso, la gente con el ejecutivo. La existencia de dos presidentes lo que provoca es un vacío y queda en manos del Tribunal Constitucional dirimir el entuerto. Y justamente ahí es donde se enmaraña más el caso porque todo empieza justamente por donde termina: la mencionada corte de justicia.

Si se llegó a este punto, es precisamente porque el ejecutivo considera que la elección de los magistrados al Tribunal no es del todo transparente. De hecho, el más reciente juez electo por el parlamento es primo hermano del presidente del Congreso y el resto de los postulados son cercanos a la fuerza mayoritaria del fujimorismo, que busca parcializar el poder judicial a su favor por las múltiples acusaciones que pesan sobre sus miembros relacionadas con el escándalo de Odebrecht.

Definitivamente, la corrupción en Perú es la historia de nunca acabar y al más alto nivel. Sin embargo, ha venido a ser el presidente situacional, el personaje que todos creían gris, el investido por puro formalismo constitucional el que ha revuelto la podredumbre e intenta, al menos, frenar la impunidad. Es por eso que los peruanos le aplauden y le respaldan. Las manifestaciones populares han sido en su mayoría de júbilo por el cierre del Congreso. Otro apoyo fundamental ha sido el las Fuerzas Armadas y la Policía, esta última a cargo ahora de velar por que se cumpla lo dispuesto por el presidente que ocupa el Palacio de Gobierno y no el designado por la otra parte en rebeldía.

Pero volviendo al inicio, a pocos escandaliza una crisis de tales proporciones y desde afuera se le trata sin demasiados juicios —como debería ser con todas las otras— dejando que los peruanos resuelvan sus asuntos internos, una potestad que no goza Venezuela, y es inevitable la comparación, porque es muy descarado el tratamiento selectivo.

Fue justamente en la capital peruana donde se creó una alianza de países denominado «Grupo de Lima» para conciliar posturas tremebundas contra Caracas cuando una crisis parecida en cuestiones de bifurcación de poderes, pero distante a esta por sus orígenes, se suscitó. Allí donde se reconoció a un presidente extranjero autoproclamado en una plaza sin ningún formalismo o amparo legal, hoy se lidia con también con dos presidentes. Claro que Vizcarra no es Maduro y la señora Aráoz no es Guaidó; mucho menos Perú es Venezuela y la corrupción no es tan mal vista como el socialismo.