Contrapunteo

El plan para la transición en Venezuela: propuesta de claudicación

13 abr 2020
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El 31 de marzo, el gobierno estadounidense divulgó el denominado «Marco para la transición democrática en Venezuela». El documento que consta de 13 puntos y 2 garantías, fue presentado como la «única opción» que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, renunciar y claudicar ante las fuertes presiones de Washington.

Los voceros de la Administración Trump sobre este tema, que han sido básicamente el Secretario de Estado, Mike Pompeo y el llamado Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, trataron de proyectar ante la comunidad internacional que cuentan con una estrategia coherente y sólida que le permitirá cumplir sus objetivos de derrocar el proceso bolivariano.

No obstante, cuando se analiza el contenido, alcance y, en especial, la capacidad de implementar el diseño que tienen contemplado en el documento, se hace evidente que no es posible su ejecución. Por lo tanto, el «plan para la transición en Venezuela» constituye una respuesta del gobierno estadounidense a la imposibilidad de lograr sus propósitos contra la nación bolivariana y está permeado de mucha frustración.

En esencia, Washington en las circunstancias actuales con un Guaidó profundamente debilitado y sin capacidad movilizativa, a lo que se añade la proximidad de las elecciones presidenciales estadounidenses y la urgencia por tener resultados concretos en su política que han calificado de «presión máxima» contra Caracas, requiere proyectar que tiene la iniciativa y que está empleando con intensidad todos los instrumentos de su poderío nacional.

En este contexto, si bien el contenido de este documento no es nuevo atendiendo a que el propio Abrams reconoció que esta propuesta de claudicación fue presentada por la oposición a los representantes del gobierno venezolano durante las conversaciones de Barbados del pasado año, los aspectos nuevos recaen en la decisión del Departamento de Justicia de acusar formalmente a altos dirigentes venezolanos de estar supuestamente vinculados al tráfico ilícito de drogas y el despliegue de medios militares próximos a las aguas territoriales y al espacio aéreo de Venezuela.

Si bien el escenario actual es complejo y entraña una amenaza no despreciable para el gobierno bolivariano, Estados Unidos está retomando y trata de reciclar la misma fórmula que empleó contra Venezuela varias veces durante el año 2019: la amenaza con el uso de la fuerza militar. En esta ocasión, está tratando de ser más creíble al aproximar más a territorio venezolano sus medios y fuerzas con una envergadura importante, pero la esencia es quebrar la moral combativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la que continúan considerando como el actor fundamental en cualquier «proceso de transición». Estos elementos indican que la apuesta de Washington continúa centrada en cautivar a un sector importante de los militares venezolanos para dar un golpe de estado, lo que sería una «solución interna» sin la necesidad de exponerse a una operación militar que no están en capacidad de librar en estos momentos.

En ese sentido, tanto el contenido del «plan de transición» como la conferencia de prensa concedida por Elliot Abrams el pasado 2 de abril, confirman estos elementos de análisis. El documento en el acápite sobre las garantías señala: «el alto mando militar (ministro de defensa, viceministro de defensa, comandante del Comando Estratégico y jefes de los servicios especiales) permanecen en sus responsabilidades durante la duración del gobierno de transición». 

En la conferencia de prensa, Abrams planteó «el apoyo de las fuerzas armadas a este marco de la transición democrática será clave» y agregó que lo más importante del documento es «qué pasará dentro del ejército cuando vean la propuesta y piensen sobre lo que significa para Venezuela y para ellos mismos». En este sentido, es obvio que para que ese plan se implemente deben estar presentes varias condiciones imprescindibles, entre las que sobresalen dos fundamentalmente: fractura de la unión cívico-militar y retiro del apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al liderazgo político bolivariano.

La estrategia de Estados Unidos ha tratado invariablemente de enfocarse en lograr esas condiciones y en la actualidad no existen elementos que indiquen la posibilidad de que en el corto o mediano plazo se concreten estos escenarios. Por lo tanto, el plan de claudicación presentado por Washington empleando un momento político altamente sensible por el azote de una de las pandemias más severas de los últimos años, está destinado al fracaso.

      
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