Contrapunteo

¿El oro o la vida? Conflictos sociales por la minería en América Latina

9 ago 2017
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Durante los últimos años el aumento de la inversión extranjera en el sector minero y del extractivismo en América Latina, han incrementado los ingresos de las empresas mineras y, a su vez, lo recaudado por los Estados. Sin embargo, pese al impacto positivo a nivel económico en la región, la minería es también fuente de pugnas por la defensa de los derechos socioambientales, indígenas y comunitarios, entendidos estos como conflictos mineros.

En artículos anteriores se ha tratado el tema de las implicaciones medioambientales de una minería excesiva e inadecuadamente regulada. En esta ocasión nos centraremos en las problemáticas y conflictos sociales asociados al sector.

Un reporte de la ONG Global Witness, que comprobó los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013, señaló que, de las 908 muertes documentadas en 35 países, 448 se produjeron en Brasil, es decir un 49,33%, siendo en su mayoría campesinos, indígenas, o habitantes de la selva amazónica.

Solamente en Perú, por ejemplo, durante los últimos años, las profundas y significativas implicaciones de estas luchas han dejado el escalofriante saldo de 270 muertes y más de 4 500 heridos, según datos proporcionados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en su informe del 2016.  

De acuerdo con OCMAL, además de esa nación andina, Chile, México y Colombia tendrían el mayor número de conflictos sociales cubiertos por la prensa. Dentro de las causas de dichos conflictos se encuentran: contaminación de los recursos (agua, tierra, aire) y restricción o escasez de agua, elementos que pueden incidir en la vida y salud de los pobladores, otro de los detonantes de los conflictos; falta de consulta previa e informada a las comunidades para las actividades mineras; descontento por relacionamiento con la empresa, en los que se incluyen el incumplimiento de las promesas o negociaciones hechas con la comunidad como la construcción de viviendas y otras infraestructuras; los problemas territoriales como el desplazamiento de comunidades y el uso de lugares con significado especial para los habitantes originarios de las localidades en cuestión.

La existencia de proyectos mineros en las comunidades puede constituir una fuente de empleo y en ocasiones, en respuesta al descontento de la población, las empresas han desarrollado políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con iniciativas sociales como donaciones o programas de desarrollo local, encaminadas a que las comunidades afectadas vean la minería como una manera de mejorar su calidad de vida y sus necesidades básicas. Sin embargo, los estudios realizados en la región señalan que en algunos casos estas políticas no han sido del todo satisfactorias y continúan los cuestionamientos por parte de las comunidades en lo referido a su eficiencia y equidad.

Relacionado con esto, se encuentra el descontento basado en la percepción de la escaza contribución de tantos años de minería en el desarrollo local. Si bien la distribución de las riquezas en las comunidades es un asunto que le compete al gobierno local y no a las corporaciones mineras, por lo general las autoridades no se han encargado de manejar de manera equitativa las riquezas generadas o no han impulsado compensaciones con respecto a los efectos ambientales, sobre las personas y las comunidades.   

Con respecto a derechos humanos tenemos vulneraciones de derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad. Por ejemplo, como señala el resumen ejecutivo «El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá», realizado por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina:

el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley le autorizaba expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas; o el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en don los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos.   

Las corporaciones mineras también pueden causan división dentro de las comunidades mediante mecanismos de convencimiento como la búsqueda de acuerdos con miembros de las comunidades pero que no llegan a ser representativos de estas, similar a lo que pasa cuando se realizan acuerdos y se desconocen las autoridades e instancias tradicionales de representación colectiva, así como la adquisición irregular de títulos de propiedad como mecanismos de expropiación.  

Cuando las pugnas con las corporaciones mineras entran también en conflicto con los intereses estatales y/o gubernamentales, las comunidades afectadas no ven más salida para dar visibilidad y buscar soluciones que la protesta social. No obstante, la oposición de los pobladores ha conducido a la criminalización de este tipo de actividades, llegando al cierre de espacios de diálogos y al uso de la fuerza, las amenazas y los hostigamientos.    

Si bien el panorama referido hasta aquí muestra a grandes rasgos la difícil situación social generada por la minería en la región, no podemos obviar los resultados y esfuerzos que se realizan por mejorarla. De acuerdo con el informe del OCMAL que mencionábamos en párrafos iniciales, 

cada vez más, existen órdenes y dictámenes judiciales que otorgan la razón a las y los afectados por minería limitando o simplemente prohibiendo la minería en determinados territorios, en su mayoría por motivos y argumentos socioambientales, como el paro por más de seis meses que han llevado a cabo los campesinos del Páramo de Pisba en Colombia; el proceso por llevar adelante una consulta ciudadana para que sean las comunidades quienes decidan si quieren o no minería, como lo que acontece en Cajamarca, Colombia, contra el proyecto La Colosa; o el proceso que encabezan diversas organizaciones en El Salvador para prohibir definitivamente la actividad minera en el territorio nacional.

En general, la solución definitiva a estos conflictos sociales está lejos de encontrarse, aunque la mayor necesidad reside en redefinir el papel de la minería en América Latina tomando en cuenta la participación ciudadana;  el balance riesgos-beneficios tanto sociales, como ambientales, económicos y culturales y un establecimiento de marcos institucionales y legales que monitoreen y regulen de manera estricta cada uno de los momentos de los proyectos mineros, a la vez que garanticen la justicia y equidad en el manejo de las exigencias y conflictos.  

 

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