Contrapunteo

El latinoamericanismo hasta la segunda década del siglo XXI (2da. parte y final)

25 jun 2020
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Continuación…

 

A partir de 1998

Una compleja combinación de factores internos y externos convirtieron a América Latina, iniciándose el siglo XXI, en un escenario de cambios, algunos de los cuales alcanzaron niveles sin precedentes en la historia de la región. El auge del paradigma latinoamericanista, estrechamente asociado al pensamiento y a los procesos emancipatorios que se desarrollaron en el subcontinente, originó transformaciones en los discursos y en el ejercicio de la política en Latinoamérica, así como en la gestación de nuevas formas de interrelación, concertación e integración regional.

La incapacidad de los gobiernos latinoamericanos de los noventa para resolver los agudos problemas sociales generados por la aplicación del neoliberalismo, condujo a la crisis de representatividad de los partidos ligados a las oligarquías latinoamericanas y al capital transnacional. En este contexto, se produjo la aparición de paradigmas y estrategias asociados a la toma de poder político, como vía para iniciar procesos de transformación en América Latina. La correlación de fuerzas al interior de varios países cambió a favor de las organizaciones y partidos capaces de colocar en sus agendas las demandas de los actores sociales afectados por las medidas de corte neoliberal.

Por medio de elecciones, ocuparon la presidencia de varias naciones latinoamericanas, líderes de movimientos, frentes políticos y partidos de izquierda: Hugo Chávez en Venezuela (1998), Lula da Silva en Brasil (2001), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez a la cabeza del Frente Amplio en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), el Movimiento Alianza País liderado por Rafael Correa en Ecuador (2006) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, con Mauricio Funes (2009).

Estos gobiernos tuvieron entre sus rasgos fundamentales una mayor intervención en la economía por parte del Estado y la defensa de la soberanía. Consecuentemente, en el plano de la política exterior, presentaron un discurso crítico de las estrategias hegemónicas estadounidenses. En muchos casos, las posturas antimperialistas trascendieron la retórica y se concretaron en prácticas dirigidas a contrarrestar los intereses de Washington en América Latina, a la vez que potenciaron la integración y la concertación regional. En sentido general, los gobiernos de izquierda mostraron un compromiso con la reducción de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión social, a través de una mejor distribución de las riquezas.

Los procesos progresistas atravesaron por una etapa de consolidación en la primera década del siglo XXI. Ello estuvo determinado por la preeminencia de condiciones favorables para el avance de los intereses de las fuerzas políticas de izquierda desde el poder. No obstante, en el mismo período, se evidenciaron factores que impusieron límites de las agendas progresistas.

Como ya se ha visto, la crisis del neoliberalismo, expresada en un sin número de flagelos económicos, políticos y sociales, brindó un escenario positivo para el ascenso de diferentes procesos alternativos al orden neoliberal en América Latina. El cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel continental, explícitamente impactada por la crisis, determinó, en un grupo de países del área, un creciente apoyo de masas a las propuestas de corte antineoliberal. Estas estuvieron comprometidas, de manera general, con una fuerte crítica al modelo anterior y la propuesta de llevar adelante procesos de cambio inspirados en una mejor distribución de la riqueza, el desarrollo de políticas sociales, el empoderamiento de sectores populares y la búsqueda de la soberanía económica y política.

En la medida en que fueron emergiendo nuevos gobiernos de corte progresista, comenzaron a implementarse disímiles políticas encaminadas a solventar los agudos problemas sociales y cumplir las promesas realizadas por los discursos electorales que llevaron al poder a estos nuevos gobiernos.

Diversos fueron los factores que influyeron en este proceso: el ascenso de liderazgos carismáticos con capacidad de comunicación y habilidad para construir alianzas, el desarrollo de un pensamiento alternativo que se construye aspirando a superar los errores de las izquierdas tradicionales, la conformación de consensos entre amplios sectores desconectados históricamente de la política y el desarrollo de nuevos actores sociales.

El ascenso al poder de esos gobiernos provocó la reacción de los sectores de derecha y de Estados Unidos dando inicio a una oposición que se mostró, de manera general, desorganizada y poco efectiva durante los primeros años de auge progresista. Este accionar provocó, paradójicamente, una radicalización de dichos procesos y del accionar de sus bases de apoyo. No obstante, fueron la causa de una escalada de tensiones, que derivó en el estallido de crisis y conflictos en la región. La dirección, profundidad y matices de los cambios varió en los diferentes procesos. La complejidad de estos fue tal que resulta imposible abordarlos en toda su extensión, en los marcos de este trabajo. En su lugar, resulta indispensable precisar que, como elementos comunes de la etapa inicial de estos gobiernos, se manifestaron su capacidad para enfrentar a las fuerzas opositoras, la instrumentación de un buen número de políticas de impacto social, un nivel de concertación sin precedentes en la historia latinoamericana y una notable capacidad para incorporar sectores enajenados de la participación ciudadana.

Desde el punto de vista económico, gran parte de las políticas sociales se insertaron en la lógica de acumulación de los modelos aplicados en los procesos de cambio. El aumento de los salarios y las pensiones, y el otorgamiento a sectores marginados de subsidios y subvenciones, contribuyeron al estímulo de la demanda interna como motor de la economía. En los países donde la industria tiene un peso importante, como es el caso de Brasil, las políticas redistributivas contribuyeron al dinamismo del sector, en tanto reanimó su producción sin aumentar considerablemente el volumen de empleo en el área industrial. La convergencia entre políticas sociales y dinamismo económico propició la asociación entre el empresariado y las fuerzas políticas de izquierda, en tanto el contexto económico externo favoreció la aplicación de prácticas redistributivas.

En el plano político, la redistribución de las riquezas fortaleció los vínculos entre los gobiernos de izquierda y sus bases sociales. Los múltiples programas ejecutados para favorecer a los sectores más afectados por las medidas neoliberales, incrementaron el respaldo de esos grupos a los procesos progresistas. Esta relación fue clave en el devenir de las confrontaciones que tuvieron lugar en América Latina.

Un elemento esencial para comprender el devenir de los gobiernos progresistas que tuvieron lugar en los inicios del siglo XXI, fue su capacidad para capitalizar el descontento de los amplios sectores populares e incorporarlos a sus dinámicas de cambio. El discurso de justicia social, la búsqueda de espacios políticos y de participación de amplias masas populares, la aplicación de políticas públicas, la dignificación y empoderamiento de sectores históricamente desconectados de la distribución de la riqueza y la participación ciudadana, fueron factores relevantes para alcanzar altas cuotas de respaldo popular.

El cambio en la correlación de fuerzas en América Latina tuvo un impacto en el orden geopolítico del área, que se manifestó, esencialmente, en los mecanismos de integración y concertación política.

El ciclo de gobiernos de izquierda se caracterizó por el fin de la hegemonía del enfoque de integración abierta, vinculada a la reforma económica neoliberal imperante en la década de 1990 (Briceño Ruiz, 2013). Este proceso se expresó en dos vertientes fundamentales: la transformación de los mecanismos ya existentes y la creación de nuevos esquemas, coherentes con las agendas progresistas.

Entre los ejemplos de mecanismos que experimentaron transformaciones, el más relevante fue el Mercosur; mientras que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fueron las agrupaciones de integración y concertación política más radicales surgidas como expresión de la proyección internacional que proponían los nuevos gobiernos latinoamericanos.

El Mercado Común del Sur, creado bajo concepciones neoliberales, atravesó por una significativa reorientación a partir del llamado Consenso de Buenos Aires, en 2003. La reunión entre los presidentes Néstor Kirchner y Lula da Silva, celebrada en la capital argentina, dio paso a la conformación de una agenda política que se oficializó en la Cumbre de Ouro Preto II en el 2004 (Briceño Ruiz, 2013).

El Mercosur adoptó un enfoque que trascendió la dimensión económico-comercial, para incorporar aspectos relacionados con la concertación política, la transformación productiva, el tratamiento de las asimetrías, la adhesión de nuevos países como Estados Asociados[1] y estrategias comunes para solucionar problemas sociales. La entrada de Venezuela en el 2012, fue un momento significativo en el bloque, coherente con sus pretensiones de lograr su expansión en la región de América del Sur.

La creación del ALBA en diciembre de 2004, significó el surgimiento de una variante asociativa diferente. Esta se trazó como metas lograr un equilibrio entre cooperación y beneficios económicos, potenciar la complementariedad económica y otorgar un tratamiento preferente al capital estatal, a tono con el reconocimiento del papel protagónico del Estado en la economía. Al realizarse un acuerdo tripartito entre Venezuela, Cuba y Bolivia, el mecanismo se denominó Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). El esquema asociativo ha conjugado la participación de recursos humanos, materiales y financieros dirigidos a la materialización de políticas sociales en los países miembros.

Por otra parte, el surgimiento de Unasur en el 2008 y CELAC en el 2011, representó el momento de mayor esplendor del latinoamericanismo, y a su vez, el punto de ruptura más importante con el orden panamericano vigente. En esta ocasión, se construía un paradigma de asociación diferente que defendía la soberanía latinoamericana, proponía una identidad regional autóctona en materia de cooperación, defensa, intercambio cultural, proyección política, entre otras manifestaciones de las relaciones internacionales. La exclusión de Estados Unidos de estos mecanismos los convertía en amenazas para los intereses de Washington y sus estrategias geopolíticas. El desarrollo de estos procesos remarcó además la importancia estratégica de Brasil, Argentina y Venezuela como pilares en la integración suramericana y latinoamericana.

La Unasur y la CELAC tuvieron un notable efecto contrahegemónico. Ambas instituciones comenzaron a abordar temas y a asumir roles que históricamente eran desempeñados por las instituciones del sistema interamericano, especialmente la OEA. En el caso de la Unasur “(…) cuestiones culturales, migratorias, medioambientales, industriales, económicas, productivas, científicas, de defensa o de seguridad, entre muchas otras, serían parte de un colectivo sin asientos rígidos que impulsaron el avance del bloque regional durante los primeros años” (Comini & Frenkel, 2016).

La creación del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), en 2008, representó el principal intento de articular estrategias y recursos en materia de seguridad a nivel regional, fuera de la órbita del proyecto panamericanista. En lo que respecta a la CELAC, la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en el 2014, representó un acto político de compromiso de los países latinoamericanos.

Pese a todo lo anteriormente expuesto, a inicios de la segunda década del siglo XXI, cuando se estaban gestando fórmulas de asociación regional que marcaron un momento cúspide en la evolución del latinoamericanismo, los procesos progresistas en América Latina mostraron señales de agotamiento. Los factores que propiciaron su desarrollo en el decenio anterior, comenzaron a experimentar transformaciones notables.

Las variables económicas externas tuvieron un peso determinante en el giro que ocurrió a lo interno de las dinámicas nacionales y regionales. Al producirse la caída de los precios de los productos básicos, la capacidad de los gobiernos de ejecutar políticas sociales se redujo. Uno de los puntos más afectados en las agendas progresistas fue el de la reducción de la deuda externa. Ante la caída de los ingresos por concepto de exportaciones y de la inversión extranjera, la deuda recobró importancia como vía para manejar la dependencia de los países latinoamericanos con respecto al capital externo. Paralelamente, disminuyó el poder de negociación de los gobiernos progresistas para demandar mejores condiciones en los contratos con las empresas transnacionales. Por el contrario, se hicieron más necesarias las políticas dirigidas a atraer el financiamiento externo mediante la inversión extranjera directa. Las políticas distributivas, elemento fundamental del quehacer de los gobiernos de izquierda, se vieron perjudicadas por la reducción de la capacidad de mantener los niveles de gasto público. En algunos casos, se apostó por la continuidad de las subvenciones y subsidios a través de políticas monetarias expansivas, lo cual conllevó, por lo general, a un incremento de los desequilibrios económicos, principalmente la inflación.

Por otra parte, las iniciativas de carácter regional, encaminadas a crear una nueva arquitectura financiera, no mostraron resultados significativos. El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) presentó bajos volúmenes de transacciones con respecto al comercio total intra-ALBA, debido a que no se incluyeron productos principales como el petróleo. El Banco del ALBA tuvo un alcance muy limitado debido a la estrechez de su capital con respecto a sus objetivos y funciones; mientras, “la creación del Banco del Sur estuvo signada por la dilación de los plazos entre su fundación y puesta en funcionamiento” (Marín Suárez, 2014).

Todos estos elementos determinaron un deterioro de la situación de los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina. En unos casos la conflictividad interna se agudizó al punto de generar crisis de gobernabilidad; en otros, la recesión económica, sumada al ejercicio continuado de más de 10 años de mandato, provocó un desgaste en las bases de apoyo de estos gobiernos. En todos los casos, la incidencia negativa de factores externos agravó los contextos, ya de por sí adversos, en los cuales se tuvieron que desenvolver dichos regímenes.

A partir de 2015, se sucedieron una serie de cambios en el mapa político latinoamericano que comenzaron a modificar considerablemente la correlación regional de fuerzas. En ese mismo año, el Frente para la Victoria, coalición partidista liderada por el kirchnerismo, se mostró incapaz de proponer una candidatura lo suficientemente sólida para sustituir el liderazgo de Cristina Fernández, e imponerse en las elecciones presidenciales. En su lugar, se produjo el retorno de una derecha que propugnaba un discurso abiertamente neoliberal. Un año después, fracasaba en El Salvador el proyecto político del Frente Farabundo Martí, tras su derrota en las elecciones generales.

También en 2016, la presidenta brasileña Dilma Rousseff enfrentó un impeachment, planeado por las fuerzas de derecha con las que había pactado y compartía cargos en el gobierno. Con la anuencia de las élites brasileñas, la derecha retornó al poder con una agenda en la que la privatización de las empresas ocupaba un papel central. En su proyección hacia el exterior, el gobierno de facto adoptó una postura crítica y agresiva con las fuerzas progresistas en la región.

En los países donde la izquierda se mantuvo en el poder, los procesos de cambio también dieron señales de desgaste. Ejemplo de ello fue la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015, la victoria de políticos opositores en alcaldías importantes de Bolivia y Ecuador, así como la derrota de Evo Morales, en febrero del 2016, en el referendo para poder reelegirse para un nuevo periodo presidencial.

Uno de los principales efectos del reflujo de los procesos de cambio en América Latina ha sido la revitalización de la OEA. Los gobiernos conservadores han privilegiado a la organización panamericana como espacio tradicional para el avance de sus intereses a nivel regional. Ante el desmontaje de los gobiernos progresistas en Argentina y Brasil, los esfuerzos de la derecha, en contubernio con Estados Unidos, se concentraron en el derrocamiento del movimiento bolivariano en Venezuela, Nicaragua y, en fecha más reciente, Bolivia. El golpe de Estado suscitado el pasado noviembre contra el presidente Evo Morales, fue la muestra más completa de hasta dónde puede llegar la alianza entre la derecha latinoamericana y los intereses imperialistas.

En relación con CELAC y Unasur, la derecha regional ha fomentado el retroceso y la parálisis de ambos esquemas de concertación política. Por su parte, la Alianza del Pacífico[2] ha mostrado una elevada capacidad y eficacia en la obstrucción del funcionamiento de esos mecanismos. El acercamiento entre los gobiernos de la AP y el MERCOSUR, con posterioridad al 2015, ha aumentado el potencial de la derecha en la región para revertir las iniciativas latinoamericanistas. En este marco, el dinamismo de los gobiernos progresistas para fomentar e impulsar la integración y la concertación ha decaído notablemente. Como ejemplo de ello, la Cumbre de Punta Cana (República Dominicana, 2017) contó con la tasa de asistencia de Jefes de Estado y de Gobierno más baja en la historia de la CELAC; lo que evidencia que el balance de fuerzas actual en América Latina favorece a la derecha y repercute negativamente en el desarrollo de los procesos asociativos.

Por otro lado, la Unasur atraviesa por una profunda crisis. La salida de seis Estados del mecanismo ha tenido un impacto considerablemente negativo, no solo por la notable reducción de su membresía, sino también por el peso de los países en cuestión. La retirada de Brasil y Argentina del esquema –aunque el pasado año el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reveló su intención de reincorporarse a dicho mecanismo-, supone la ausencia de dos de los principales actores regionales. El debilitamiento de la Unasur constituye un retroceso importante en el latinoamericanismo, en tanto significa el desmontaje de una plataforma para la defensa de la soberanía de los países suramericanos. Al mismo tiempo, esta situación reduce la capacidad de la izquierda de articular sus políticas y dificulta, si no anula, el avance de las agendas progresistas en el área.

El ALBA-TCP ha experimentado una disminución de su activismo político, cohesión y capacidad articuladora y propositiva. El retroceso de la alianza ha estado determinado, fundamentalmente, por la situación desfavorable que atraviesa Venezuela, la debilidad institucional del mecanismo, y las contradicciones entre algunos de sus miembros (Ecuador, Nicaragua y Venezuela).

En medio de semejante contexto, se hace necesario un replanteamiento de los retos, desafíos y circunstancias actuales que enfrenta la región latinoamericana.

Desde el triunfo de los movimientos independentistas en América Latina, el latinoamericanismo se ha enfrentado a condicionantes estructurales que atentan contra su viabilidad. El subdesarrollo y la deformación estructural han perpetuado en las economías latinoamericanas, la falta de complementariedad y la dependencia al capital extranjero. Esta situación ha constituido un factor inhibidor de los proyectos integracionistas regionales.

En el plano geopolítico, la doctrina y praxis de la política exterior estadounidense hacia América Latina ha adoptado un rol desarticulador de las iniciativas latinoamericanistas, en consonancia con el interés de la potencia norteamericana de garantizar su hegemonía.

Determinadas coyunturas históricas han favorecido que en América Latina se produzcan procesos nacionales orientados al desarrollo endógeno. En algunos casos, han sido portadores de una visión estratégica regional, dirigida a construir una plataforma de integración que garantice su soberanía frente a potencias extranjeras.

Dado el carácter transitorio de las condiciones que propician los fenómenos de cambio, las condicionantes estructurales han determinado, reincidentemente a lo largo de la historia, el agotamiento de las estrategias de transformación. De esta particularidad emana el carácter cíclico de los períodos progresistas en la región.

Las variaciones experimentadas en la capacidad de los procesos latinoamericanistas para implementar alternativas al neoliberalismo, marcaron dos etapas principales. La primera, signada por la incidencia de factores positivos, se caracterizó por el desarrollo de políticas, dinámicas, acuerdos nacionales y regionales en favor de la soberanía, la justicia social y la concertación contrahegemónica. En ese sentido se destacan el surgimiento del ALBA-TCP, la UNASUR y la CELAC. La segunda, consecuencia del degaste propio de los procesos de cambio, de una coyuntura económica adversa, y de las campañas de subversión internas y externas, implicó el retroceso, la parálisis y la fractura de los esquemas latinoamericanistas.

La confluencia de los agotamientos de los paradigmas, tanto de la izquierda como de la derecha, ha fomentado el movimiento pendular de las grandes masas populares en los períodos electorales que buscan, en una u otra vía, la solución a sus problemas. A raíz de este fenómeno no se debe descartar que en los escenarios futuros se desarrollen nuevos procesos progresistas; o incluso, a partir de una agudización de la crisis, el empleo de gobiernos dictatoriales para imponer la agenda neoliberal. El auge o decadencia del latinoamericanismo estará determinado, en última instancia, por la evolución de estas tendencias.


 

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Notas

[1] Perú (2003), Ecuador (2004), Colombia (2004) y Venezuela (2006) se adhirieron como miembros asociados al Mercosur. Venezuela ingresó plenamente el 12 de julio del 2012.

[2] La fundación de esta agrupación tuvo lugar en dos momentos fundamentales. El primero fue la Cumbre de Lima de abril de 2011, en donde se anunció la creación de la AP; el segundo fue la IV Cumbre Presidencial celebrada en Antofagasta, Chile, el 6 junio de 2012. Allí se constituyó oficialmente con la suscripción del Acuerdo Marco. Este documento le otorgó personalidad jurídica al mecanismo y representó el punto culminante del proceso de definición de su marco institucional. 

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