Sesión ministerial de la Organización de Estados Americanos en Cancún, México, esta semana y Conferencia sobre la Prosperidad y Seguridad de Centroamérica en la Florida la semana anterior, aparentemente dos reuniones aisladas, probablemente hasta agendadas con antelación para asuntos particulares. Claro, que es ingenuo pensar que no tienen una clara conexión. Resulta que hay un propósito mayor para la organización hemisférica: aislar diplomáticamente a Venezuela y buscar un consenso mínimo que permita legitimar la injerencia de Estados Unidos en ese país. Solo que después de varios esfuerzos liderados por el secretario general Luis Almagro, no ha progresado ninguna de las iniciativas de la facción más antichavista dentro de la OEA.

Primero intentaron la presión hacia las naciones caribeñas. A todas luces, las más pequeñas y dependientes financieramente de programas norteamericanos de ayuda, como así lo han reconocido las autoridades de esos estados insulares. Pero cual efecto boomerang, el Caribe ha sido precisamente el bloque unificado que junto al ALBA —numéricamente en desventaja— ha logrado frenar el proyecto de resolución más agresivo que pretende imponer Washington a la República Bolivariana y para el cual se hace acompañar de aliados incondicionales: México, Colombia y Perú, y otros recientemente recuperados como Brasil y Argentina. Precisamente, Estados Unidos pretende ser un tanto sutil y encomienda a México la tarea de representar la propuesta interventora. De ahí que el rostro mediático para los mensajes aparentemente solidarios con la situación «caótica» que se quiere presentar en Venezuela es el del canciller Luis Videgaray, el hombre que muestra profunda consternación por las víctimas venezolanas y la manipulada represión policial en Caracas y pide soluciones prontas que pasen por elecciones —no elecciones cualquieras, la constituyente no les sirve— pero olvida que en las puertas de su ministerio, incluso frente a la sede de la reunión de la OEA en el balneario mexicano miles de ciudadanos protestan por la inacción de las autoridades frente al caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa hace ya 33 meses.

Como les decía, primero fue al Caribe a quien el propio senador Marcos Rubio, tan mentado por estos días, amenazara con no más dinero si persistían en respaldar al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora fue el turno de los centroamericanos. El Secretario de Estado Rex Tillerson puso sobre la mesa una especie de Plan Colombia para la región, particularmente para el llamado triángulo norte, que se compone de Honduras, Guatemala y El Salvador. Un plan que presuntamente combata el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la inseguridad y la violencia de pandillas y grupos paramilitares, pero que en la práctica se traduce en algunos millones en metálico. «Si funcionó en Colombia, puede funcionar en el área», fueron sus palabras, pero ¿de veras siguen acreditándose el éxito del Plan Colombia a estas altura de la vida, cuando hubo que ceder en una negociación política porque la guerra seguía sin ganarse, y los cultivos de drogas se esparcían como la verdolaga a pesar de los miles de millones en efectivo y la inversión en armamentos y tecnología de guerra?

Definitivamente se vuelve difícil ocultar que a Estados Unidos le hace falta recopilar los 23 votos necesarios para cualquier medida anti venezolana en la OEA. Pero sigue en la inamovible cifra de 20 —insuficiente para sus intereses— a propósito de haber intentado una versión moderada de su documento más incisivo contra Caracas, por lo que a golpe de monedero busca completar la lista de apoyo. Y persiste en este propósito porque sabe que funciona, tal es así, que ha logrado abstenciones de esos mismos países que presiona: El Salvador, Granada, Haití, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, incluso Ecuador. De hecho, el llamado de Videgaray fue a tener «paciencia, porque los objetivos en política internacional a veces demoran, pero se van a cumplir».

Tampoco prosperó el proyecto presentado por las naciones caribeñas —liderado por San Vicente y las Granadinas— que instaba a encontrar una solución mediante el diálogo y sin violar la soberanía del país sudamericano, pero al menos sirvió como contención y equilibró las fuerzas en un organismo históricamente tan unipolar y plegado a los designios estadounidenses.

Por lo pronto, Venezuela logra volver a salir airosa de esta batalla digamos que diplomática, pero con tintes evidentes de sobornos y chantajes. Su Ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, tuvo una participación efímera en el encuentro para dejar clara la postura de su gobierno: «No reconocemos esta reunión ni los resultados que de aquí provengan. No lo avalaremos. Me retiro», dijo antes de abandonar el salón.

La República Bolivariana atraviesa en este momento el proceso de abandono del organismo que insiste en reprobar y castigar al ejecutivo de Maduro. El pedido de la OEA es el mismo que el de la oposición más radical y extremista de ese país: «elecciones libres, liberación de los presos políticos, cese de la violencia, respeto a los derechos humanos», y como elemento adicional, el freno al proceso de Asamblea Constituyente. La derecha hemisférica no tiene la más mínima intención de replegarse. Por lo que los escenarios de coerción continuarán.