El Ejército de Liberación Nacional y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se reunieron por dos días en Montecristi, en la provincia ecuatoriana de Manabí. No es la primera vez que se realiza una cumbre ELN-FARC, de hecho, se ha convertido en un mecanismo recurrente en la última etapa de esfuerzo reconciliatorio, pero este tope —que anteriormente fue interguerrillas y cuyo antecedente más cercano fue la cita de La Habana en mayo de 2017— es el primero entre una insurgencia en activo y otra desmovilizada y convertida en partido político. Por lo cual, ambos grupos están en diferentes condiciones de legalidad.

Sin embargo, el propósito es el mismo: convencer, seducir, conminar a los elenos a subirse al llamado tren de la paz. Lo que sucede es que el propio ejecutivo colombiano, con su inoperancia a la hora de implementar el acuerdo con las FARC, pone un freno a ese tren —que a veces parece haber perdido su locomotora— y aumenta el escepticismo de la guerrilla blanquinegra.

Más allá de las diferencias del pasado entre estas dos fuerzas anti status quo, hay convencimiento en ambas de la necesidad de parar la guerra definitivamente. En la reciente Declaración de Montecristi se comprometieron a «que ninguna dificultad —por grande que sea—, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia». Lo que sucede es que el ELN no está dispuesto a una paz a cualquier costo —lo ha reiterado una y otra vez en toda tribuna pública— y ve a diario como una cosa es el texto impreso con la letra chica del acuerdo y otra bien distinta su concreción práctica.

Para poner en contexto la realidad colombiana, baste mencionar algunos hechos. La fuerza política fariana acaba de enviarle una carta al presidente Juan Manuel Santos pidiendo que cumpla con lo firmado. «Comprendemos que una paz estable y duradera implica, por parte del Estado y los ciudadanos, el respeto de la ley y los compromisos adquiridos», dice la misiva y agrega: «Desafortunadamente, la paz y la reconciliación de los colombianos tienen aún enemigos poderosos, que no escatiman esfuerzo en torpedear la implementación de los acuerdos, ni pierden oportunidad para sembrar cizaña y tratar de sabotearlos».

A esto le sumamos que siguen los retrasos en materia legislativa. Octubre ha sido un mes de continuas trabas para el proyecto de ley de reforma política y electoral por solo mencionar la que está sobre el tapete de muchas otras y resulta que en diciembre vence la vigencia de las reglas legislativas especiales con las cuales se vienen aprobando estas iniciativas —el denominado fast track— y como van los ritmos, es improbable que para entonces estén aprobados todas las leyes necesarias.

Por otra parte, los excombatientes han empezado a abandonar los sitios de transición porque no están garantizadas las condiciones de vida ni los modos de sustento. Solamente de Tumaco, en el departamento de Nariño, unos 300 exguerrilleros han salido de la zona veredal, huyendo además de la violencia, pues continúan los asesinatos selectivos a líderes sociales y también a los miembros de las FARC y sus familiares. Y es que las fuerzas represivas de la policía —Escuadrón Móvil Antidisturbios conocido por sus siglas ESMAD— acumulan crímenes contra manifestantes que exigen vivir con un mínimo de dignidad y los exinsurgentes no escapan a esta realidad. Los grupos paramilitares completan la tarea de exterminio. De ahí que en la cita ecuatoriana entre las FARC y el ELN hubiera un lenguaje común en torno a este tema: «el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia».

Para rematar, el mismísimo subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, después de visitar Colombia, afirmó tajantemente que el proceso de reintegración no avanza de manera adecuada. Dijo: «La experiencia de la ONU en otros lugares (…) señala que cuando la reintegración no ocurre, la paz en sí misma no es sostenible».

Y éste es el escenario que está observando con lupa el equipo del comandante Gabino. No van a cambiar prebendas políticas por un contexto similar, buscan más y el gobierno les ofrece poco. La mesa de Quito tampoco despega, apenas si se vive el cese bilateral de fuegos como el mayor logro desde el pasado primero de octubre, pero no existe ningún otro consenso sobre los temas en agenda. Mientras, el ELN se considera el eslabón fundamental para el equilibrio necesario en la correlación de fuerzas en los lugares marginados socio-económicamente en Colombia. La práctica también les da la razón, allí donde las FARC abandonó terreno, el Estado no ha sabido ocuparlo y los grupos poblacionales quedan a merced del paramilitarismo y la delincuencia.

Tras la cumbre FARC-ELN, comienza el cuarto ciclo de diálogos de estos últimos. El gobierno necesita mucho más que emisarios seductores para sumar las voluntades de este Ejército de Liberación que parece no claudicar en su lucha armada mientras crea que poco ha cambiado en Colombia, a pesar de que el mundo le diga que haga concesiones porque la guerra no es el camino.