Contrapunteo

Corrupción, ¿un mal presidencial en América Latina?

19 jul 2017
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La reciente condena al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva a más de nueve años de prisión por presunta corrupción y lavado de dinero, y la detención del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa por delitos similares, han vuelto a posicionar a la corrupción como tema medular de la actualidad política y noticiosa en Latinoamérica.

El flagelo, que no es exclusivo de la región ni mucho menos, ha estado presente siempre en el escenario socioeconómico y muy relacionado con las élites del poder político. Sin embargo, desde que la investigación «Lava Jato» en Brasil destapase lo que para muchas fuentes constituye «el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia», el asunto ha obtenido una relevancia mediática aún mayor.

La causa fundamental de ello es que la investigación descubrió un complejo entramado de redes de sobornos y corrupción, tejidas por la constructora brasileña Odebrecht, en el que están involucrados importantes políticos y empresarios de cerca de una decena de países de América Latina.

Los casos de Lula y Humala, más allá de las posibles orquestaciones a las que puedan responder las imputaciones del primero, encaminadas a apartarlo para siempre del tablero político, son solo dos de los muchos que se ciernen sobre presidentes y expresidentes latinoamericanos.

Algunos son acusados de haber recibido dinero de Odebrecht a cambio de favorecerla en licitaciones de obras de gran magnitud o beneficiarla de diversas maneras, mientras que otros lo son por haber participado en otras tramas de corrupción, asociación ilícita para delinquir y más delitos relacionados.

Entre lo más curioso de todo esto destaca el hecho de que no parece haber una distinción de corte ideológico entre las personalidades imputadas. Los tentáculos de la constructora, según los resultados de las investigaciones, habrían alcanzado a mandatarios y exmandatarios tanto de izquierda como de derecha, progresistas y conservadores.

Es así como en Brasil, además de Lula y la presidenta electa Dilma Rousseff, apartada del cargo el pasado año mediante turbias conspiraciones parlamentarias, se han visto implicados políticos de formaciones opuestas al izquierdista Partido de los Trabajadores.

Incluso el actual ocupante de la presidencia, Michel Temer, aupado en su momento por las élites que forzaron la salida de Rousseff del poder, se ha visto salpicado por acusaciones de corrupción.

Cabe aclarar que hasta el momento ninguno de los tres, ni de la larga lista de políticos brasileños y de otras nacionalidades latinoamericanas mencionados en torno al caso de la citada compañía, han sido formalmente condenados por sus conexiones con el escándalo.

La condena a Lula, apelable y revocable si así lo estiman las autoridades judiciales, responde a otro caso de corrupción.

Mientras, las investigaciones sobre el entramado de la constructora prosiguen en todos los países en los que supuestamente hubo políticos y empresarios vinculados.

En Perú a Humala y su esposa, Nadine Heredia, les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva a petición del fiscal que les acusa de corrupción y asociación ilícita para delinquir. Ambos fueron tras las rejas, para evitar sus supuestas fugas del país u obstrucción a la investigación.

El exmandatario es acusado de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011, en la que resultó vencedor, mientras que su esposa es investigada por el supuesto trato favorable que le dio en la licitación del Gasoducto Sur, una importante obra del país andino.

Otro acusado en Perú es el expresidente Alejandro Toledo, radicado en Estados Unidos. Sobre él pende una orden judicial de detención nacional e internacional y una medida de prisión preventiva, también por presuntamente haber recibido dinero de la compañía y haberla favorecido.

La lista de presidentes, en activo o no, vinculados a los sucios mecanismos de Odebrecht es bastante larga. La empresa habría contribuido en Colombia a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, en 2014, y en Panamá a la del exmandatario Ricardo Martinelli, actualmente detenido en Estados Unidos y a la espera de su extradición para ser juzgado por otros casos de corrupción y escuchas ilegales.

De igual forma, en El Salvador se investiga su rol en la campaña del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua luego de que se abriese contra él un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

La participación de importantes funcionarios políticos en las redes de la poderosa entidad económica también ha salpicado indirectamente a otros jefes de Estado. Tal es el caso del argentino Mauricio Macri, cuyo amigo personal y jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, es acusado de haber recibido 600 mil dólares de dicha entidad.

Macri ya ha sido cuestionado por su implicación en otros casos con visos de corrupción, fundamentalmente en el sonado escándalo de los «Panama Papers». Y es que, más allá del poderoso alcance del entramado de la constructora, las presuntas vinculaciones de presidentes y expresidentes latinoamericanos al repudiable flagelo trascienden a este.

El guatemalteco Otto Pérez Molina, los salvadoreños Francisco Flores, ya fallecido, y Elías Antonio Saca, y el hondureño Rafael Callejas son casos de expresidentes condenados a prisión por corrupción y otros delitos relacionados.

La enumeración sería más ardua si se incluyesen los imputados e investigados, incluso obviando la vinculación o no con la empresa brasileña.

Ello lleva a preguntarse, en caso de que todos los delitos achacados hayan sido realmente cometidos, si la corrupción es un mal presidencial en América Latina; si el poder, sin importar la formación, plataforma, ideas y objetivos de quien lo ocupe, es un elemento capaz de desvirtuar los más nobles propósitos y corromper por sí mismo.

A falta de que se esclarezca la culpabilidad o inocencia de todos los ex y actuales mandatarios acusados de corrupción, afortunadamente hay casos como el del expresidente uruguayo Pepe Mujica, y alguno que otro más, que permiten no absolutizar en la respuesta a la anterior inquietud.

Lo necesario sería que estos, a juzgar por lo visto en el escándalo Odebrecht y en siglos de historia, fueran la regla y no una rara excepción.

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