Ser mujer e indígena es un arma de doble filo en la Argentina macrista. La dirigente social Milagro Sala lleva prisionera un año, mientras el gobierno y los medios de comunicación afines hacen oídos sordos a los reclamos por su liberación. La detención de la dirigente social, más que arbitraria es ilegal. Se trata de «un problema de la democracia; una crisis democrática que estamos teniendo desde el 10 de diciembre de 2015», tal como señaló el secretario general de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini.

Milagro tiene todas las condiciones para clasificar como presa política. El gobernador de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, le atribuye varias causas como asociación ilícita y extorsión en el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, el verdadero «crimen» de Sala es trabajar por los derechos de la etnia mapuche que representa.

La parlamentaria del Parlasur —por el Frente Para la Victoria— fue detenida en enero del año pasado por protestar frente a la sede del Gobierno de Jujuy en un campamento que levantó por más de 50 días. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas también califica la detención de Sala como arbitraria y le exige al Gobierno argentino proceder a su liberación inmediata.

Hasta para Estados Unidos la detención de Sala es arbitraria. Así lo afirma el capítulo argentino del Informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. El reporte refirió asimismo las «duras condiciones» de las prisiones argentinas, en especial las de la provincia de Buenos Aires, donde hay informes de traslados forzados de prisioneros y el uso recurrente de confinamiento solitario como método de castigo.

Desde la Casa Rosada (sede de Gobierno) señalan que la dirigente de Tupac Amaru pretende victimizarse y esgrimen la excusa de que es un asunto del gobierno regional.

Sin embargo, el extitular de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, aseguró que, según la Constitución argentina, si la provincia no garantiza la administración de justicia debe intervenir la federal. Por lo tanto, «el gobierno nacional está violando el estado de derecho por omitir la intervención, independientemente de las violaciones a nivel internacional», acotó.

La Corte Suprema también recibió par de dictámenes de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien demanda la inmediata liberación de la dirigente social.

La propia Milagro Sala hizo pública una carta en la cual denuncia al gobernador Morales de armar al menos 11 causas en su contra y de negarle el derecho a un juicio justo. En la misiva señala además que le siguen colocando delitos como el de «inducir amenazas a terceros» o de vincularla con el narcotráfico, ante la anunciada visita en mayo de distintos organismos de Derechos Humanos para revisar su caso. Este es el modus operandi del gobernador de Jujuy y su justicia adicta, indica Sala en la misiva.

«Gerardo Morales ha puesto muchísima plata para que cualquier estúpido me invente una causa por amenazas, o que he mandado a pegar a alguien, o que estoy relacionada con el narcotráfico o que estoy relacionada con cualquier muerte», asegura Sala.

Morales enfrenta además un proceso que intenta desacreditarla como «corrupta y manipuladora de fondos públicos».

Mientras tanto, para los grandes medios de comunicación el caso sencillamente no existe. Mucho menos el apoyo de representantes de organizaciones sociales, actores y dirigentes políticos que reclaman la liberación de la dirigente social y denuncian la persecución política en su contra solo por mostrar una opinión diferente.

De lo que sí no cabe duda es que Milagro Sala es un ejemplo de que en la Argentina de hoy se están reviviendo tiempos que ya se creían superados. Es ejemplo también de la criminalización de la protesta social que impera en la nación sudamericana y el consecuente y peligroso retroceso en materia de Derechos Humanos en tiempos de Macri.