Tipo de documento: Capítulo de libro
Autor:
Título del libro: América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda (edición actualizada)
Editorial: Ocean Sur
Lugar de publicación: México D.F.
Año de publicación: 2006
Páginas: 151-156


Las secuelas del gobierno de Nixon y la ambivalencia de la administración Carter

El sentimiento antimperialista que estremece al mundo durante la séptima década del siglo XX tiene un fuerte impacto en América Latina. En algunos países, ese impacto se manifiesta en el ascenso al gobierno de fuerzas de progresistas, nacionalistas e incluso de izquierda, mientras en otros se refleja en el incremento de la lucha armada revolucionaria. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nixon para evitarlo, el día 3 de noviembre de 1970 toma posesión de la presidencia de Chile el Dr. Salvador Allende, al frente del gobierno de la Unidad Popular. Apenas semanas antes, en octubre de ese año había asumido el gobierno de Bolivia el general Juan José Torres, quien mantiene una política nacionalista y progresista similar a la de los gobiernos encabezados por Juan Velasco Alvarado en Perú y Omar Torrijos en Panamá. Esa misma senda la emprende en Ecuador, en febrero de 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara, con énfasis en la defensa del patrimonio y la riqueza nacional. Por otra parte, en mayo de 1973, triunfa en las elecciones argentinas el representante personal de Juan Domingo Perón, Héctor Cámpora, quien renuncia poco después para dar paso a la elección del propio Perón en setiembre del mismo año. En este contexto, crece el apoyo internacional a la reivindicación panameña de colocar la Zona del Canal bajo su soberanía nacional. También como resultado de la correlación de fuerzas favorable a las corrientes progresistas y democráticas de la región, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago liderean movimiento caribeño a favor del restablecimiento de relaciones con Cuba, del reingreso de ese país a la OEA y de la reforma de esa organización regional, movimiento secundado por México, Chile, Perú y Bolivia. Adicionalmente, la lucha armada revolucionaria se intensifica en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina y Uruguay.

Frente al auge de las corrientes nacionalistas y revolucionarias en América Latina, la reacción de la administración Nixon es la desestabilización y el derrocamiento de los gobiernos que considera una amenaza al «interés nacional» de los Estados Unidos y la implantación de nuevas dictaduras, entre ellas, las resultantes del golpe de Estado que derroca al general Juan José Torres en Bolivia (agosto de 1971), del autogolpe de Juan María Bordaberry en Uruguay (junio de 1973) y, en especial, del golpe de Estado en Chile del 11 de setiembre de 1973 contra el gobierno constitucional Salvador Allende. Tras la sustitución de Richard Nixon por Gerald Ford, ocurrida a raíz del Escándalo de Watergate, esa política se mantiene, como lo demuestra el golpe de Estado en Argentina de marzo de 1976, a partir del cual los gobiernos castrenses de ese país se dedican a exportar el esquema de dictadura militar de «seguridad nacional». Previamente, la enfermedad del general Juan Velasco Alvarado había sido utilizada para sustituirlo, en agosto de 1975, por el general Francisco Morales Bermúdez, quien le imprime un giro hacia la derecha al gobierno peruano. Si bien la represión, que alcanza una extensión y brutalidad sin precedentes, cumple con el propósito de descabezar y desarticular al movimiento de izquierda y popular en todos los países en que se aplica, también contribuye a agudizar la crisis moral y el rechazo internacional a la política estadounidense.

La década de 1970 concluye durante el mandato presidencial de James Carter (1977‑1981). Influida por la breve «ola moralista» desatada por la publicación de Los Papeles del Pentágono, el Escándalo de Watergate y la revelación del rol de la administración Nixon en el golpe de Estado en Chile de setiembre de 1973, la plataforma de política hacia América Latina de la administración Carter se basa en los informes de la Comisión Linowitz, publicados en 1974 y 1976, respectivamente. Las recomendaciones más relevantes contenidas en el informe titulado Las Américas en un mundo en cambio o Informe Linowitz,[1] son: reconocer la erosión del poder mundial de los Estados Unidos; abandonar la llamada relación especial con América Latina; apegarse a la doctrina de no intervención, y adoptar un enfoque «global» en las relaciones con los países de la región. El Informe Linowitz sugiere aprovechar la estructura institucional de la OEA para promover el respeto a los derechos humanos y evitar los conflictos interregionales o mediar en ellos cuando surjan. Este informe llega a decir que «con relación al futuro de la OEA –incluso su estructura, liderato y localización–, los Estados Unidos deben guiarse principalmente por las iniciativas y los deseos latinoamericanos» (Sic!).[2]

Elaborado por solicitud expresa del presidente electo James Carter, el informe titulado Estados Unidos y América Latina: próximos pasos, más conocido como Informe Linowitz II,[3] aboga por la conclusión urgente de la negociación de los Tratados del Canal de Panamá, realiza varias recomendaciones en materia de derechos humanos, invita a la administración Carter a «reabrir un proceso de normalización de relaciones con Cuba»,[4] llama a reducir la transferencia de armas y evitar la proliferación nuclear en la región; aboga por un prisma de «comprensión de la situación y reclamaciones latinoamericanas», y se pronuncia por el estrechamiento de los intercambios culturales entre los Estados Unidos y América Latina. De toda esta agenda, a duras penas, Carter puede concretar la firma de los Tratados del Canal de Panamá.

Como resultado de la ofensiva de la «nueva derecha» contra el gobierno de James Carter, si bien los Tratados del Canal de Panamá se firman el 7 de setiembre de 1977, ello ocurre con gran retraso e imposiciones onerosas a Panamá. Por su parte, el proceso de normalización de relaciones con Cuba se revierte completamente en 1979. En sentido opuesto a los pasos dados durante los primeros dos años de su administración, incluida la firma de un Tratado de Pesca y la identificación mutua de posibilidades comerciales, la Directiva Presidencial No. 52, emitida por Carter, ordena a todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos realizar un análisis exhaustivo de las relaciones con Cuba para cerrar las «lagunas» (loopholes) existentes en el bloqueo que pudiesen ser utilizadas por el gobierno cubano en su propio beneficio económico. Esta directiva puede considerarse como antecesora de las leyes Torricelli y Helms‑Burton.

La «no intervención» se convierte desde 1979 en el blanco principal de los ataques del aspirante presidencial republicano Ronald Reagan, a partir de la conquista del poder por parte de fuerzas revolucionarias en Granada (13 de marzo) y Nicaragua (19 de julio), unidas a la intensificación de la lucha popular en El Salvador, ocurrida después que la oligarquía y el ejército logran neutralizar el golpe de Estado progresista (15 de octubre) que trata de interrumpir la cadena dictatorial impuesta en 1931.

Incluso antes del abandono de la política latinoamericana recomendada por la Comisión Linowitz, el gobierno de Carter carece de voluntad para promover la defensa de los «derechos humanos» y la «democratización» en Centroamérica, donde la represión practicada por las dictaduras militares de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras agudiza la crisis política, económica y social. El «inmovilismo» de Carter llega al punto de no haber retirado siquiera el apoyo a la tiranía somocista cuando ya es evidente su crisis terminal.[5] En este contexto se inserta otro de los hitos de la historia de las relaciones interamericanas, a saber, la derrota en la XVII Reunión de Consulta de la OEA, celebrada en junio de 1978, de la propuesta estadounidense de crear una fuerza interamericana de paz para intervenir en Nicaragua. Surge así el denominado conflicto centroamericano, término utilizado por el imperialismo norteamericano para aludir al estallido de la revolución social en una de las subregiones más atrasadas, pobres y polarizadas de América Latina. Ese estallido se ocurre cuando ya es irreversible el reflujo de la lucha armada revolucionaria en América del Sur, con excepción de Colombia, donde aún se mantiene.

Con el apoyo recibido de sus predecesores Johnson y Nixon y el que continuaban recibiendo de la «nueva derecha», de la banca privada e incluso de su propio gobierno, las dictaduras latinoamericanas continúan inmutables durante la presidencia de Carter. Al inicio de su mandato en enero de 1977, en América Latina (incluido Haití) había once dictaduras militares y dos dictaduras encabezadas por civiles. Las dictaduras militares imperaban en: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y El Salvador. Por su parte, había presidentes civiles al frente de gobiernos dictatoriales en República Dominicana y Haití. [6] En este total de trece países, la administración Carter ejerce presiones para evitar que sean escamoteados los triunfos electorales de Antonio Guzmán (República Dominicana, 1978), Jaime Roldós (Ecuador, 1979) y Hernán Siles Suazo (Bolivia 1978, 1979 y 1980). En este último caso, tras dos victorias consecutivas de Siles frustradas por los militares en 1978 y 1979, el golpe de Estado del general Luis García Meza contra la presidenta provisional Lidia Gueiler, impide por tercera vez el triunfo del viejo caudillo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Este último hecho «colma la copa» y provoca la crisis terminal de la doctrina de la democracia viable promovida por Carter, consistente en sustituir a las dictaduras militares por gobiernos civiles que respondieran a los intereses del imperialismo norteamericano. Esta doctrina solo se aplicó en las naciones donde se produjeron desconocimientos de los resultados electorales favorables a fuerzas políticas subordinadas al imperialismo norteamericano.

Después del fracasado intento de aplicar una política económica neoliberal en varios países de América del Sur, ocurrido en los años cincuenta, esa doctrina reaparece en Latinoamérica por mediación de la dictadura militar chilena de Augusto Pinochet (1973‑1989), que en 1976 emprende el programa de reestructuración económica y reforma del Estado recetado por la «Escuela de Chicago». Este experimento de aplicación de la doctrina neoliberal en las condiciones «privilegiadas» de represión imperantes en Chile se efectúa en momentos en que el imperialismo norteamericano –que se encuentra en el tránsito entre los gobiernos de Gerald Ford y James Carter– aún parecía inclinarse hacia el reconocimiento de los límites de su poderío mundial. La experiencia chilena fue una especie de balón de ensayo de la doctrina que pocos años más tarde sería impuesta como panacea universal.

Visto retrospectivamente, los cuatro años del único mandato presidencial de Carter es un período que los círculos de poder de los Estados Unidos se conceden para «exorcizar» el demonio de Richard Nixon, tras el cual le facilitan la entrada del demonio mayor: Ronald Reagan. En realidad, los primeros dos años del gobierno de Carter prueban ser suficientes para completar el exorcismo que, por demás, distó mucho de ser exhaustivo.



Notas

[1]    Comisión sobre las Relaciones Estados Unidos – América Latina (Comisión Linowitz): «Las Américas en un mundo en cambio» (Informe de la Comisión sobre las Relaciones de los Estados Unidos con América Latina o Informe Linowitz I), Washington D. C., octubre de 1974, Documentos No. 2, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1980.

[2]     Ibídem: p. 51.

[3]    Comisión sobre las Relaciones Estados Unidos – América Latina (Comisión Linowitz): «Los Estados Unidos y América Latina: próximos pasos» (Segundo Informe de la Comisión sobre las Relaciones de los Estados Unidos con América Latina o Informe Linowitz II), Documentos No. 2, Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1980.

[4]     Ibídem: pp. 100‑102.

[5]     «Se trataba simplemente –afirma Luis Maira– de asumir el carácter minoritario y corrompido del régimen; de advertir que su larga tradición de represión lo hacía irrecuperable en sí mismo para cualquier tentativa democrática; de evaluar hasta qué punto el control por los miembros de la dinastía de la estructura productiva nicaragüense había originado una resistencia civil que incluía a capas cada vez más amplias de la propia burguesía. En fin, de darse cuenta que existían en Nicaragua fuerzas políticas internas capaces de dar forma a un nuevo gobierno democrático moderado». Luis Maira: «La política latinoamericana de la administración Carter», Lecturas No. 2. Centro de Estudios sobre América, La Habana, 1982, pp. 23‑24. Al hacer esta afirmación, Maira pasa por alto que el gobierno de los Estados Unidos, durante la presidencia de Carter y la de cualquier otro mandatario de ese país, actúa en defensa de intereses imperialistas, no sobre la base de principios éticos.

[6]     Véase Gregorio Selser: Reagan: Entre El Salvador y las Malvinas, Mex‑Sur Editorial, México D.F., 1982, pp. 74‑75.