Tipo de documento: Fragmento de libro
Autor:
Título del libro: Procesos revolucionarios en América Latina
Editorial: Ocean Sur
Año de publicación: 2009
Páginas: 320-332


La integración latinoamericana

Francisco de Miranda fundó una sociedad secreta independentista basada en su concepción de crear una América Latina unida, como un grandioso resurgimiento del Tahuantinsuyo. La Confederación se denominaría Colombia, con capital en Panamá y abarcaría todos los territorios del sub-continente, desde México hasta el Cabo de Hornos, incluyendo Cuba.

Simón Bolívar, muy influido por las ideas de Miranda, una vez presidente acometió la integración latinoamericana, cuyo primer paso fue la República de Colombia, constituida en 1819 por neogranadinos y venezolanos. Luego, dio inicio a la etapa confederativa, cuando en 1822 José de San Martín firmó en el Perú un Tratado de Alianza con la vecina Colombia. Su articulado planteaba el compromiso de incorporar a los demás Estados de la región a una Liga de Unión Perpetua, que debía organizarse mediante una Asamblea General de Plenipotenciarios. Pocos meses después, Bolívar construyó el segundo eslabón confederativo, al rubricar un acuerdo semejante con Chile. Y, a finales de 1823, se alcanzó el tercer peldaño, con México.

En 1824, Bolívar solicitó a los Gobiernos confederados el envío de sus representantes a Panamá, con el propósito de que participaran en el Congreso Anfictiónico. Este se inauguró el 22 de junio de 1826 y sesionó hasta que tres semanas más tarde, los delegados firmaron el texto aprobado. Quedaba por delante a cada República ratificarlo, para que el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entrara en funciones. Pero esto nunca sucedió, pues la ofensiva tradicionalista desplazó del poder a los próceres revolucionarios y, en casi todos los países emancipados estableció el predominio conservador.

El proyecto de unidad latinoamericana que languidecía desde la muerte de Bolívar, fue revitalizado en 1848 por el Perú, cuando su presidente Ramón Castilla convocó a un movimiento solidario contra toda intentona recolonizadora. En él participaron además, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, aunque al final, en 1856, únicamente los tres primeros firmaron el tratado unificador, abierto a los otros Estados hispanoamericanos, así como al Brasil. El acuerdo no solo estipulaba cláusulas comerciales y monetarias, sino también contemplaba una colaboración militar en caso de producirse una agresión desde el extranjero. Por eso, al tener lugar las acciones filibusteras de William Walker contra Nicaragua, Castilla encabezó el irrestricto apoyo brindado a los centroamericanos hasta el fusilamiento del aventurero en 1860.

Dicho éxito condujo a la redacción de un Tratado de Alianza y Confederación entre Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Perú, al cual el México de Juárez fue invitado a asociarse, al estar amenazado por tres potencias europeas en 1861. Lamentablemente, a pesar de la incorporación mexicana al pacto, los demás Estados no lo ratificaron, por lo cual nunca entró en vigor.

José Martí, Eloy Alfaro, Sandino y algunos otros connotados revolucionarios, con posterioridad concibieron propósitos unitarios para la América Latina, pero no tuvieron la posibilidad de plasmarlos en efectivos acuerdos que impulsaran la integración de los diferentes Estados de la región. Hubo que esperar el ocaso del nacionalismo burgués latinoamericano, para que se promovieran tratados de unión económica entre países vecinos, con la ilusión de retrasar las consecuencias de las inexorables leyes económicas del capitalismo mediante una ampliación de los mercados. Así, el Brasil firmó un acuerdo con el Perú, mientras la Argentina establecía varios, con Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Después, los Gobiernos nacionalistas del Brasil y Argentina idearon un acercamiento político-económico, deseosos de sumar a Chile bajo la denominación de Pacto ABC. Pero nada se llegó a plasmar, pues dichos regímenes periclitaron, lo cual se manifestó en el suicidio de Getulio Vargas y el derrocamiento de Perón.

El nuevo ocupante del poder ejecutivo en el Brasil retomó la perspectiva de integración latinoamericana, pero con criterios desarrollistas,20 pues necesitaba tecnología y capitales extranjeros dado el desplome de los precios de las tradicionales exportaciones del gigante sudamericano. Con ese objetivo, en 1958, propuso a Estados Unidos que tuviese en cuenta las necesidades latinoamericanas para acabar con la miseria y el subdesarrollo. Pero dicho Gobierno no le hizo el menor caso.

La Revolución cubana triunfó cuando los esquemas integracionistas de América Latina se encontraban detenidos. Fidel Castro, sin embargo, estaba consciente de su trascendencia, pues en los países subdesarrollados la integración podía convertirse en un arma para la defensa de sus recursos naturales y su soberanía. Por ello, en el propio 1959, expresó:

Unámonos primero en pos de nuestros anhelos económicos, en pos del mercado común y después podremos ir superando las barreras aduaneras, y algún día las barreras artificiales habrán desaparecido. Que en un futuro no muy lejano nuestros hijos puedan abrazarse en una América Latina unida y fuerte. Ello será un gran paso de avance hacia la unión política futura, como fue el sueño de nuestros antepasados.21

Y algún tiempo después, al retomar el tema, añadió:

Somos latinoamericanos y sabemos que ningún país pequeño en el mundo de mañana tendrá la menor posibilidad de salir adelante […] El mundo de mañana será de grandes comunidades humanas y económicas en medio de la gigantesca revolución científica y técnica, y en medio de una lucha frente al imperialismo que todavía existe y existirá un período determinado de tiempo. Nosotros en el futuro nos integraremos económicamente a América Latina. No íbamos a integrarnos a Estados Unidos, por supuesto, porque en realidad la diferencia de lengua, de costumbre, de mentalidad, de todo es muy grande, no obstante que somos internacionalistas. ¡Y pensamos que un día nos integraremos con los pueblos de América Latina económica y políticamente!22

En los meses siguientes al triunfo de la Revolución cubana, el imperialismo estadounidense comenzó la búsqueda de alternativas burguesas para América Latina. Abandonó su oposición a los proyectos integracionistas y comenzó a apoyarlos. Entonces, febrero de 1960, surgió la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que inicialmente agrupó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta forma representaba la posibilidad más primaria de integración de cuantas existían, pues solo se planteaba terminar con el bilateralismo mercantil e iniciar paulatinamente el tránsito hacia nuevos objetivos; en el acuerdo no se incluían disposiciones concernientes a los pagos derivados del flujo de productos ni se adoptaban medidas sobre el transporte, a pesar de que la eficacia de este condicionaba las posibilidades de ampliar el intercambio comercial recíproco.

El comercio intrazonal casi se duplicó al ponerse en vigor el tratado; llegó a representar el 13% del total intercambiado. Luego, a partir de 1965, no creció más. Al mismo tiempo, los beneficios fueron muy desiguales; la participación de Argentina, Brasil y México, que antes del acuerdo representaba
el 45% del tráfico mercantil dentro de la zona, alcanzó el 66% en el año referido. Mientras, los países menos industrializados de la región acumularon un notable déficit comercial. Esto se reflejó en una cifra, el 69% de las exportaciones de manufacturas en el interior de la ALALC se efectuaba por las tres naciones señaladas, que albergaban las mayores inversiones foráneas. En realidad, fueron las transnacionales asociadas con los monopolios criollos las que mejor aprovecharon las mayores economías de escala; incluso con frecuencia, esos intereses de los grandes consorcios industriales promovieron acuerdos de complementación productiva entre las repúblicas, con el fin de incrementar sus ganancias.23

Los perjuicios sufridos por los burgueses fabricantes de los países de menor desarrollo económico relativo, no protegidos en forma alguna de la penetración de capitales extranjeros por el tratado en vigor, y los reiterados saldos negativos en su intercambio con los Estados más industrializados de la región, provocaron el rechazo de Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia a las prácticas de que eran objeto. Por eso, dichos cinco países firmaron, en mayo de 1969, dentro del ámbito de la ALALC, el Acuerdo de Cartagena.

El tratado que originaba el Pacto Andino tenía como objetivo propiciar que sus integrantes llegaran a competir con los de mayor desarrollo relativo dentro de la Asociación. Para alcanzar la meta de intensificar la industrialización subregional, el nuevo acuerdo contemplaba programas conjuntos e, incluso, el surgimiento de empresas multinacionales. Estas, cuya creación fue aprobada por la Decisión 46, podrían reunir capital de los integrantes y contar también con inversiones de otros países de América Latina. En lo concerniente al intercambio comercial, el Pacto establecía plazos progresivos, automáticos e irreversibles, de once años de duración en total, al final de los cuales la unificación mercantil culminaría con un arancel exterior común. Se contemplaba, no obstante, un tratamiento preferencial a Bolivia y Ecuador pues se les consideraba como de menor desarrollo económico relativo. El progreso del comercio intrazonal fue acelerado y en solo cinco años su magnitud se multiplicó por seis. Además, este acuerdo instituyó un banco financiero multinacional llamado Corporación Andina de Fomento; aprobó la Decisión 24, que regulaba la inversión extranjera en virtud de la cual las compañías foráneas tenían un plazo de quince años para transformarse en nacionales o mixtas; se prohibieron nuevos capitales provenientes del exterior en bancos e instituciones financieras, seguros, servicios públicos, empresas de transporte interno y publicidad o medios masivos de comunicación.

En febrero de 1973, el Pacto Andino se engrandeció con la adhesión de Venezuela, pero en julio de 1974 el Gobierno de Pinochet en Chile emitió el Decreto-Ley 600 que contravenía lo estipulado por la Decisión 24, con lo cual se inició una pugna, resuelta a los dos años, cuando se excluyó a Chile del Acuerdo de Cartagena.24

El Tratado de Managua, firmado en diciembre de 1960, agrupó a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su meta era establecer en el plazo de cinco años un mercado común para impulsar el crecimiento fabril mediante la sustitución de importaciones, aunque dicho proceso no implicaba la exclusión de capitales foráneos pues la burguesía industrial del área tenía poca importancia. A la vez, se creó un Banco Centroamericano de Integración Económica, que funcionaba en un 86% con créditos extranjeros. En solo once años el comercio intrazonal se multiplicó por ocho y la unificación arancelaria alcanzó un 95% del tráfico mercantil con tarifa externa común. Sin embargo, los 21 rubros no incluidos en el libre comercio abarcaban las exportaciones tradicionales, que eran las principales ventas al exterior: café, algodón, azúcar, bebidas alcohólicas y bananos. Además, el saldo deficitario de la balanza comercial común se incrementó en unas tres veces y media, sobre todo en provecho de Estados Unidos.25

El imperialismo yanqui logró expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1962. Un año después, en la Segunda Reunión Ministerial del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), se acordó crear la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana. Entre los objetivos básicos perseguidos con su constitución, se encontraba el de excluir a la Revolución cubana de las discusiones económicas sobre América Latina, pues solo los Estados representados en el CIES podían participar en dichas reuniones. Y en 1964, la OEA dispuso que sus miembros rompieran los vínculos con Cuba, lo cual fue cumplimentado por todos, menos México.

El triunfo de la Revolución cubana puso en crisis al dominio colonialista en el Caribe. Para tratar de encubrir esta anacrónica forma de sojuzgar, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda constituyeron en 1961 la Organización del Caribe, cuya sede se estableció en Puerto Rico. En ella participaron los territorios coloniales de las referidas cuatro potencias, y su existencia representó una variante caribeña de la Alianza para el Progreso. Sin embargo, la independencia de Jamaica y Trinidad-Tobago, en agosto de 1962, asestó un golpe mortal a dicha agrupación, que languideció hasta ser disuelta a los tres años. Luego, la emancipación de Guyana y Barbados, en 1966, inclinó definitivamente a todo el Caribe Anglófono hacia el fin del colonialismo. Entonces surgió el primer esfuerzo autóctono de integración económica en el área; en mayo de 1968, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad-Tobago y siete territorios bajo régimen autonómico formaron la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA, por sus siglas en inglés). Su objetivo era expandir y diversificar el intercambio mercantil, estimular el desarrollo equilibrado de los países miembros y dar un trato especial a los de menor desarrollo económico relativo. Para llevar esto a cabo, dentro del conjunto se creó un subgrupo integrado por las Islas de Sotavento —Antigua, Montserrat, San Cristóbal, Nevis y Anguila— y las de Barlovento —Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente—, al que se otorgaba el doble de tiempo (diez años) para eliminar sus aranceles. En lo concerniente a su progreso industrial, el CARIFTA planteaba sustituir los artículos manufacturados de importación por otros que se produjeran en la zona, cuyo financiamiento sería realizado mediante la creación del Banco Caribeño de Desarrollo, que tenía como entidad especializada para el subgrupo a la Corporación de Inversiones del Caribe, dedicada a disminuir la brecha con los de mayor desarrollo relativo. A partir del surgimiento de la referida asociación librecambista, la tasa de crecimiento del comercio intrazonal se triplicó, hasta alcanzar el 20% anual, de forma que sus integrantes pronto pasaron a ser sus principales socios mercantiles, superados exclusivamente por Gran Bretaña. Así, a principios de 1973, CARIFTA podía ufanarse de haber cumplido dos postulados básicos: implantación de un arancel aduanero externo único para todos y el ejercicio de una política comercial exterior común. Semejantes logros indujeron a los asociados a reunirse para trazar más amplias perspectivas.

La Octava Conferencia de los Jefes de Gobierno de los países del Caribe miembros de la Comunidad Británica de Naciones, celebrada en Georgetown en abril de 1973, decidió establecer la Comunidad del Caribe que incluía como subconjunto al Mercado Común Caribeño. Los participantes se plantearon, de esa forma, perfeccionar el proceso de integración iniciado precedentemente. El Tratado de Chaguaramas, firmado en julio del propio año por Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad-Tobago, planteaba tres objetivos; integración económica; cooperación en áreas como transporte aéreo y marítimo, servicios meteorológicos, salud pública, asistencia técnica, enseñanza y legislación; coordinación de la política exterior de los signatarios, lo cual devino más importante tras la incorporación a la Comunidad de: Antigua, Dominica, San Cristóbal-Nevis-Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Belice, Monserrat y Bahamas.26

El Sistema Económico Latinoamericano (Sela) surgió al firmarse el Convenio de Panamá en octubre de 1975. De este se excluyó a Estados Unidos, pero en él se incorporó con todos los derechos a los Estados caribeños anglófonos. La pertenencia de Cuba socialista al Sela evidenciaba que, por mediación de este organismo flexible se podían identificar coincidencias y propósitos comunes en una etapa cualitativamente superior de la integración de América Latina. Entre los más notables objetivos que el convenio establecía podían citarse los siguientes: auspiciar la formación de empresas multinacionales latinoamericanas que contribuyesen a una mejor utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de los países miembros; estimular niveles deseables de producción y suministros básicos, en especial de alimentos, en los cuales el subcontinente pudiera ser autosuficiente; propiciar que en la región se transformaran las materias primas para exportar productos elaborados; diseñar y reforzar mecanismos y asociaciones de productores para la defensa de los precios internacionales del café, el banano y el azúcar. El Sela también llamó al disfrute para todos sus miembros de las concesiones comerciales y arancelarias que estipulara la primera ronda de negociaciones llevada a cabo por la Asociación Latinoamericana de Integración. Esta se había organizado en 1980 para sustituir a la ALALC y, a diferencia de su predecesora, incorporó a Cuba como integrante plena y denunció que los países de la región, como promedio, destinasen el 40% de sus ingresos por concepto de exportaciones a la amortización de los intereses de la inmensa y aún creciente deuda externa.27

La derrota de las dictaduras militares fascistas y el restablecimiento de los gobiernos civiles en el Brasil y Argentina, facilitaron el surgimiento de una política de paz y cooperación entre esos dos países. Un reflejo de ello fue la firma entre los presidentes brasileño y argentino en 1985, del Acta de Foz de Iguazú, que patentizaba la voluntad de impulsar el desarrollo e integración regional. Al año, veinticuatro protocolos se habían acordado entre ambos Estados, los cuales debían conducir en diez años al surgimiento de un mercado común mediante la desaparición de todas las barreras, arancelarias o no, y la armonización de las políticas comerciales. El éxito del proceso atrajo al poco tiempo a los contiguos Paraguay y Uruguay, por lo cual, en marzo de 1991, entre los cuatro mencionados países se formó el Tratado de Asociación que daba vida al Mercado Común del Sur, cuyo período de transición debía culminar el 31 de diciembre de 1994. El Mercosur se caracterizó por la simultánea apertura arancelaria, gradualmente aplicada con igual ritmo para todos los productos acordados, a diferencia del complejo y lento criterio utilizado para la negociación de cada producto, empleado en experiencias anteriores. También, se redujeron las listas de productos que se exceptuaban de los procesos acordados para la desgravación, lo cual facilitó que el régimen de libre comercio abarcara en poco tiempo al 90% de las mercancías. A la vez, el Arancel Externo Común (AEC) destinado a las importaciones provenientes de fuera de la zona entró en vigor a partir de 1995 y constituyó el principal instrumento de política comercial de la asociación en su primera etapa. La estructura básica del AEC incluía once niveles de tarifas, con valores de entre el 2 y el 20%. Los sectores o productos momentáneamente excluidos debían ser objeto de una transición gradual, desde los niveles nacionales de protección hasta el AEC, y toda la convergencia se debía lograr para el año 2006. Asimismo, se estimularon los flujos de capital dentro de la asociación y creció la inversión extranjera, sobre todo en los sectores automotor, alimenticio, petroquímico y textil. Todavía quedaban, sin embargo, negociaciones difíciles sobre los productos en las listas de excepciones o en los sectores transitoriamente excluidos, y en el ámbito de los bienes de capital y las telecomunicaciones e informática. A la vez, subsistían grandes diferencias en las regulaciones nacionales sobre finanzas, seguros, transporte aéreo y algunas áreas más. De igual forma, se debían acercar las legislaciones sobre condiciones y asuntos laborales, para facilitar el surgimiento de un mercado integrado en lo concerniente a la fuerza del trabajo. Y contemplar el apoyo y ayuda a las regiones con situaciones económicas desfavorables. Por lo tanto, a diferencia de los acuerdos proteccionistas precedentes, sustitutivos de importaciones —que pretendían aislar las economías internas de la competencia extranjera—, este acuerdo generó la interdependencia, notable en la industria automotriz, modernizada y ampliada.

Otra peculiaridad del Mercosur, es la importancia que en él desempeñaban las pequeñas y medianas empresas (PYME), aunque dadas las diferentes estructuras productivas en cada país, ese concepto implica tamaños distintos en las diversas economías; por ejemplo, las PYME del Brasil pudieran ser como de gran envergadura en Paraguay. Ellas con frecuencia fabricaban productos intermedios como piezas y partes o componentes, o participaban en procesos de subensamblaje que formaban parte de otras manufacturas, de forma tal que estaban fuertemente insertadas en variadas actividades industriales por su eficiencia, calidad y productividad, lo cual las convertía en muy competitivas.

Chile, no perteneciente a ninguna entidad integracionista, firmó un acuerdo de asociación con Mercosur el 25 de junio de 1996. Le siguió Bolivia, incorporada al Pacto Andino, pero con fuerte atracción hacia las economías de Argentina y el Brasil. También en esta oportunidad los bolivianos lograron que los demás miembros del tratado le otorgasen la condición —como al Paraguay— de país de menor desarrollo relativo, lo cual implicaba condiciones preferenciales.28

Dentro del ámbito de la integración de América Latina, en 1991 surgió el fenómeno político de las Cumbres Iberoamericanas, la primera de las cuales tuvo lugar en Guadalajara, México. Esto fue trascendente, pues aunque en ella participaron España y Portugal, se excluyó a Estados Unidos. Asimismo, se decidió celebrarlas anualmente, con un tema específico y diferente cada vez, a partir del criterio de que la cooperación política implicaba una interacción entre las naciones; fundamentada esta en el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y la independencia de todos los países. Se consideraba, por lo tanto, que las naciones latinoamericanas podían seleccionar por sí mismas los medios, mecanismos e instrumentos de gobernación que se estimaran pertinentes en cada sociedad. En virtud de ello, las declaraciones de las cumbres se han caracterizado por su reiterada condena a toda legislación unilateral de sesgo extraterritorial, por lo que han repudiado la agresiva y anticubana Ley Helms -Burton.29

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se constituyó el 24 de julio de 1994 por 25 países de la cuenca; participaban en ella 12 Estados del Caricom, 5 de Centroamérica, 2 pertenecientes al Pacto Andino, México —incorporado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto a Estados Unidos y Canadá—, así como Cuba, República Dominicana, Haití y Surinam, no integrados previamente a ningún acuerdo. También tomaban parte los territorios dependientes de Holanda, Francia y Gran Bretaña; Puerto Rico e Islas Vírgenes no fueron autorizados por su metrópoli a incorporarse a la AEC. Este convenio se propuso:

Promover, consolidar y fortalecer el proceso de cooperación e integración regional del Caribe, a fin de establecer un espacio económico ampliado, que contribuya a incrementar la competitividad en los mercados internacionales y a facilitar la participación activa y coordinada del área en los foros multilaterales.

Sin embargo, las naciones que se asociaron presentaban un alto grado de heterogeneidad; el 84% del PIB se concentraba en Colombia, México y Venezuela; el 10% en las Antillas —anglófonas e hispanoparlantes—; y solo el 6% en Centroamérica. Además, con frecuencia, el comercio exterior de dichos países era competitivo entre ellos y no complementario; algunos casi no tenían relaciones mercantiles entre sí, mientras otros las sostenían en un solo sentido, pues exclusivamente importaban o exportaban de sus vecinos. Y las tres mayores economías sostenían un comercio importantísimo con Estados Unidos; México, su inmensa mayoría; Venezuela, la mitad y Colombia, un 40%.

En 1995, la Asociación celebró su Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que formuló una Declaración de Principios y Plan de Acción sobre Turismo, Comercio y Transporte. A pesar de ello, la AEC se proyectaba más como un espacio de cooperación que de integración. En sus empeños, sobresalía la decisión de los gobiernos participantes de concebir una estrategia que promoviera al área como Zona de Turismo Sostenible, lo cual definía un estilo de crecimiento de esa actividad mediante una serie de principios y estrategias que la convirtiesen en un conjunto armónico y coherente. Se podría así impulsar el multidestino, lo cual provocaría avances en los transportes aéreos y marítimos, que redundarían en la ampliación de los flujos comerciales de la región.30

En América Latina, a principios del siglo xxi, existía un gran rechazo al denominado Consenso de Washington, o conjunto de disposiciones concebidas en Estados Unidos para que nuestro subcontinente superase el estancamiento económico padecido desde la década de 1980. Se trataba de recetas de ineludible aplicación, que implicaban: mantener una estricta disciplina fiscal para controlar cualquier déficit presupuestario; disminuir los gastos públicos aunque se afectaran la salud y la educación; realizar una reforma tributaria en beneficio de los contribuyentes más ricos; dejar sin control gubernamental las tasas de interés bancario; establecer el ilimitado librecambio comercial; privatizar todos los activos estatales; y abrir por completo las economías nacionales a la inversión extranjera directa. Con el propósito de enfrentar esos postulados neoliberales, los presidentes Lula, del Brasil, y Kirchner, de Argentina, lanzaron el Consenso de Buenos Aires, que defendía la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el analfabetismo. Dicho documento afirmaba, además, que no se podía pagar la enorme deuda externa de la región con hambre y exclusión social ni tampoco mediante abusivos programas de ajustes financieros como los propugnados por el FMI; al mismo tiempo reclamaba un fortalecimiento de las funciones del Estado, velar por un crecimiento económico sostenido con una distribución equitativa de las riquezas y disposiciones tributarias más justas.31

En correspondencia con este nuevo postulado latinoamericanista, al año, en el ciento ochenta aniversario de la batalla de Ayacucho y de la convocatoria bolivariana al Congreso Anfictiónico de Panamá, en la muy simbólica ciudad del Cuzco, se reunieron las máximas autoridades de los Estados independientes de América del Sur para instituir la Comunidad Sudamericana de Naciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y supraestructural de la región. Esto se debía lograr mediante un modelo unificador nuevo, con identidad propia en medio de la diversidad, pues se reconocía la existencia de concepciones políticas e ideológicas diferentes, las cuales correspondían a la pluralidad democrática de nuestros países, cuyo propósito en definitiva era alcanzar mayor equidad y reducir la pobreza por medio de la disminución de asimetrías.

En tanto que una consecuencia de este proyecto, se diseñó un acercamiento del Pacto Andino con el Mercosur, el cual a su vez firmó con Cuba un acuerdo de complementación económica; sugirió un acercamiento con el Caricom; ofreció ayudar a Panamá en la ampliación del canal interoceánico; acordó erigir Petroamérica; estipuló los plazos para construir el gigantesco Gasoducto del Sur a un costo superior a los 25 000 millones de dólares; y concibió el futuro Banco del Sur. Este se crearía para suplantar en el área al Banco Mundial y a la política prestamista del FMI, con el propósito de estructurar un mercado de capitales y materias primas, así como crear un Fondo de Reserva con vistas a atender los desequilibrios entre países sudamericanos. Todo ello sería posible porque esta zona abarcaba más
de 17 000 000 de kilómetros cuadrados, con un PIB cercano al billón o millón de millones de dólares, cantidades prácticamente ilimitadas de todo tipo de minerales sólidos, gas y petróleo, cuyas exportaciones anuales rondaban los 200 000 millones de dólares.

A la semana de ese trascendente acontecimiento, América Latina dio otro salto de calidad con la puesta en práctica entre Cuba y Venezuela de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), propuesta por el presidente Chávez, que resultaba novedosa y justa porque rechazaba la rivalidad o competencia económica, al auspiciar la complementariedad productiva e impulsar así un comercio avalado por una acertada práctica inversionista que propiciaba la interconexión energética y de las comunicaciones. A este asombroso acuerdo integrador se sumó después Bolivia, y poco más tarde se añadió Nicaragua, mientras Ecuador anunciaba su intención de hacerlo también.

Se retomaba de esa manera el pensamiento y esfuerzos integradores de Miranda, Bolívar, Martí, Sucre, O’Higgins, San Martín, Artigas, Hidalgo, Alfaro, Morelos, Sandino, Juárez, Morazán, Petión y tantos otros próceres que lucharon por una Patria Grande en América Latina, y cuya conformación, evidentemente, ha comenzado.32

 


Notas

20.    Los gobiernos nacionalistas del Brasil y Argentina en época de Vargas y Perón habían ideado un acercamiento político-económico con los países vecinos, basados en el Capitalismo de Estado y en la movilización de capitales nativos para impulsar la Integración Latinoamericana. Agotados los referidos procesos de Integración Nacionalista, las nuevas concepciones de Integración se basaron en el llamado desarrollismo, que implicaba recurrir a capitales foráneos acompañados de tecnología extranjera.

21.    Fidel Castro: «Declaraciones», periódico Hoy, La Habana, mayo 6 de 1959.

22.    Fidel Castro: «Discurso pronunciado con motivo del XIX Aniversario del Asalto al Moncada», periódico Granma, La Habana, 27 de julio de 1972.

23.    Alberto Prieto: Apuntes para la historia económica de América Latina, ed. cit., p. 154.

24.    Ibíd., p. 158.

25.    Ibíd., p. 155.

26.    Ibíd., pp. 157-158.

27.    Alberto Prieto: Ideología, economía y política en América Latina, siglos xix y xx, ed. cit., pp. 216-217.

28.    Ibíd., p. 218.

29.    Ibíd., p. 219.

30.    Ibíd., p. 220.

31.    Ibíd., p. 233.

32.    Alberto Prieto: Mirándose a sí misma. Apuntes para una historia de América Latina. ed. cit., p. 228.