Tipo de documento: Capítulo de libro
Autor:
Título del libro: América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda (edición actualizada)
Editorial: Ocean Sur
Lugar de publicación: México D.F.
Año de publicación: 2006
Páginas: 165-221


América Latina en el Nuevo Orden Mundial

La etapa objeto de análisis (1989‑2006) corresponde al tránsito entre la bipolaridad de posguerra y el llamado Nuevo Orden Mundial. Si bien esa transición comenzó en 1985 –a partir de la elección de Mijail Gorbachov como secretario general del PCUS, el lanzamiento de la perestroika y la glasnost–, su desenlace, la desaparición de los Estados socialistas europeos, que abarca desde la «caída» del Muro de Berlín (en diciembre de 1989) hasta la implosión de la URSS (en diciembre de 1991), ocurre dentro de la presidencia de George H. Bush, quien aprovecha el cambio en la situación internacional para emprender la invasión a Panamá (1989) y la Guerra del Golfo (1991). Como parte de ese proceso, el imperialismo norteamericano inicia la reestructuración del sistema continental de dominación creado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.[1]

A la llamada reforma del Sistema Interamericano le anteceden dos décadas y media (1964‑1989) durante las cuales, mediante las dictaduras militares de «seguridad nacional» o de gobiernos civiles autoritarios, fue destruida una gran parte del movimiento popular y de izquierda, desarticulado el sistema de alianzas sociales y políticas establecido durante el período nacional‑desarrollista, y transformado el Estado latinoamericano –hasta entonces dedicado a la protección y el fomento del mercado interno– en el principal agente de la desnacionalización. Con estos propósitos, en 1964 el presidente Lyndn B. Johnson abandonó la tradicional monserga estadounidense sobre la «democracia representativa» y proclamó que prefería contar con «aliados seguros» en América Latina. Veinticinco años después, a expensas de un costo humano de más de cien mil muertos, torturados, presos y exiliados, a George H. Bush le correspondía retomar el culto a la «democracia» y los «derechos humanos» con vistas a institucionalizarlo como pilar político e ideológico de un grado cualitativamente superior de subordinación de América Latina a los dictados del imperialismo. Debido a que el hilo conductor de este análisis es la política de los últimos tres presidentes de los Estados Unidos, la exposición está organizada en cuatro bloques que se corresponden con la presidencia de George H. Bush (1989‑1993), el primer mandato de William Clinton (1993‑1997), el segundo mandato de William Clinton (1997‑2001) y los primeros seis años de gobierno de de George W. Bush (2001‑2006).


El inicio de la reestructuración del Sistema Interamericano en la presidencia de George H. Bush (1989‑1993)

Después de ejercer la vicepresidencia de los Estados Unidos durante los dos mandatos de Ronald Reagan (1981‑1989), al asumir el gobierno el 20 de enero de 1989, George Herbert Bush se coloca en posición de cosechar los frutos de la política de fuerza de su predecesor. Reagan concluye la «pacificación» de América Latina iniciada por Johnson en 1964, pero lo hace al precio de una agudización sin precedentes de las contradicciones con las élites de la región. Tan grave es el deterioro de las relaciones con los gobiernos latinoamericanos, que le impide pasar a la fase de negociación‑imposición de una cobertura institucional para legitimar los cambios impuestos por la fuerza en el sistema de dominación. Esa misión le corresponde a Bush.

Durante los primeros años en que George H. Bush ocupa la Casa Blanca, su gobierno elimina los últimos obstáculos que impedían la estandarización de la democracia neoliberal como pilar político del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano. Esos obstáculos eran, por una parte, la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y los remanentes del proceso de nacionalista y popular instaurado en 1968 por Omar Torrijos en Panamá; por otra parte, las dictaduras militares que aún subsistían en Paraguay y Chile. Hay una interrelación directa en la política imperialista hacia estos cuatro países: la invasión a Panamá y la derrota electoral del FSLN en Nicaragua, permitían dar por concluida la «pacificación» iniciada en 1964, cuyo eje había sido, precisamente, la dictadura militar; en sentido inverso, la imposición de la democracia neoliberal en Paraguay y Chile, permitía cerrar el cerco contra los dos gobiernos «no democráticos» de la América continental, Panamá y Nicaragua. Una vez «democratizados» Panamá, Nicaragua, Paraguay y Chile, el imperialismo norteamericano puede iniciar la construcción de un sistema de dominación continental entre cuyas funciones se encuentra el aislamiento de la Revolución Cubana.

Días después de la toma de posesión de Bush, en febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez derrocó en Paraguay, con un golpe de Estado, a su suegro Alfredo Strossner. Meses más tarde, Rodríguez «legitimó» su presidencia con un proceso electoral al que acudió como candidato del oficialista Partido Colorado. Por su parte, en Chile, a raíz del referéndum realizado en 1988, en el cual las «alternativas» eran prolongar la dictadura o sustituirla por una democracia restringida diseñada por el propio Pinochet, en octubre de 1989 se produjo el triunfo del gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia (Concertación), encabezado por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, cuya toma de posesión tuvo lugar en marzo de 1990.

El concepto democracia restringida ha sido ampliamente utilizado en América Latina. Este es un término que puede prestarse a confusión debido a que democracia es una forma de dominación y subordinación de clase, que lleva implícita la noción de restricción de las libertades de las clases dominadas y subordinadas. Con el término democracia restringida se identifica al sistema político impuesto en América Latina con posterioridad a las dictaduras militares de «seguridad nacional», que, además de las limitaciones y condicionamientos inherentes a la democracia burguesa en sentido general, fue concebido e implantado, de manera específica, para cerrar en los países de la región aquellos espacios de confrontación de los que habló Gramsci, en los cuales los pueblos puedan arrancarle concesiones al imperialismo y sus aliados locales.

La llamada transición a la democracia en Chile desempeñó un importante papel en la reestructuración del sistema de dominación continental. Desde su implantación en 1976, el neoliberalismo chileno había sido presentado como el prototipo de «milagro económico» a emular por el resto de los países de la región. Sin embargo, la reestructuración en Chile estuvo precedida, acompañada y seguida por una violencia de tal magnitud, que la copia de la «experiencia económica» era poco atractiva. Para persuadir al resto de Latinoamérica a que asumiera el «modelo chileno», era necesario dotarlo de un «rostro democrático», justificar sus costos sociales, y ocultar la depredación de la economía, las riquezas naturales y el medio ambiente. Con palabras de Hugo Fazio:

La dictadura abrió paso al modelo económico [neoliberal] mediante la violencia extrema. En una nueva etapa, ya implantado el modelo, requería de otra base de sustentación y también de otra forma de llevarse adelante. La violencia progresivamente fue siendo reemplazada por mecanismos económicos. Ello era necesario, además, para lograr una inserción internacional más plena, sin los frenos que significaba la dictadura, por las resistencias que levantaba en diferentes países.[2]

Las condiciones impuestas por Pinochet para aceptar la «democratización» en Chile incluyeron su continuidad al frente de las Fuerzas Armadas, el otorgamiento de una amnistía por las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura y la aprobación de una Constitución redactada por sus colaboradores. Entre otros elementos, esa Constitución otorgó privilegios y poderes de veto a las instituciones castrenses, asignó el cargo de senadores vitalicios a los principales jefes militares en retiro e impuso un sistema electoral concebido para discriminar a los partidos de izquierda. La amnistía de los golpistas chilenos fue una variante de las leyes de caducidad y punto final aprobadas en 1986, respectivamente, por los gobiernos de Julio María Sanguinetti en Uruguay y Raúl Alfonsín en Argentina.

El «retorno a los cuarteles» de las fuerzas armadas se percibía entonces como una maniobra para mejorar la imagen de los países gobernados por dictaduras, en virtud de la cual los militares fungirían como el «poder detrás del trono». Las condiciones de la «transición democrática» en Chile parecieron corroborar esa percepción. Allí Pinochet empleó la amenaza de un eventual retorno a la dictadura, una opción que en realidad ya no encajaba en la política estadounidense, para presionar al pueblo a que aceptara el «mal menor» de la democracia neoliberal. Ese temor popular al retorno de la dictadura explica la derrota en Uruguay, en 1989, del referéndum convocado por el Frente Amplio (FA) y otras fuerzas progresistas con el propósito de revocar la ley de caducidad. Mientras tanto, el imperialismo creaba los mecanismos transnacionales que, en lo adelante, se encargarían de la función represiva hasta entonces ejercida mediante los golpes de Estado. A partir de la imposición de la democracia neoliberal en Paraguay y Chile, el imperialismo concentró el ataque contra los gobiernos «no democráticos» de Panamá y Nicaragua.

El 20 de diciembre de 1989 el imperialismo norteamericano invadió Panamá desde sus bases militares ubicadas en la Zona del Canal. Esa invasión se produjo en medio del clima internacional creado por la caída del Muro de Berlín, ocurrida el día 9 de ese mes. A esta acción militar le antecedió una campaña desestabilizadora y deslegitimadora basada en la acusación de que el «hombre fuerte» de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, mantenía vínculos con el narcotráfico. El pretexto para la invasión lo facilitaron las propias autoridades panameñas. Con la ilusión de que podría librarse de la campaña desestabilizadora de que era objeto, el gobierno panameño –en el que Noriega ejercía el poder real– convocó a elecciones en 1989. En esas elecciones triunfaron las fuerzas políticas de la derecha, unificadas en torno a la candidatura de Guillermo Endara. Sin embargo, escudado en la acusación de que la victoria de Endara había sido fraudulenta, Noriega desconoció los resultados electorales, acción que lo colocó en rebeldía en medio del «clima democrático» impuesto en el continente.

Sobre las elecciones panameñas de 1989 vale la pena apuntar que, confiado en aprovechar ese mecanismo para validar su triunfo y conjurar así la campaña desestabilizadora del imperialismo, el gobierno de Panamá promovió la asistencia de misiones de observación internacional, una nueva modalidad de «combate al fraude» que promovía entonces el gobierno de los Estados Unidos por medio de la OEA. Esta fue la primera oportunidad en que se practicó la «observación electoral», la cual sentó el precedente de una nueva modalidad de injerencia imperialista en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas. En la actualidad, más que las autoridades electorales de cualquier nación y que otros observadores internacionales, quienes «dictaminan» la validez o no de toda elección que se celebre en América Latina son la OEA y el Centro Carter.

De acuerdo con el patrón de subordinación al imperialismo impuesto en esos años –con la excepción de Cuba–, los gobiernos de América Latina se hicieron cómplices de la agresión contra Panamá. El Grupo de Río ayudó a crear las condiciones para la intervención militar mediante la suspensión de la membresía del gobierno panameño en dicho grupo. Después de la invasión, el Grupo de Río se limitó a pronunciarse a favor del «pronto restablecimiento institucional» y levantó las sanciones a Panamá cuando Endara asumió la presidencia, dentro de una base militar estadounidense en la Zona del Canal. Esa actitud representó un abandono del concepto de solidaridad latinoamericana frente a las agresiones externas, que alcanzó su expresión culminante durante la Guerra de las Malvinas.

Menos de dos meses después de la intervención en Panamá se produjo la derrota «electoral» de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. También en este caso un gobierno bajo asedio imperialista pensó que podría beneficiarse de la «observación internacional», y también en este caso el resultado fue el afianzamiento de esa modalidad de injerencia imperialista. El revés del FSLN en las elecciones de febrero de 1990 fue resultado de la política de doble carril ejecutada por la administración Reagan, la presión ejercida desde 1985 por el gobierno de Gorbachov para que aceptase una «solución negociada» a cualquier precio y los errores del propio FSLN, en particular la promulgación de la ley del Servicio Militar Patriótico (obligatorio), que despertó el rechazo de amplios sectores de la población.

El revés electoral del sandinismo provocó un cambio en la correlación de fuerzas en América Central. La negociación entre el FMLN y el gobierno de El Salvador, concebida hasta entonces como un recurso táctico de apoyo a la lucha armada, se transformó en la única opción para esa coalición de izquierda. La nueva situación compulsó a la URNG a emprender un camino similar. Así se extinguieron en Centroamérica las últimas brasas del fuego revolucionario que recorrió a América Latina a partir del triunfo de la Revolución Cubana. También desaparecieron las últimas las causas que enturbiaron las relaciones interamericanas durante la presidencia de Reagan.

El primer país latinoamericano donde se produjo un estallido social fue Venezuela. La crisis política venezolana comenzó a manifestarse a comienzos de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez,[3] cuando, días después de la toma de posesión, el 27 y 28 de febrero de 1989, se produjo el estallido popular conocido como el Caracazo, durante el cual varios cientos de personas murieron a consecuencia de la represión. Fue en este convulso mandato de Pérez que, como una de las expresiones de la crisis política en aumento, el 4 de febrero de 1992 se efectuó la Operación Ezequiel Zamora, nombre con el que fue bautizado el intento de golpe de Estado en el cual el Hugo Chávez desempeñó el papel protagónico.

En virtud de las protestas populares contra el desgobierno y la corrupción de Pérez, su gobierno fue interrumpido por el Congreso en mayo de 1993. Durante la presidencia interina de Ramón J. Velásquez, en diciembre de ese año, se celebran las elecciones en las cuales, en medio de acusaciones de fraude, triunfa el ex presidente Rafael Caldera, mientras Andrés Velásquez, entonces candidato de la organización de izquierda Causa Radical, fue desplazado del primero al cuarto lugar cuando se restableció una «falla» en el sistema de cómputo ocurrido en horas de la tarde.[4] Esta segunda elección de Caldera fue la ruptura de la alternancia bipartidista de Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (demócrata cristiano), sellada en 1959 mediante el denominado Pacto de Punto Fijo, que pretendió erigirse en una alternativa a la Revolución Cubana. Este fue un intento desesperado de evitar el quiebre de la institucionalidad democrático burguesa, pero Caldera a duras penas alcanzó a terminar su mandato.

En otros países de la región, ante la frustración característica de fines de los años ochenta y principios de los noventa proliferó la figura del caudillo «neopopulista» que, mediante la crítica a «la política» y «los políticos», se aprovechaba de la desesperación popular para reciclar la dominación. Como parte de esa corriente, en 1989, Fernando Collor de Mello y Carlos Saúl Menem incentivaron y manipularon a su favor, en Brasil y Argentina, respectivamente, el voto de castigo contra un sistema político del cual formaban parte. Aunque Alberto Fujimori no tenía una trayectoria política anterior, como Collor y Menem, algo análogo ocurrió con él en la elección peruana de 1990, cuando «sepultó» con una avalancha de votos a los partidos tradicionales, tanto de la derecha como de la izquierda. Otro paliativo a la crisis estructural que se afianzaba era la conformación de alianzas entre fuerzas de muy diversas trayectorias políticas e identidades ideológicas –en algunos casos conformadas hasta por antagonistas históricos–, destinadas a contrarrestar el descrédito del sistema político y electoral. Esa práctica se inició en 1989, con el Acuerdo Patriótico en Bolivia, que facilitó el ascenso a la presidencia del socialdemócrata Jaime Paz, candidato del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con el apoyo del ex dictador Hugo Banzer.[5]

Una vez concluida la «pacificación» de América Latina y reafirmada la subordinación de las burguesías de la región, se inició la fase de institucionalización del nuevo sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano, cuyos tres pilares fundamentales son: la afirmación de la democracia representativa como única forma legítima de gobierno en el continente americano (pilar político); el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (pilar económico), y el aumento de la presencia militar directa de los Estados Unidos en América Latina y de su control sobre las fuerzas armadas de la región (pilar militar).

Tan pronto como el imperialismo logró sortear la crisis del sistema financiero internacional ocasionada por el crecimiento desenfrenado de la deuda externa, el gobierno de Bush la institucionalizó como mecanismo de dominación y penetración. Mediante el Plan Brady, Bush encubrió ese proceso con la apariencia de cierta flexibilización y alivio con respecto a la política de elevación de las tasas de interés, restricción de créditos y exigencia de pagos, impuesta por Reagan. Con este antecedente, el lanzamiento en diciembre de 1989 de la Iniciativa para las Américas o Iniciativa Bush, incluida la idea de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se convirtió en el catalizador de un giro de ciento ochenta grados en la actitud de los gobiernos de América Latina. La ilusión generada por el supuesto libre acceso al mercado de los Estados Unidos, no solo sirvió para que las burguesías de la región enterraran sus diferencias con Washington, sino también para vencer su resistencia a pagar los costos de la reestructuración neoliberal. Esos costos consistían en enfrentar la crisis económica, política y social de la región, incluida la quiebra de una parte importante de sus propios capitales, la desarticulación del sistema político electoral y la represión del movimiento popular de protesta y resistencia.

En medio de las expectativas generadas por el ALCA, poco más de un año después de la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y el establecimiento de la democracia neoliberal en Chile, en junio de 1991, el gobierno de los Estados Unidos logró que la Asamblea General de la OEA, realizada en el propio Santiago de Chile, aprobara el Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano. A partir de su adopción, la reforma de la Carta de la OEA, originalmente concebida para promover la democratización de esa organización, se convirtió en su contrario. El Compromiso de Santiago no solo anuló el concepto de pluralismo en las relaciones interamericanas –que se había abierto paso en los años setenta–, sino también sirvió de base para la institucionalizar mecanismos transnacionales de injerencia, control y sanción que sustraen crecientes cuotas de poder del ámbito de la soberanía de las naciones de América Latina.

La legitimación de la injerencia en los asuntos internos de los Estados se reflejó en el XVI Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizado en Washington D. C. en diciembre de 1992, en el cual se aprobó el Protocolo de Washington. Este protocolo estableció que un miembro cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del derecho de participación en todas las instancias del Sistema Interamericano. Las nuevas medidas constituyeron un escalón superior con respecto al Compromiso de Santiago porque establecieron sanciones concretas contra quienes violasen el compromiso indeclinable con la defensa y la promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región y eliminaron la condición de que la defensa de la democracia representativa se mantuviera dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención. Como parte de ese proceso, todos los foros, acuerdos y mecanismos regionales y subregionales latinoamericanos asumieron la llamada cláusula democrática, que prohíbe la pertenencia de países en los que no impere la democracia representativa y establece la separación –junto con otras amenazas, presiones y represalias– contra aquellos en los que se interrumpa el «orden democrático». Por solo citar algunos ejemplos, esa cláusula fue adoptada por el Grupo de Río, el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones. Los objetivos fundamentales de este andamiaje son: primero, recrudecer la política de bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana; segundo, establecer un pacto transnacional entre las élites de la región destinado a evitar el triunfo de nuevas revoluciones o procesos políticos populares, y tercero, implantar un mecanismo para reencauzar por vías constitucionales los conflictos interburgueses que estallen mediante de golpes de Estado u otras vías que pongan en riesgo al nuevo sistema de dominación.

El golpe de Estado en 1991 contra el presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide y el autogolpe en 1992 de Alberto Fujimori en Perú, ocurridos ambos antes de la firma del Protocolo de Washington, sirvieron de ejercicio práctico a las nuevas facultades de la OEA. El procedimiento consiste en designar una comisión para que negocie con las partes en conflicto una fórmula de «solución política» con los mayores visos de legalidad posibles, siempre tratando de evitar que la situación pueda derivar hacia un proceso de orientación popular. En el caso de Haití, el presidente Aristide fue instalado en la Isla del Gobernador, en la ciudad de Nueva York, donde participó en una negociación en la que aceptó neutralizar el radicalismo social del Movimiento Lavalás, que él encabezaba. El desenlace de esa negociación fue el regreso de Aristide al gobierno cuando ya estaba a punto de expirar su mandato. En el caso de Perú, la OEA le concedió a Fujimori un plazo de varios meses para convocar una Asamblea Constituyente, la cual legitimó su permanencia en el poder.

El cambio en la correlación mundial de fuerzas, la avalancha de la doctrina neoliberal y la percepción de que la Revolución Cubana tenía sus días contados, provocaron un cambio en la actitud de los gobiernos latinoamericanos respecto a Cuba. Hasta ese momento, los principales miembros del Grupo de Río abogaban por el levantamiento de las sanciones contra Cuba en la OEA y su reingreso a esa organización. Esas posturas habían sido adoptabas durante la década anterior, al calor de sus contradicciones con la administración Reagan. Sin embargo, como expresión de la nueva situación, en la Cumbre de Cartagena (1991), ese mismo grupo emitió, por primera vez, una declaración crítica sobre la «democracia» y los «derechos humanos» en Cuba. Esa crítica fue reiterada posteriormente en varias ocasiones y hecha extensiva a las reuniones de jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea y América Latina.

Entre vientos cruzados se celebró en Guadalajara, en septiembre de 1991, la Primera Cumbre Iberoamericana. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos y algunos gobernantes latinoamericanos, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, invitó a ese evento al presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz. Desde ese momento, el imperialismo norteamericano y sus aliados intentaron crear una situación incómoda dentro de este espacio para que Cuba se viese obligada a abandonarlo.

De 1982, año en que los Estados Unidos y América Latina quedaron en bandos opuestos a raíz de la Guerra de las Malvinas, data el primer llamado reciente a crear un espacio iberoamericano de concertación política.[6] Fue una de las iniciativas de aquella década destinada a fortalecer la capacidad de enfrentamiento de Latinoamérica al imperialismo, entre ellas, crear una Asociación de Estados Latinoamericanos y readmitir a Cuba en la OEA. Sin embargo, el giro en la posición de los gobiernos de la región ya se había producido. Uno de los propósitos del gobierno de los Estados Unidos al promover la adopción del Compromiso de Santiago era, precisamente, cerrar el debate sobre el reingreso de Cuba al Sistema Interamericano. Como parte del recrudecimiento del bloqueo, a finales de 1992 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Torricelli que, entre otras restricciones adicionales a las ya existentes, prohíbe tocar puerto de los Estados Unidos por un período de seis meses a los barcos mercantes que transporten mercancías hasta o desde Cuba.

Bajo la influencia de la perestroika y la glasnost soviéticas, a finales de la década de 1980 se inició el proceso de reestructuración, redefinición programática y recomposición de las alianzas de los partidos y movimientos políticos de la izquierda latinoamericana. Entre 1985 y 1990, la perestroika y la glasnost proyectan la imagen de políticas dirigidas a «perfeccionar el socialismo», aunque con un sospechoso énfasis en la desacralización del poder soviético. Sin embargo, la «caída» del Muro de Berlín, símbolo del desmontaje del sistema socialista en los países de Europa Oriental, no dejó lugar a dudas sobre sus objetivos reales. El cumplimiento de esos objetivos se consumó, en diciembre de 1991, con la desaparición de la propia Unión Soviética. Fue muy diverso el impacto de ese acontecimiento en los distintos sectores de la izquierda latinoamericana. En sentido general, inicialmente predominó la simpatía con el objetivo proclamado de «perfeccionar el socialismo». No obstante, a partir de la «caída» del Muro de Berlín y, en especial, del derrumbe de la URSS, lo que prevaleció fue el descrédito de las ideas del socialismo.

Aunque el derrumbe de la URSS actuó como catalizador del proceso de transformaciones emprendido por la izquierda latinoamericana, esa no fue su única causa. La crisis terminal del socialismo europeo coincidió con el fin de la ofensiva contrainsurgente y contrarrevolucionaria desatada 1964. Esto significa que, por razones propias, los partidos y movimientos políticos de la región se encontraban ante la necesidad de buscar fórmulas para recuperarse de los golpes recibidos durante las tres décadas anteriores, adaptar sus medios y métodos de lucha a una estructura social en transformación y redefinir su actitud hacia un Estado que perdía soberanía. El desplome de la URSS agravó esta situación, al menos, en dos sentidos: en primer lugar, ocasionó traumatismos ideológicos y políticos; en segundo lugar, con el fin de la bipolaridad aumentó la capacidad de injerencia e intervención imperialista.

La unipolaridad mundial puso fin a la etapa de la lucha armada iniciada con el triunfo de la Revolución Cubana. Si bien, con la derrota electoral del FSLN la vía armada no desapareció como forma de lucha en América Latina, a partir de ese momento se evidenció que la conquista del poder por medio de una revolución quedaba diferida, al menos a corto y mediano plazo, en espera de un cambio en la situación mundial y regional. En las nuevas condiciones, una revolución triunfante no contaría con el apoyo político, económico y militar externo imprescindible para sobrevivir el cerco y la agresión imperialista. En ese contexto, se produjo en Colombia la desmovilización del Movimiento 19 de Abril en marzo de 1990 y del Movimiento Guerrillero Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y parte del Ejército Popular de Liberación, estos tres el 15 de febrero de 1991, y la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador en enero de 1992. Con estos acontecimientos puede considerarse concluida la etapa de auge de la lucha armada revolucionaria abierta a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Más tarde le seguiría la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (diciembre de 1996), la cual se produce en momentos en que ya puede considerarse abierta una nueva etapa de lucha, caracterizada por el auge de la movilización social y la competencia electoral de la izquierda. El único país en que la lucha armada no ha tenido un desenlace es Colombia, donde siguen actuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC‑EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero sin perspectivas de un triunfo militar que favorezca a esas guerrillas o al gobierno.

De manera paralela al reflujo de la lucha armada, la transición pactada entre la dictadura militar y la democracia burguesa abrió o reabrió, según el caso, espacios para la lucha electoral de la izquierda, con resultados sin precedentes en países como Brasil y Uruguay. La crisis de las estructuras de poder en México también creó allí un escenario más favorable. En virtud del papel asignado a la democracia burguesa como pilar del nuevo sistema de dominación, las élites criollas tendrían que respetar las reglas formales de la «democracia representativa». Eso no significa que dejarían de obstaculizar los triunfos electorales de las organizaciones progresistas y de izquierda, sino que no podrían llegar al uso de la fuerza o a transgredir la ley abiertamente –aunque esto último fue desechado posteriormente. El problema fue resuelto mediante la imposición de la democracia neoliberal, un sistema político que no permite adoptar medidas que entorpezcan el proceso de concentración y transnacinalización del capital. En esas circunstancias, incluso la izquierda podría gobernar, cuando el costo de evitarlo fuese muy elevado.

En la elección presidencial realizada en México el 6 de julio de 1988, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, al frente de una alianza formada por ex miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y casi todo el espectro de la izquierda nacional, denominada Frente Democrático Nacional (FDN), tuvo un desempeño sin precedentes para un candidato opositor en ese país. A partir de esa demostración de fuerza, una parte de los integrantes del FDN creó el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Poco más de un año después, en noviembre de 1989, en la primera elección presidencial directa realizada en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un muy decoroso resultado en la segunda vuelta frente al triunfador, Fernando Collor de Mello. En esta oportunidad, el PT logró formar una bancada en el Congreso Federal y asumió el control de numerosos gobiernos locales, incluidos los de São Paulo y Porto Alegre. Ese mismo año, Tabaré Vázquez, resultaba electo Intendente de Montevideo, ciudad capital y lugar de residencia del 50% de la población nacional. Meses más tarde, ya adentrado 1992, el FA obtuvo un nuevo éxito con el 71% de votos recibidos por el No en el referéndum sobre la Ley de Empresas Públicas, con la cual el gobierno pretendía abrir el camino a la ola privatizadora. Se producía así la primera derrota a la reestructuración neoliberal en América Latina.

En desafío a la tesis del Fin de la Historia de Francis Fukuyama, según la cual el capitalismo es el escalón supremo del desarrollo social, todo el espectro de la izquierda latinoamericana se reunió por primera vez en São Paulo, Brasil, en julio de 1990. Allí sus participantes declararon que la crisis del capitalismo constituye la esencia de los problemas de la región. Ese pronunciamiento lo emitió el Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe, que un año más tarde adoptó el nombre de Foro São Paulo (FSP).

El Foro São Paulo es un agrupamiento regional conformado por alrededor de cien partidos y movimientos políticos latinoamericanos y caribeños, que abarcan todo el espectro ideológico de izquierda. Con una definición antimperialista y antineoliberal, el FSP constituye un lugar de encuentro, un escenario de debate y un mecanismo de comunicación, coordinación y solidaridad. Como norma, el FSP realiza un encuentro anual de toda su membresía. También organiza seminarios y talleres temáticos con el propósito de interactuar con los movimientos populares de la región. A sus actividades asisten, en calidad de invitados, partidos políticos y movimientos populares de América del Norte, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Como mecanismo de coordinación del Foro funciona un Grupo de Trabajo –integrado actualmente por partidos políticos de 12 países: Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, México, Puerto Rico y Uruguay.

El FSP no fue el resultado de un esfuerzo consciente, dirigido a crear una organización política regional, sino la consecuencia espontánea de la situación creada en América Latina por la reestructuración del sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano y el derrumbe del socialismo europeo. De las numerosas convocatorias que en aquel momento proliferaron con fines similares, ésta fue la que más prosperó debido al reconocimiento e interés que despertaron los buenos resultados obtenidos por el PT en las elecciones brasileñas de 1989, en las que Lula perdió la carrera por la presidencia, pero por estrecho margen en la segunda vuelta electoral.

La singularidad del Encuentro de julio de 1990 radica en que, por vez primera, convergieron representantes de casi todas las corrientes de la izquierda latinoamericana. Tres factores explican esa novedad: la crisis del socialismo europeo obligó a todos a reconsiderar sus diferencias anteriores; la característica del PT de partido multitendencias, cada una de cuyas corrientes internas invitó a sus homólogos de otros países, y el hecho de que fuese originalmente concebido como una reunión a celebrarse una sola vez, en virtud de lo cual no se previeron los problemas de identidad, composición y correlación interna de fuerzas, que afloraron tan pronto se decidió convertirlo en un espacio permanente.

El encuentro de la izquierda latinoamericana de julio de 1990 emitió la Declaración de São Paulo. Ese documento afirmó que los problemas de América Latina no guardan relación con la crisis del socialismo, y que la izquierda latinoamericana mantendría la lucha contra toda forma de dominación y explotación en la región. Desde el punto de vista funcional, el principal acuerdo adoptado fue proseguir los debates en una nueva reunión que habría de efectuarse el siguiente año en la ciudad de México. El encuentro de México fue más complejo porque, si bien en São Paulo todos los participantes coincidieron en que la desaparición de la Unión Soviética no implicaba que cesara la lucha de la izquierda en América Latina, eso no significa que hubiera consenso acerca de cuáles debían ser los objetivos y las formas de lucha a seguir.

Los espacios conquistados por partidos y movimientos políticos de izquierda en legislaturas nacionales y gobiernos estaduales y locales de varios países latinoamericanos parecieron avalar la tesis del triunfo de la «democracia sin apellidos». Con esa frase se negaba el carácter clasista de la democracia burguesa. Se produjo una confusa interrelación entre la defensa de la democracia representativa –preconizada por el imperialismo como pilar del nuevo sistema de dominación– y la defensa de los espacios institucionales conquistados por la izquierda, sin duda alguna, por sus propios méritos. En el replanteo del viejo debate sobre reforma o revolución, los partidarios de cada una de estas posiciones pasaban por alto las nuevas limitaciones impuestas a sus respectivas formas de lucha.

El propio nombre Foro de São Paulo fue resultado de las contradicciones políticas e ideológicas existentes en su seno. Una vez que en el Encuentro de México se evidenció que no se trataba de una mera reunión eventual, sino de la creación de un espacio político permanente, comenzaron los ataques contra el nombre Encuentro de Partidos y Movimientos Políticos de Izquierda de América Latina y el Caribe. No es compatible –argumentaron algunos– ser de izquierda y llegar al gobierno por la vía electoral. En medio de esta polémica, se apeló al nombre Foro de São Paulo como una solución intermedia entre quienes defendían y quienes rechazaban la definición «de izquierda». Incluso resultó difícil vencer la resistencia a ese nombre porque hace referencia implícita a la Declaración de São Paulo, la cual reivindicó el socialismo. El enfrentamiento acerca de su identidad, colocó al Foro ante su primera posibilidad de ruptura en el III Encuentro de ese agrupamiento, celebrado en Nicaragua en julio de 1992. No obstante, el escollo fue superado mediante la reafirmación del consenso como método para la adopción de acuerdos.

 

El agravamiento de la crisis latinoamericana en el primer período presidencial de William Clinton (1993‑1997)

Después de utilizar durante décadas la «amenaza del comunismo» como centro de su política para múltiples fines, incluida la propaganda electoral, la desaparición de la Unión Soviética provocó un cambio de prioridades de la sociedad estadounidense. De nada le valió a George H. Bush haber sido el presidente de los Estados Unidos en el momento en que ese país cosechó el mayor éxito geopolítico de toda su historia con el derrumbe de la Unión Soviética. Tampoco le sirvió de mucho haber inaugurado el Nuevo Orden Mundial por mediación de la Guerra del Golfo, la invasión a Panamá y la intervención militar «humanitaria» en Somalia. Después de tres gobiernos republicanos consecutivos, los votantes se pronunciaron por la alternancia con el Partido Demócrata. En las elecciones de noviembre de 1992, el triunfador fue William Clinton.

Como es usual en ese país, al asumir la presidencia en enero de 1993, el nuevo mandatario mantuvo las líneas gruesas de la política que venía ejecutando su predecesor, con ajustes que hubiesen podido encajar en un segundo período de Bush. Esos ajustes estuvieron orientados a otorgar una mayor atención a los asuntos domésticos y a afianzar la competitividad frente a la Unión Europea y Japón. Con Clinton regresaron al gobierno los «liberales» que años antes habían diseñado el proyecto de política exterior de la administración Carter, pero este reciclaje de funcionarios demócratas no interrumpió la reestructuración de las relaciones interamericanas porque, durante los períodos presidenciales de Reagan y Bush, se había conformado un consenso bipartidista conservador, que incluso las «palomas» de Carter adoptaron como propio.

La presidencia de Clinton se caracterizó por la afirmación de la docilidad de los gobiernos de América Latina. Sin embargo, mientras en el cuatrienio de Bush predominó el afianzamiento de la dominación continental, en el suyo lo que sobresalió fue la crisis política, económica y social. Clinton estrenó su política latinoamericana con mayores exigencias a México para aprobar su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Adicionalmente, a instancias de su gobierno, en la XXIII Asamblea General de la OEA, celebrada en 1993, esa organización se atribuyó mayores facultades en la «promoción y defensa de la democracia representativa», al tiempo que inició la reevaluación de sus vínculos con la Junta Interamericana de Defensa, orientada a convertirla en un mecanismo intervencionista directo. No obstante, el «plan maximalista» del gobierno de los Estados Unidos, consistente en crear una fuerza militar interamericana similar a los cascos azules de la ONU, fue rechazado por varios países encabezados por México. De manera análoga a lo ocurrido con anterioridad en Haití y Perú, en 1993, el intento de autogolpe de Estado protagonizado por el presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, fue aprovechado para engrasar la maquinaria de «protección de la democracia de la OEA». En este caso, esa organización promovió la sustitución de Serrano por Ramiro de León Carpio, figura seleccionada por el Congreso guatemalteco.

A partir de las expectativas generadas por la entrada en vigor del TLCAN el 1ro. de enero de 1994 y del inicio de la negociación para establecer un tratado similar de libre comercio con Chile, el gobierno de los Estados Unidos convocó la Cumbre de las Américas, que se celebraría en Miami en diciembre de ese año. Después de haber sentado las pautas del nuevo sistema de dominación continental mediante la reforma de la Carta de la OEA, la Cumbre de Miami dio un paso cualitativamente superior hacia su institucionalización. Los mandatarios de los treinta y cuatro países del continente –con la excepción de Cuba– asumieron más de ciento veinte acuerdos y compromisos que constituyen un genuino código de conducta de factura transnacional. Esos acuerdos y compromisos –todos sujetos a mecanismos de control e imposición de sanciones–, dictaron las pautas de actuación de los países latinoamericanos y caribeños en los ámbitos político, económico, social y cultural, y dieron inicio a los procesos negociadores por esferas, incluida la negociación del ALCA. Sin embargo, esta reestructuración del Sistema Interamericano fue entorpecida por el agravamiento de la crisis regional.

Hasta después de la Cumbre de Miami, no se evidenciaron los obstáculos que estancarían la reestructuración del Sistema Interamericano durante la presidencia de Clinton. La agudización de la crisis integral del capitalismo latinoamericano ocurrida a partir de 1994 despertó en los círculos de poder político y económico de los Estados Unidos el temor de que los tratados de libre comercio (TLC’s) provocarían el «contagio» de ese país con la inestabilidad regional. Ese temor explica la negativa del Congreso a concederle a Clinton la garantía de aprobación de los TLC’s por la «vía rápida» (fast track). De esta manera, se empantanó la negociación del tratado de libre comercio (TLC) con Chile y el proceso del ALCA nació en la incertidumbre.

Por ser su vecino inmediato, con el que comparte una frontera de miles y miles de kilómetros, la crisis que más preocupó al imperialismo norteamericano fue la mexicana. En 1993, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, candidato presidencial del PRI y subsecretario general de ese partido, respectivamente, revelaron el grado de descomposición del sistema político mexicano. La desaparición de Colosio obligó a improvisar, como candidato presidencial sustituto, a su jefe de campaña, Ernesto Zedillo, quien inició en 1994 el sexenio final de siete décadas de fusión entre el PRI y el Estado.

La rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, iniciada el 1ro. de enero de 1994, el día que México «entró al Primer Mundo por medio del TLCAN», simboliza la relación que existe entre la afirmación del nuevo sistema de dominación imperialista y el agravamiento de la crisis del capitalismo latinoamericano. En diciembre de ese mismo año, el estallido de la crisis financiera mexicana, constituyó la primera demostración fehaciente de la falsedad de la teoría neoliberal del «efecto de derrame», según la cual, la concentración de la riqueza repercutiría en el aumento de la inversión, el empleo, el ingreso y el nivel de vida de toda la sociedad.

El desplome de la economía mexicana reveló el círculo vicioso de apropiación y succión foránea de la riqueza nacional, aumento de la deuda externa, terciarización de la economía, pérdida y degradación del empleo, reducción del ingreso y los servicios públicos, y polarización económica, política y social. En lo que sería una línea seguida por el resto de los gobiernos de la región, las autoridades mexicanas reaccionaron ante la crisis con el endurecimiento de las mismas políticas económicas que la habían ocasionado. Esa actitud suicida reveló el grado de sometimiento de las élites latinoamericanas a los centros transnacionales de poder político y económico. Se estima que el gobierno de Zedillo abrió una etapa superior de entrega al capital financiero estadounidense, al utilizar el petróleo como garantía de pago de los préstamos recibidos y establecer el compromiso secreto de privatizar los hidrocarburos y la energía.

El llamado Efecto Tequila, provocado por la crisis mexicana, repercutió en Argentina en la bancarrota del Plan Cavalo, un pilar fundamental de la política económica del presidente Carlos Saúl Menem. Ese plan era un esquema de atracción de capital especulativo, basado en el mantenimiento artificial de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Sin embargo, el fracaso del Plan Cavalo tuvo el efecto, en apariencia contradictorio, de favorecer la reelección presidencial de Menem. Ello se explica por el temor, fomentado por el propio gobierno, de que un triunfo opositor provocaría una devaluación de la moneda, con la consiguiente reducción del salario real y aumento del valor de las deudas contraídas por la población.

La reelección presidencial argentina de 1993 fue posible gracias al Pacto de Olivos, suscrito ese mismo año entre Menem y el líder opositor, Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR). El Pacto de Olivos refleja una de las tendencias del momento. En la mayoría de las naciones latinoamericanas estaba prohibida la reelección presidencial en períodos consecutivos. Algunas la prohibían incluso en períodos no consecutivos. No obstante, la reestructuración neoliberal exigía mayor continuidad en el ejercicio del poder ejecutivo, función que acaparaba crecientes facultades a expensas de la legislatura. Por ese motivo, en un país tras otro, se fue estableciendo el derecho a reelección consecutiva.

Al igual que ocurrió en México con los gobiernos de Salinas y Zedillo, la gestión de Menem en Argentina constituyó un ejemplo de cómo la reestructuración neoliberal desarticula el sistema político nacional y afecta incluso a los sectores de la burguesía encargados de aplicar sus recetas. La ofensiva lanzada por Menem en 1996 para imponer la «flexibilización laboral» y entregar los fondos de pensiones al capital especulativo, no solo fue una traición al sindicalismo peronista que apoyó su elección, sino una ruptura del sistema de alianzas sociales y políticas erigido por Juan Domingo Perón en la década de 1940.

El auge de las protestas populares contra el neoliberalismo, el declive de la lucha armada y la frustración de las aspiraciones presidenciales de los candidatos de izquierda, caracterizaron el período comprendido entre 1993 y 1997. La crisis financiera mexicana prácticamente coincide con el punto culminante de los conflictos por la tenencia de la tierra en Brasil, en virtud de los cuales el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) obligó al gobierno de Fernando Henrique Cardoso a aplicar una especie de reforma agraria en las propiedades improductivas de los latifundistas con deudas fiscales.

Dos acontecimientos de 1996 ratificaron la tendencia al reflujo de la lucha armada. Uno era la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y el otro la captura de 486 rehenes en la residencia del Embajador de Japón en Perú realizada por un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Esa última acción fue un último intento de lograr la excarcelación de su jefe, el comandante Víctor Polay, y otros militantes presos con el propósito de relanzar la guerra revolucionaria. Tras varios meses de simulada negociación por parte del gobierno de Fujimori, este episodio concluyó con una operación comando de las fuerzas armadas peruanas, que ultimó a todos los miembros del comando, quienes no intentaron ejecutar a los rehenes.

El efecto combinado de la «caída del comunismo», la implantación del sistema democrático neoliberal en toda Latinoamérica –excepto Cuba– y el reflujo de la lucha armada, indujo por estos años a un grupo de partidos y movimientos políticos, que a finales de los años ochenta comenzaron a cosechar éxitos electorales, a autodenominarse Nueva Izquierda, apelativo que cayó en deshuso algún tiempo después. Este grupo estaba convencido que, en la década de 1990, brotaría en América Latina un capitalismo «democrático» y «redistributivo», similar al «Estado de Bienestar» europeo de posguerra, en el que el ejercicio del gobierno le «caería en los brazos». En concreto, existía entonces la expectativa de que en el «bienio electoral 1993‑1994» –denominado así por la cantidad de elecciones cuya fecha de celebración coincidió en esos años–, triunfarían todos los candidatos presidenciales de la Nueva Izquierda. En medio de ese clima, en julio de 1993 se celebró en La Habana el IV Encuentro del Foro de São Paulo.

Los principales temas debatidos en el IV Encuentro del Foro fueron si en América Latina se estaba produciendo o no una democratización, si la izquierda debía abrazar o no la democracia burguesa como horizonte estratégico, si el imperialismo norteamericano respetaría o no el acceso de la izquierda al gobierno y, en caso afirmativo, si ese respeto incluiría la no interferencia en su programa político, económico y social. Por supuesto, esta polémica sigue inconclusa. No obstante, se hizo un poco más pausada debido a que los resultados del «bienio electoral» no fueron favorables a la mayor parte de los candidatos presidenciales de la Nueva Izquierda.

La primera derrota la sufrió Andrés Velásquez, el candidato de Causa Radical (Causa R) en Venezuela, quien en diciembre de 1993 sucumbió frente a Rafael Caldera en comicios calificados de fraudulentos. En julio de 1994, Cuauhtémoc Cárdenas, líder del Partido de la Revolución Democrática perdió en México su segunda elección presidencial, en este caso, frente a Ernesto Zedillo. En las postrimerías de ese año, Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT de Brasil experimentó su segundo revés, ahora frente a una coalición de derecha articulada en torno a la figura de uno de los creadores de la teoría de la dependencia, el ministro de Hacienda del gobierno saliente, Fernando Henrique Cardoso. Aunque en Uruguay triunfó la derecha, lo hizo con solo 2% de ventaja sobre Tabaré Vázquez, aspirante presidencial por el FA. Este hecho abrió un capítulo de alianza entre los partidos tradicionales (Colorado y Blanco) para neutralizar a la bancada legislativa electa por la izquierda. El único aspirante presidencial de un partido miembro del FSP que se impuso en la elección de 1994 fue Ernesto Pérez Balladares, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá (PRD). El significado de ese triunfo, sin embargo, fue relativo porque Pérez Balladares conformó su gobierno con figuras de la derecha antitorrijista.

Las elecciones de 1994 en Uruguay, país sede del V Encuentro del FSP, obligaron a posponer su celebración para el año 1995. Esa reunión se caracterizó por un nuevo estallido de las contradicciones entre corrientes ideológicas divergentes. En esta ocasión, el debate se concentró en dos temas puntuales: la presencia de una delegación invitada del PRI de México –cuestionada por el PRD de ese país– y las críticas al Movimiento Bolivia Libre (MBL) –entonces miembro del Grupo de Trabajo del Foro– por permanecer en la coalición gubernamental encabezada por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en momentos en que reprimía a una huelga de maestros. Estas tensiones fueron controladas un año más tarde. Bajo los auspicios del FMLN, en 1996 se efectuó en San Salvador el VI Encuentro del FSP, cuyo sello distintivo fue el buen trabajo organizativo de los anfitriones. A partir de esta edición, se adoptó el método de realizar seminarios‑talleres previos a los Encuentros del Foro con la participación de los diversos sectores del movimiento popular.

A pesar de que el desenlace de las elecciones presidenciales realizadas –no sólo en el «bienio electoral 1993‑1994», sino en el cuatrienio comprendido entre 1993 y 1996–, resultó negativo para la casi totalidad de los candidatos presidenciales de izquierda (excepto en Panamá), se afianzó la tendencia general favorable a la lucha electoral. Ello fue el resultado de que varios partidos y movimientos políticos ampliaron sus bancadas legislativas nacionales y también su control de gobiernos locales. Eso ocurrió en los casos de México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y, por supuesto, Panamá, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Perú. Dentro de esta cadena de triunfos, se destacó la elección, por segunda vez consecutiva, de un Intendente del FA en Montevideo, en este caso, Mariano Arana. También el PT de Brasil retuvo el control de la Prefectura de Porto Alegre, devenida símbolo de los gobiernos locales de izquierda a escala mundial.

 

El auge de la lucha popular en América Latina en el segundo período presidencial de William Clinton (1997‑2001)

El segundo gobierno de Clinton transcurrió sin iniciativas en su política latinoamericana. Se cumplió el calendario de reuniones acordado en la Cumbre de Miami, pero con la espada de Damocles de que el Congreso de los Estados Unidos nunca llegó a garantizarle la aprobación por la «vía rápida» de los TLC’s que concertase. A pesar de la agudización de la crisis política, económica y social en la región, la visita realizada en 1997 por el mandatario estadounidense a México, Centroamérica y el Caribe confirmó su poca inclinación a realizar concesiones. Los temas más espinosos eran el endurecimiento de la política imperialista de certificaciones,[7] el poco acceso al mercado norteamericano y el inicio de la práctica de repatriación forzosa de inmigrantes ilegales. La reticencia de los grupos de poder político y económico de los Estados Unidos a establecer tratados de libre comercio fue incentivada en 1998 por la «crisis de las bolsas asiáticas», que agudizó la situación económica, política y social en América Latina.

Apenas unos años después de estallar la crisis financiera mexicana, el impacto del «Efecto Dragón» en Brasil, provocado por la quiebra de las bolsas de valores de varios países asiáticos, se convirtió en motivo de preocupación, no solo para América Latina, sino incluso para los Estados Unidos. El ataque especulativo contra el gigante sudamericano obligó al gobierno de Fernando Henrique Cardoso a abandonar el Plan Real –basado en la paridad de la moneda brasileña con el dólar–, a contratar onerosos préstamos con la banca internacional y a ampliar el área de privatizaciones. El imperialismo norteamericano se convirtió en beneficiario temporal de la desestabilización brasileña, devenida fuente de tensión en el MERCOSUR y motivo de debilitamiento transitorio de la oposición brasileña al diseño estadounidense del ALCA. Con el propósito de evitar la interrupción de los flujos de capitales especulativos, los gobiernos de América Latina postergaban lo más posible el reconocimiento de la recesión y emitían anuncios falsos o anticipados de recuperación. Esa actitud se explica porque, en virtud de la apertura y desregulación neoliberal, son esos flujos de capitales especulativos los que mantienen el equilibrio de la balanza de pagos de la región.

El quiebre de la institucionalidad democrático burguesa en Ecuador y Venezuela convirtió, en 1997 y 1998, a la región andina en el epicentro de la crisis política latinoamericana. En 1997, el presidente Abdalá Bucaram fue destituido en Ecuador como resultado de las protestas populares contra la política neoliberal, la corrupción, el favoritismo y las excentricidades de su gobierno. Sin embargo, el estallido social que derrocó a Bucaram no solo reveló las fortalezas, sino también las debilidades de un movimiento popular carente de dirección política, capaz de quebrar el statu quo, pero incapaz de organizar a las masas en torno a un proyecto propio de transformación social, por lo que el desenlace de su rebeldía fue el reciclaje de la dominación neoliberal. Debido a esas limitaciones, la redacción de una nueva Constitución ecuatoriana, iniciada en respuesta a la demanda popular de contar con una Carta Magna antineoliberal, enrumbó por la senda contraria porque la burguesía copó la Asamblea Constituyente y sentó las pautas para mantener el neoliberalismo y dolarizar la economía.

Un resultado diferente al de Ecuador tuvo la crisis venezolana. Venezuela es el primer país latinoamericano en que se produjo la elección de un presidente de izquierda en la actual etapa de lucha abierta a finales de la década de 1980. Esa elección fue la de Hugo Chávez en los comicios del 6 de diciembre de 1998. El quiebre institucional es lo que explica que Chávez, líder del Movimiento Bolivariano 200 –después rebautizado como Movimiento Quinta Republica (MVR)–, lograra capitalizar las ansias de cambio de amplios sectores sociales, a pesar de no contar con un partido organizado y consolidado, sino que «sobre la marcha» atrajo a un abanico de fuerzas políticas y sociales, incluidas casi todas las corrientes de la izquierda nacional. Así es como obtuvo 56,2% de los votos, frente al 39,97% de su más cercano rival, Enrique Salas.[8] El quiebre institucional es también lo explica por qué Chávez pudo emprender de inmediato la redacción y la puesta en vigor de una nueva Constitución, y realizar una profunda reforma política y electoral.

Aunque la victoria de Chávez fue interpretada por el imperialismo como una amenaza al nuevo sistema de dominación continental, con la derecha en desbandada y la magnitud del apoyo popular recibido por él en las urnas, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados dentro de Venezuela tuvieron que resignarse a articular un plan desestabilizador a mediano plazo. Por su parte, el nuevo mandatario inició un proceso de transformación jurídica institucional que incluyó la aprobación, el 15 de diciembre de 1999, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Después de aprobada la nueva Constitución, Chávez revalidó su mandato presidencial en los comicios del 30 de julio de 2000 con 59,76% de los votos, mientras su principal opositor, Francisco Arias Cárdenas, obtuvo 37,52%.[9]

En 1997, en Bolivia se produjo el ascenso a la presidencia del ex dictador Hugo Banzer, al frente de una «megacoalición» denominada Compromiso por Bolivia, cuya gestión estaría caracterizada por la erradicación forzosa de los cultivos de coca impuesta por el gobierno estadounidense, que agudizaría el déficit de la balanza de pagos y provocaría el auge de las protestas campesinas e indígenas que alcanzaron su punto culminante, años más tarde, con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante el gobierno de Banzer, Bolivia servía como ejemplo de las contradicciones que generaban los programas de lucha contra el narcotráfico impuestos por el imperialismo norteamericano. Carente ya de recursos naturales o activos privatizables con los cuales atraer al capital transnacional, Banzer se aferraba a la ayuda concedida por el gobierno de los Estados Unidos como incentivo para la erradicación forzosa de los cultivos de coca. Sin embargo, ese programa cosechaba una victoria pírrica por la incapacidad de cubrir el vacío provocado por la eliminación de las actividades ilícitas cuyos ingresos compensaban el déficit de la economía formal.

En Colombia, con la elección presidencial en 1998 del conservador Andrés Pastrana, se puso en funcionamiento la política de «doble carril» (guerra y negociación) empleada años antes en Centroamérica. Como un primer paso dentro de esa estrategia, en su campaña electoral, el candidato Pastrana se había reunido con el comandante Manuel Marulanda, máximo jefe de las FARC‑EP. Pronto se evidenció que lo que ambas partes buscaban era legitimación nacional e internacional, ya que sus posiciones eran inconciliables. Más dificultoso fue el comienzo de las conversaciones de paz con el ELN, ya que las diferencias en el formato del proceso y las características de las zonas de operaciones de esta organización, unidas al desgaste de Pastrana por los nulos resultados obtenidos con las FARC‑EP hasta el momento, endurecieron la posición gubernamental respecto a la desmilitarización del territorio.

La verdadera intención de Pastrana quedó clara cuando, en el año 2000 se anunció el Plan Colombia. Amparado en el pretexto de combatir el narcotráfico, este plan –aprobado originalmente por el Congreso de los Estados Unidos para un período de cinco años– constituye un esquema contrainsurgente e intervencionista para toda América Latina. Ese esquema incluye el fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas, mediante el incremento del número de efectivos, su entrenamiento y equipamiento, unido a una política de erradicación forzosa de cultivos de coca. También abarca la instalación de radares y bases militares norteamericanas en distintos puntos de América Latina y el Caribe, con el propósito de monitorear e interceptar el tráfico aéreo.

Uno de los hechos más connotados de este período fue el fin de la era política iniciada con el fin de la Revolución Mexicana de 1910‑1917. Por ser el país en el cual durante siete décadas funcionó un mecanismo único de gobierno, basado en la simbiosis del PRI y la maquinaria del Estado, México era el más claro exponente del impacto de la transnacionalización en el desmontaje del sistema político que respondía a la lógica de una economía nacional. El triunfo de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN) y la derrota del candidato del PRI en la elección presidencial del 2 de julio del año 2000 constituyó un factor de «cambio y continuidad» en la política mexicana, porque el cambio de partido de gobierno respondió, de manera dialéctica, a la necesidad de dar continuidad al desplazamiento del poder de los restos del sistema de alianzas sociales y políticas que imperó en México en la etapa desarrollista.

En el año 2000, concluían los diez años en que Alberto Fujimori desempeñó la presidencia peruana. El caudillismo despótico que desde 1990 ejerció Fujimori, basado en la imagen de «hombre fuerte», capaz de combatir la violencia generalizada que azotaba al país, incluida la actividad terrorista de Sendero Luminoso, fue la principal manifestación de la crisis política peruana. A tal punto llegó el poder de Fujimori que, a pesar de sus desmanes, se impuso por amplio margen a Alejandro Toledo, candidato en torno al cual se había unido toda la oposición. Poco después, sin embargo, el mandatario huyó del país y abandonó el cargo a consecuencia del escándalo desatado por la exhibición televisiva de un video en el que se veía al asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornar a un legislador de la oposición, a partir de lo cual se demostró lo que hasta entonces era un secreto a voces: la corrupción, el soborno, el espionaje, el chantaje y la represión característicos de toda su gestión.

La tercera derrota consecutiva de Lula en Brasil, en esta ocasión, en los comicios de 1998, en los que fue reelecto Fernando Henrique Cardoso, terminó de enterrar las expectativas generadas por la supuesta tendencia a la democratización del capitalismo latinoamericano. Pasó a primer plano la tesis de la «alianza de la izquierda con el centro», que hacía algunos años venía promoviendo el intelectual mexicano Jorge G. Castañeda en un grupo de discusión financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e integrado por políticos e intelectuales latinoamericanos. Según esta tesis, el ejercicio del gobierno no le «caería en los brazos» a la izquierda, sino que, para alcanzarlo, ésta tendría que desdibujarse, olvidar su identidad, objetivos y métodos de lucha y fundirse en una masa amorfa y desideologizada con el «centro». La expresión «alianza con el centro» era un eufemismo para referirse a la misma convergencia con el neoliberalismo protagonizada por la socialdemocracia europea. Eso fue lo que hizo el propio Castañeda, sumarse al carro del neoliberalismo, cuando se unió a la campaña electoral y al gobierno de Vicente Fox.

La experiencia del Partido Socialista de Chile (PSCh), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) en su alianza con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la Concertación, establecida a finales de los años ochenta para derrotar a la dictadura de Pinochet, fue el referente utilizado para elaborar la tesis de la «alianza de la izquierda con el centro». Inspirada en ese referente, se construyó en Argentina la alianza de la Unión Cívica Radical (UCR) con el Frente por un País Solidario (FREPASO), la alianza UCR‑FREPASO. Tanto en Chile como en Argentina, se sometió a prueba esta tesis.

En Chile, después de dos períodos presidenciales en los cuales la Concertación fue encabezada por los demócrata cristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei, por primera vez un dirigente del PSCh, Ricardo Lagos, accedió en el año 2000 a la presidencia como candidato de esa coalición. Sin embargo, Lagos frustró las expectativas de que se movería «a la izquierda» de sus predecesores. Aunque sus promesas electorales no habían enfrentado el ataque abierto de la oligarquía, porque el candidato de la derecha, Joaquín Lavín defendía una plataforma similar, tan pronto como tomó posesión del cargo, la oposición saboteó los proyectos de reforma fiscal y laboral sometidos al Congreso. La realidad deshizo el mito de una «tercera vía» que se decía capaz de compatibilizar la desnacionalización económica con un mínimo de redistribución de riqueza, al tiempo que las relaciones con los militares se tensaron por la detención de Pinochet en Londres y el dictamen de la Corte Suprema que abrió la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra él en el propio Chile.

En Argentina, con la promesa de poner fin a la «década menemista», en las elecciones presidenciales de 1999 triunfó Fernando de la Rúa, al frente de la Alianza UCR‑FREPASO. De la Rúa, cuyo gobierno nació atenazado por la cesión de soberanía y entrega del patrimonio nacional hecha por su predecesor, inició su gestión a principios del año 2000 al frente de un país que ya había privatizado y extranjerizado sus empresas y recursos naturales, transferido al exterior los ingresos recibidos por ese concepto, atado su moneda al dólar, contraído deudas con vencimiento dentro del año por 20 mil millones de dólares y establecido el compromiso con el FMI de mantener el déficit por debajo de 4500 millones de dólres. Sin siquiera un «período de gracia» que le permitiera alejar la noción de un engaño preconcebido­, De la Rúa continuó la ejecución de las tareas de reestructuración neoliberal que su antecesor dejó inconclusas, sin que por ello lograra evitar que las empresas calificadoras mantuvieran a Argentina como «deudor de alto riesgo». La continuidad de las medidas antipopulares provocó que el gobierno «alternativo» al de Menem recibiera de inmediato su bautismo de fuego, por mediación de huelgas, manifestaciones, interrupciones de carreteras y demás acciones de protesta.

Tanto en Chile como en Argentina, el «nuevo» paradigma tercerista de la «alianza de la izquierda con el centro» se reveló como una simple versión de la división del trabajo característica de la socialdemocracia, entre un ala izquierda utilizada para atraer el respaldo popular y un ala derecha que monopoliza los puestos claves en el gabinete y actúa en representación del poder real. Aunque con un giro a la «izquierda» en Chile y Argentina mientras en México era a la derecha, en las tres naciones se producía un cambio aparente que legitimaba la continuidad del ajuste neoliberal.

Los enfrentamientos entre corrientes divergentes de la izquierda latinoamericana subieron nuevamente de tono en el VII Encuentro del Foro de São Paulo, efectuado en 1997 en Porto Alegre, Brasil. Ese era el resultado de los intentos de imponerle a ese heterogéneo agrupamiento político una plataforma programática consistente con las tesis sobre la democratización del capitalismo y el «anclaje» de la «alternativa» dentro del horizonte de esa formación histórico social. Esa iniciativa fue derrotada por las protestas de una izquierda radical que, sin embargo, se caracterizaba por su propia dispersión y contradicciones internas, a las que se sumó la carencia de propuestas propias. Después de este choque, el VIII Encuentro del Foro, celebrado en 1998 por segunda vez en la ciudad de México, transcurrió con relativa calma, pues se restableció la norma del consenso.

Aumento de la agresividad imperialista vs. triunfos de la izquierda y el movimiento popular en  los  primeros seis años de gobierno de  George W. Bush (2001-2006)

La presente edición de este libro cierra en febrero de 2007, cuando recién concluye la mitad del segundo mandato presidencial de George W. Bush. En este momento hacemos un corte en la transición que hemos llamado «América Latina entre siglos». Puede argumentarse que la agresiva y errática política de Bush aconseja esperar al fin de su presidencia para incluirla, como un todo, en esta periodización. En efecto, es correcto hablar de una etapa de la política del imperialismo norteamericano hacia América Latina que se inicia en enero de 1989, a partir de la toma de posesión de George H. Bush, y que debe extenderse, al menos, hasta enero de 2009, cuando concluya la presidencia de su hijo, George W. Bush. Decimos «al menos» porque es posible que esta etapa se prolongue aún más.

Si algo demuestra el estudio de la política exterior estadounidense es que existe una gran constancia en sus líneas generales, con independencia de los cambios del presidente e incluso del partido que ocupe el gobierno. En esa dirección apuntaba la timorata campaña del candidato opositor a Bush en la elección presidencial de noviembre de 2004, John Kerry. De manera que es previsible que la actual política imperialista se mantenga mientras subsistan las condiciones a las cuales responde y, en particular hasta que los pueblos lo obliguen a cambiarla. Sin embargo, no tiene sentido posponer la publicación de estas reflexiones, entre otras razones, porque uno de sus objetivos es acortar el plazo de la derrota de esa política.

En el tránsito entre los siglos XX y XXI, la historia de América Latina sería muy distinta si la Revolución Cubana no hubiese demostrado la capacidad de resistir el recrudecimiento del bloqueo, el aislamiento y las amenazas de del imperialismo norteamericano. No se aborda aquí la resistencia multifacética del pueblo cubano porque este libro limita a los países de América Latina donde la izquierda y el movimiento popular aún luchan por conquistar o consolidar, según sea el caso, el poder político que ya en Cuba está afianzado.

Los primeros años de la presidencia de George W. Bush están marcados por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Bush manipuló esos acontecimientos para lanzar una «cruzada contra el terrorismo» y legitimar la doctrina de la «guerra preventiva». Esos fueron los pretextos invocados para invadir y ocupar militarmente a Afganistán e Irak, y también para incrementar las amenazas contra Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba. Adicionalmente, el mandatario estadounidense utilizó el ambiente creado en torno a esos atentados para reactivar la reestructuración del Sistema Interamericano, estancada por la incapacidad de su predecesor, William Clinton, de conseguir el aval del Congreso de los Estados Unidos para avanzar en la negociación del ALCA.

Apenas horas después de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Departamento de Defensa en Virginia, la OEA aprobó en Lima la Carta Democrática Interamericana,[10] que dota a esa organización de mayores facultades de fiscalización, injerencia y sanción, como escalón superior del entramado de acuerdos construido a partir del Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano de 1991. Bush también aprovechó la oportunidad para obtener la autorización del Congreso que lo faculta a establecer acuerdos comerciales preferenciales (Trade Preference Agrements), aunque con restricciones en los términos que puede ofrecer a sus contrapartes, paso que reactivó la negociación del ALCA y la del TLC con Chile. Pero, poco duró esa racha triunfalista.

Inmerso en el sentimiento de euforia y omnipotencia generado por la desintegración del bloque socialista europeo y la crisis terminal de la URSS, a principios de la década de 1990 el imperialismo norteamericano confiaba en que la reestructuración de su sistema de dominación continental no podría ser entorpecida –y mucho menos derrotada– por los pueblos. Dentro de ese contexto, la implantación del ALCA fue concebida por los planificadores de política estadounidenses como un proceso de negociación‑imposición de contenido oculto –fuera del escrutinio popular y, en muchos aspectos, fuera también del escrutinio de las legislaturas nacionales–, cuyas cláusulas tendrían que ser aceptadas como un «paquete» único por todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, en la fecha tope de principios de 2005 arbitrariamente decidida por ellos de antemano. Este paquete serviría de colofón a la reforma neoliberal iniciada a fines de los años setenta.

Solo la subestimación de la voluntad y la capacidad de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños, explica la soberbia con que fue diseñado el ALCA. Pero, en medio de un creciente movimiento popular de rechazo a ese engendro re-neocolonizador –un movimiento estructurado y coordinado a escala continental–, el ALCA sufrió su primera derrota oficial en la reunión ministerial sobre Economía y Finanzas de las Américas celebrada en Miami en noviembre de 2003, en la cual se evidenció la incapacidad del gobierno de los Estados Unidos de imponer su diseño original. Esa derrota no fue completa y definitiva porque en esa misma reunión se adoptó un esquema alternativo de negociación, que permite suscribir la totalidad de las cláusulas del ALCA a los países dispuestos a hacerlo, mientras los demás pueden asumir aquellos compromisos parciales que consideren aceptables. A principios de 2007, esa estrategia ha dado resultados mixtos: algunos países suscribieron tratados bilaterales o regionales de libre comercio con los Estados Unidos, mientras otros no quisieron hacerlo. Sin embargo, lo más importante es la derrota del intento hecho por Bush de revivir la negociación del ALCA en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005.

De manera similar a lo ocurrido en la negociación del ALCA, también el pilar político de la reestructuración del sistema de dominación continental, la Reforma de la Carta de la OEA, da crecientes señales de estancamiento y agotamiento. En las condiciones del mundo unipolar, el imperialismo norteamericano creyó que podría implantar en América Latina un modelo de democracia neoliberal, que garantizara sus intereses sin necesidad de recurrir a los métodos tradicionales de injerencia e intervención –como las invasiones militares, los golpes de Estado, los fraudes, las dictaduras militares, los asesinatos políticos y otros–, que tanto repudio llegaron a concitar en la opinión pública estadounidense y mundial. La idea era ceñirle al Estado latinoamericano una camisa de fuerza, de manera que la dominación imperialista no dependiera principalmente de sus acciones para evitar, por medios violentos o «pacíficos», el acceso al gobierno de fuerzas políticas locales que no fuesen de su absoluta confianza, sino que el sistema electoral pudiera «abrirse» a la «alternancia» de diversas fuerzas políticas, siempre que todas y cada una de ellas se comprometieran a respetar las «reglas del juego», en particular las reglas de la transferencia de riqueza al capital financiero transnacional, que no permiten ejecutar una política de distribución social compatible con los objetivos y programas históricos de la izquierda. Una de las piezas fundamentales de esa camisa de fuerza es la Reforma de a Carta de la OEA, destinada a imponer los parámetros de la democracia neoliberal, controlar el cumplimiento de esos parámetros y sancionar sus infracciones. Hoy podemos hablar del estancamiento, el agotamiento e, incluso, del fracaso de esa reforma.

El estancamiento y agotamiento de la reforma del sistema de dominación se evidencian en la derrota del intento del gobierno estadounidense, realizado en la Asamblea General de la OEA de 2005, de dotar a esa organización facultades para «monitorear el funcionamiento democrático» de los países de la región y «adoptar medidas punitivas» en los casos en que lo considere pertinente. Se trata de la derrota del intento de crear un nuevo mecanismo intervencionista concebido, específicamente, para atacar al gobierno del presidente Chávez en Venezuela, que hubiese establecido un precedente contra otras naciones. La administración Bush tampoco logró imponer a ninguno de sus dos candidatos favoritos para la Secretaría General de la OEA, el ex presidente salvadoreño Francisco Flores o el entonces canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, sino que a ese cargo fue electo el ministro del Interior de Chile, José Miguel Inzulsa, con el apoyo de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y otros países.

En el terreno militar, los magros resultados del llamado Plan Patriota –una ofensiva de más de diecisiete mil efectivos lanzada por el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia contra las FARC‑EP–, revelan el descalabro de la estrategia contrainsurgente que inspiró al Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, aunque esas políticas sí cumplieron el objetivo de justificar una mayor presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en América Latina, mayor control sobre las fuerzas armadas latinoamericanas y mayor apropiación de la biodiversidad de la región.

Al igual que sucede con la derrota del imperialismo norteamericano en la negociación de los tratados de libre comercio, tampoco en los casos de la Reforma de la Carta de la OEA o la elección del Secretario General de esa organización se produjeron derrotas completas o definitivas, sino la imposición de límites al avance que ya venía registrando la dominación imperialista. El mecanismo de «protección de la democracia» de la OEA sigue existiendo y en las resoluciones recién adoptadas se explicita que los gobiernos pueden recurrir a él para buscar el respaldo de esa organización frente a un movimiento popular que ponga en peligro la estabilidad de lo que en este libro definimos como a democracia neoliberal. Por su parte, cualesquiera que sean las intenciones personales de José Miguel Inzulsa, sin duda diferentes a las de Flores y Derbez, tiene un margen de maniobra relativamente estrecho como funcionario de una entidad que desde 1991 viene siendo reestructurada para adecuarla al Nuevo Orden Mundial.

No se habla en este ensayo del fracaso de la reforma del sistema de dominación continental en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos ya no tenga la fuerza bruta para destruir los procesos de orientación popular que se desarrollan en América Latina, o de que todos esos procesos ya estén consolidados. Esa parte de la historia está aún por escribirse. El fracaso consiste en que el imperialismo norteamericano se ve obligado a volver a utilizar –o quizás deba decirse a seguir utilizando– los métodos más groseros de injerencia e intervención, de los cuales quería prescindir. Ese es el resultado del incremento de la resistencia y lucha popular en América Latina, que abarca diversas formas de protesta social –incluidas las huelgas, las manifestaciones, la interrupción de calles y carreteras, los cacerolazos y los piquetes–; la construcción de redes nacionales, continentales y mundiales de movimientos populares; las acciones dirigidas contra las reuniones de la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OEA, las Cumbres de las Américas y demás instituciones que representan los intereses imperialistas; la consolidación del Foro Social Mundial y el Foro Social Américas como proceso sistemático de convergencia y aglutinación popular, y la elección de candidatos de izquierda a cargos ejecutivos, legislativos y judiciales en gobiernos locales, estaduales y/o nacionales en casi todos los países de América Latina. Este movimiento de resistencia y lucha popular tiene en su haber el derrocamiento de los presidentes Fernando Collor de Mello en Brasil (1992), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1993), Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador; Fernando de la Rúa y sus sucesores inmediatos (2001) en Argentina, y Gonzalo Sánchez de Losada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia.

En cuanto a las victorias políticas de la izquierda latinoamericana y el fracaso a los intentos por revertirlas, resalta el caso venezolano. En Venezuela, el desprestigio y la desarticulación de las fuerzas de la reacción era de tal envergadura que, pese a los ataques contra Chávez de los medios de comunicación privados, el imperialismo norteamericano y la derecha local tardaron cuatro años en poder articular acciones desestabilizadoras en gran escala, las cuales se inician durante el primer mandato presidencial de George W. Bush. La más connotada de estas acciones fue el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, derrotado en 48 por la espontánea movilización popular, seguida del Paro Petrolero que interrumpió las operaciones de la empresa Petróleos de Venezuela SA (PEDEVESA) desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, y de la celebración de un referéndum revocatorio contra Chávez el 15 de agosto de 2004, del cual éste salió fortalecido, con 59,25% por el no a la revocación y 40,74% por el , y 30,02% de abstención. A partir del triunfo del presidente Chávez en lo que se tornó en un referéndum ratificatorio, la Revolución Bolivariana recuperó la ofensiva, como se refleja en el desarrollo de las misiones sociales de salud, educación, vivienda y otras, y en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 31 de octubre de 2004, en la cual las fuerzas bolivarianas ganaron todas las gobernaciones, salvo Zulia y Nueva Esparta, y 270 de las 337 alcaldías, incluida la Alcaldía Mayor de Caracas, uno de los bastiones principales de la oposición.

Como reacción a las derrotas sufridas en 2004, la oposición optó por no presentar candidatos y, en su lugar, llamar a la abstención en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del 4 de diciembre de 2005, con el objetivo de deslegitimar al gobierno. Sin embargo, el resultado de esta maniobra fue que los 167 escaños de la legislatura quedaron bajo el control de las fuerzas bolivarianas. Esta derrota llevó a la derecha a replantearse la estrategia para las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, a las cuales acudió con la candidatura única de Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, el principal productor de petróleo del país. Como parte de este replanteo táctico, los opositores desecharon la idea de que Rosales retirara su candidatura en los finales de la campaña o de denunciar un supuesto fraude. Por el contrario, reconocieron el triunfo de Chávez, quien obtuvo 62,84% de la votación, frente a 36,90% Rosales,[11] para luego proponer una negociación basada en la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas –para enmendar el error que la dejó sin un solo diputado a partir de 2004– y en que el gobierno se abstenga de convocar a una nueva Asamblea Constituyente para despejar el camino a nuevas reelecciones de Chávez.

Tras los comicios de diciembre de 2006 se delinea un nuevo escenario de lucha entre el gobierno y la oposición. Chávez redobla los llamados a la construcción de lo que él como el Socialismo del Siglo XXI, insiste en crear un partido único de las fuerzas bolivarianas y está decidido a reformar la Constitución para legalizar la reelección presidencial sin límites. La oposición, por su parte, está dividida entre quienes abogan por emprender de nuevo la desestabilización a ultranza, y quienes prefieren una negociación que estimule las contradicciones internas en las filas bolivarianas, sobre la base de establecer una relación constructiva con el gobierno a cambio de que se detenga el proceso transformador en curso.

Cuando las derrotas sufridas por todos los demás candidatos presidenciales de izquierda que concurrieron a las urnas desde 1988, hacían pensar que la victoria de Hugo Chávez en 1998 había sido un accidente histórico debido a la gravedad y singularidad de la crisis venezolana, Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil en la segunda vuelta de los comicios de 2002, efectuada el 27 de octubre, en la cual obtuvo 61,3% de los votos, frente a 23,2% el candidato oficialista José Serra.[12] Este triunfo ocurría trece años después que –pese al revés en su primer intento de alcanzar la presidencia– la votación obtenida por él frente a Fernando Collor de Mello afianzó la tendencia favorable a la lucha electoral de la izquierda latinoamericana.

La candidatura presidencial de Lula fue derrotada tres veces –en 1989, 1994 y 1998–, hecho que estuvo a punto de liquidar su vida política, y que sacudió de forma reiterada al PT, debido a la pugna entre las corrientes que atribuían esas derrotas al alejamiento de sus bases populares ocasionado por la política de alianzas con fuerzas de centro, y las tendencias que, por el contrario, consideraban la necesidad de ampliar y fortalecer tales alianzas. Este enfrentamiento era aún más agudo porque los reveses de Lula en 1994 y 1998, ambos frente a Fernando Henrique Cardoso, ocurrieron en la primera vuelta, lo que representaba un desempeño inferior al de 1989.[13]

El resurgimiento de la figura de Lula y su victoria en la elección presidencial de 2002 fue el resultado de un proceso de acumulación política y adaptación a la gobernabilidad democrática, en medio de una situación caracterizada por la crisis provocada por la reforma neoliberal de Fernando Enrique Cardoso, el impacto del desplome de las bolsas de valores asiáticas –que contribuyó a destruir la coalición de derecha formada por Cardoso– y la preocupación por el quiebre institucional en Argentina, iniciado en julio de 2001.

La elección de Lula a la presidencia no estuvo acompañada de la obtención de mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado, lo que obligó al PT a ampliar sus alianzas con sectores de centro y derecha que no apoyaron su candidatura ni en la primera ni en la segunda vuelta. De manera que, tanto por la correlación de fuerzas en el seno de la coalición de gobierno, como por definición ideológica del llamado campo mayoritario, es decir, la corriente Articulación del PT, el gobierno priorizó el cumplimiento de los compromisos con el capital financiero internacional y postergó para un eventual segundo mandato la parte fundamental de las reivindicaciones de los movimientos populares que forman la base social de ese partido. No obstante, sí emprendió programas asistenciales de gran envergadura, como Hambre Cero y Bolsa de Familia que, aunque no rebasan los límites de las recomendaciones del Banco Mundial, casi ningún gobierno aplica.

No fue, sin embargo, la postergación del programa histórico del PT lo que provocó la defenestración de varias figuras clave del gabinete y de la dirección de este partido, y que por momentos pareció amenazar la reelección de Lula, sino el escándalo y las investigaciones parlamentarias por el uso de fondos ilegales para realizar pagos secretos a políticos de los partidos de centro y de derecha incorporados a la coalición de gobierno. Ese escándalo, que inexplicablemente rebrotó antes de la elección presidencial del 6 de octubre de 2006 –cuando la policía, supuestamente, encontró al nuevo Presidente del PT en un hotel, con dinero para comprar secretos que afectarían al candidato presidencial opositor, Geraldo Alckmin–, evitó la reelección de Lula en la primera vuelta.  

A pesar de la crisis política por la que atravesó su gobierno y de las escisiones ocurridas en el PT, dos de cuyas figuras, la senadora Heloisa Helena –de izquierda radical– y el ex gobernador de Brasilia y ex ministro de Educación, Cristovam Buarque –de centroizquierda–, se presentaron como candidatos a la presidencia, Lula obtuvo 48,6% de los votos y Alckmin 41,6%, lo que implicó que fueran a segunda la vuelta electoral. Ante la perspectiva de un posible triunfo de la derecha, todo el campo popular colocó en perspectiva sus críticas a Lula, y convergió en su apoyo para la votación del 29 de octubre, en la que el líder del PT cosechó 60,83%, mientras que Alckmin descendió a 39,17%.[14]

También, como resultado de un relativamente largo proceso de acumulación política, se produjo la elección de Tabaré Vázquez a la presidencia de Uruguay, el 31 de octubre de 2004, en unos comicios en los que el candidato de la alianza Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría obtuvo 50,4% de los votos, mientras que su contendiente más cercano, Jorge Larrañaga, recibió 34,3%.[15] La acumulación política del FA se inició desde su fundación en 1971 y, después de haber sido proscrito durante la dictadura militar (1973‑1984), continuó con las elecciones para el cargo de Intendente de Montevideo, primero, de Tabaré en 1989, y, posteriormente, de Mariano Arana en 1994 y 2000.

Durante el período comprendido entre 1989 y 1998, la bancada legislativa del FA aumentó hasta llegar a un tercio en 1994 y a la mitad en 1998, con lo cual obligó a los partidos tradicionales a formar una alianza para alcanzar mayoría calificada, en un primer momento, y después a actuar como un solo bloque de derecha. De manera que, del bipartidismo tradicional de derecha, formado por el Partido Colorado y el Partido Nacional (blanco), en 1994 Uruguay pasó a un sistema de tres partidos –colorados, blancos y FA– y a partir de 1998 a un nuevo bipartidismo de facto, con un polo de derecha formado por colorados y blancos y un polo de izquierda formado por el FA.

A diferencia del gobierno de Lula, la elección de Tabaré a la presidencia sí estuvo acompañada por el control de la mayoría simple –no calificada– de la Cámara de Diputados y el Senado. Además, la alianza de gobierno se cimentó con la reincorporación de los partidos del Encuentro Progresista y la Nueva Mayoría al Frente Amplio, del cual se escindieron en 1989. Por otra parte, en las elecciones municipales de mayo de 2005, el FA no solo retuvo la Intendencia de Montevideo, donde se impuso por cuarta vez consecutiva, ahora con Ricardo Erlich como intendente, quien obtuvo 60% de los votos, sino que por primera vez también eligió intendentes en otros departamentos, y ahora ocupa un total de ocho intendencias.

Los temas más controvertidos del gobierno del FA son la prioridad otorgada al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, el respeto a la decisión del gobierno precedente –de Jorge Batlle– de autorizar la construcción de dos plantas de celulosa en la margen del río Uruguay, fronterizo con Argentina, que afectó sus relaciones bilaterales y agravó las tensiones dentro del MERCOSUR,[16] y la propensión del equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Danilo Astori, a firmar un tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos.

A diferencia de lo ocurrido en Venezuela en 1998, la elección de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el 18 de diciembre de 2005, no fue resultado de un quiebre casi total de la institucionalidad democrático-burguesa, pero sí de su debilitamiento, como se refleja en la derrota del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y de su sustituto Carlos Mesa (2005). En este caso, en virtud de la idiosincrasia de la población originaria boliviana, Evo se erige en la figura capaz de movilizarla a las urnas, debido a que esas masas lo identifican como el líder popular que se encuentra en mejores condiciones de satisfacer sus demandas si resulta electo presidente de la República.

Las primeras señales del futuro estallido de la crisis política boliviana se producen en 1998, a consecuencia de la política de erradicación forzosa de los cultivos de coca emprendida, bajo presión de los Estados Unidos, por el gobierno del ex general Hugo Banzer. Sin embargo, es en abril de 2000 cuando ocurre el estallido inicial de las protestas sociales que, de forma intermitente, sacudirían al país en los años venideros. Su primer episodio fue la llamada Guerra del Agua, que obligó a cancelar los contratos de la transnacional Betchel. Le siguió el denominado septiembre rojo del mismo año, cuando los movimientos indígenas y campesinos interrumpieron la carretera entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en protesta por la erradicación forzosa de la coca, el intento de privatizar el agua y el plan de abrir una base militar de los Estados Unidos como parte de la Iniciativa Regional Andina. Después continuaron las movilizaciones desatadas en enero de 2002 por el intento del sustituto de Banzer, Jorge Quiroga, de endurecer la legislación contra los campesinos cocaleros. A raíz de la respuesta indígena y campesina contra la violencia de los cuerpos represivos, por instancias de la Embajada de los Estados Unidos y de la derecha boliviana, el entonces diputado Evo Morales fue desaforado de su curul en la legislatura como supuesto responsable de los acontecimientos en los que murieron dos policías.

En las elecciones de junio de 2002, el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Gonzalo Sánchez de Lozada, ocupa por segunda ocasión la presidencia (1993‑1997 y 2002‑2005), y el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Evo Morales, deviene la segunda fuerza política nacional. Tras el reflujo creado por la coyuntura electoral, las protestas se reanudan el 12 de febrero de 2003 con las manifestaciones contra el «impuestazo» de Sánchez de Lozada, cuya represión causa más de 30 muertos y 100 heridos. Esta situación de rebeldía llega a su clímax en octubre de ese año, cuando se produce la convergencia de la movilización indígena y campesina, de los cooperativistas y obreros de las minas, de los maestros, y de los sectores medios y bajos urbanos, entre los que resalta la población de El Alto. Los más de 50 muertos y decenas de heridos provocados por la represión obligan a la salida del país del presidente Sánchez de Lozada y de otros miembros de su gobierno, y el 17 de octubre asume la presidencia Carlos Mesa, a partir del compromiso de cumplir lo que, desde entonces, se conoce como la Agenda de Octubre, que incluye: celebrar un referéndum sobre el gas y el petróleo, previo a la adopción de una ley de hidrocarburos que devolviese su control a la nación; convocar una Asamblea Constituyente para refundar el Estado boliviano, y enjuiciar a Sánchez de Lozada por la represión desatada por su gobierno. La estrategia de dilación y distorsión del cumplimiento de la Agenda de Octubre por parte del presidente Mesa –quien ocupó el gobierno y se mantuvo en él gracias a que el MAS consideró oportuno darle un apoyo condicionado– fue lo que provocó su renuncia forzosa el 8 de junio de 2005.[17]

La elección de Evo Morales a la presidencia, el 18 de diciembre de 2005, con 53,74% de la votación, frente al 28,59% de su más cercano rival, el ex presidente Jorge Quiroga,[18] fue motivado, en gran medida, por el debilitamiento de la institucionalidad democrático-burguesa, que hizo fracasar todas las maniobras para evitarlo, tales como el intento de utilizar la redefinición del mapa electoral boliviano para postergar la elección presidencial y aumentar la cantidad de distritos en el Departamento de Santa Cruz. La avalancha popular provocada por la convergencia en la lucha de un amplio abanico de sectores sociales, la que llevó al MAS al gobierno, a pesar de que no cuenta con la estructura, la organización, la cantera de cuadros y el desarrollo programático requeridos para una tarea de tal envergadura.

Aunque en Bolivia, de manera similar a lo ocurrido en Venezuela, la victoria electoral de las fuerzas populares fue posible gracias a la desarticulación y al descrédito de los partidos tradicionales, en este caso, ya antes de la elección de Evo, la oligarquía había emprendido la contraofensiva social y política por medio de nuevos mecanismos, cuyo eje es el sentimiento a favor de la autonomía existente en Santa Cruz y los demás departamentos de la llamada Media Luna: Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca. Esa contraofensiva se inició el 22 de junio de 2003 con la Marcha por la Autonomía y el Trabajo, convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz –utilizada para convocar al primer Cabildo del Siglo xxi– y se recrudeció en octubre de 2004, cuando, todavía en la presidencia de Carlos Mesa, la legislatura aprobó el proyecto de ley de hidrocarburos presentado por el MAS.[19]

Tras la elección de Evo Morales a la presidencia, la oposición boliviana tiene en su haber el triunfo de las posiciones autonomistas en los departamentos de la Media Luna, en el referéndum sobre ese tema realizado el 2 de julio de 2006, el mismo día en que se efectuó la elección a la Asamblea Constituyente. Por su parte, en la elección de delegados a la Constituyente el resultado fue mixto, porque si bien el MAS eligió una mayoría de 152 de los 255 asambleístas, esa cifra es inferior a los dos tercios pactados para la aprobación de los acuerdos de envergadura. De modo que, frente al empuje de las fuerzas populares en la Constituyente, a la sanción de una ley de hidrocarburos –que debido a las presiones internacionales y nacionales no incluyó todas las exigencias de la Agenda de Octubre–, la aprobación de la reforma agraria en el Senado y las demás medidas transformadoras del gobierno de Evo, la reacción boliviana responde con la exacerbación del autonomismo en la Media Luna, tema que, a pesar de ser manipulado en función de los intereses de una élite, en particular de la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con apoyo popular.

Con el triunfo de Daniel Ortega en la elección presidencial del 3 de noviembre de 2006 y su toma de posesión el 10 de enero de 2007, el secretario general del FSLN retorna a la presidencia de Nicaragua casi diecisiete años después de que fuera desplazado de ella en las elecciones de 1990. Como candidato de la coalición Unida Nicaragua Triunfa –construida por medio de alianzas con una parte de los antiguos enemigos de la Revolución Popular Sandinista, entre ellos sectores de la contrarrevolución armada y la Jerarquía Católica–, Ortega obtuvo 38,59% de los votos, mientras su rival más próximo, Eduardo Montealegre recibió 30,94%.[20] En virtud de la ley electoral acordada hace años con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán, al haber sumado más de 35% de la votación y su distancia del segundo lugar ser mayor a 5%, Ortega triunfó en la primera vuelta electoral, hecho atribuible a la división de las fuerzas liberales, que presentaron dos candidatos presidenciales, Montealegre por la Alianza Liberal Nacional (ALN) y José Rizo por el PLC.

Tras 46 años de dominio absoluto de la familia Somoza, el 19 de julio de 1979 triunfó en Nicaragua la Revolución Sandinista, como resultado del aumento de la lucha antidictatorial frente a la represión del régimen, la convergencia de un amplio abanico de fuerzas opositoras, el éxito de la lucha insurreccional en torno a la que se reunificaron las tres tendencias en que se había dividido el FSLN, el rechazo internacional al somocismo, el apoyo político y material a la insurrección por parte de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Costa Rica y Panamá, el fracaso del intento de última hora del gobierno estadounidense de sustituir a Somoza por una figura dócil a sus dictados, y la negativa de la OEA de aprobar una intervención militar en Nicaragua.

En sus diez años en el poder, la Revolución Sandinista recuperó la soberanía nicaragüense, nacionalizó las propiedades de la familia Somoza y sus cómplices, hizo una reforma agraria y emprendió programas de desarrollo económico y social, pero se vio obligada a dedicar sus mayores esfuerzos a defenderse de la guerra contrarrevolucionaria dirigida y financiada por la administración de Ronald Reagan. Tras un largo proceso de guerra y negociación, ajustado a los parámetros de la Guerra de Baja Intensidad, la derrota de sandinista se consumó en la elección presidencial de febrero de 1990, cuando triunfó la candidata de la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro (1990‑1997). Este revés obedeció al desgaste del proceso revolucionario causado por la guerra, al debilitamiento del apoyo político, económico y militar soviético, y a errores de la dirección del FSLN.

Después de la derrota electoral, por primera vez en la historia de Nicaragua empezó a funcionar el sistema democrático burgués –sujeto a las restricciones de la democracia neoliberal–, la oficialidad sandinista retuvo el control del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, el FSLN siguió siendo el partido político más representado en la Asamblea Nacional –pero en minoría frente a la alianza de centroderecha y derecha–, y mantuvo el voto duro de alrededor del 25% de la población, principalmente, en los sectores humildes que fueron beneficiados por la revolución. En contra del FSLN comenzó a manifestarse la campaña de miedo a un nuevo triunfo electoral de ese partido desatada por el imperialismo norteamericano, y el rechazo de la burguesía proimperialista, de las capas medias resentidas por las penurias de la etapa revolucionaria, y de parte de las capas humildes, o bien por escasa politización o bien como consecuencia de los errores del gobierno sandinista. En estas condiciones, la candidatura de Ortega fue derrotada en las elecciones de 1996 y 2001, en ambos casos por una coalición de derecha, articulada en torno al Partido Liberal Constitucionalista, que colocó en la presidencia a Arnoldo Alemán (1997‑2002) y a Enrique Bolaños (2002‑2007).

El FSLN sufrió en la etapa posrevolucionaria varias escisiones. Uno de los temas más polémicos, tanto dentro como fuera del Frente Sandinista, fue el acuerdo político alcanzado durante la presidencia de Alemán, en virtud del cual, el entonces oficialista PLC y el FSLN, ambos con un caudal electoral muy similar, acordaron una redistribución del Poder Judicial y de los órganos de control del Estado, y una reforma electoral favorable a los dos partidos políticos que obtuvieran la mayor votación, es decir, favorable a ambos. A pesar del costo político que debió pagar el FSLN por ese acuerdo, en buena medida las nuevas reglas electorales –en particular el triunfo en la primera vuelta del candidato presidencial que obtenga 40% de la votación o 35% si su diferencia con el segundo lugar es mayor de 5%–, hicieron posible la elección de Daniel Ortega en la primera vuelta de la elección de 2006, junto a la división en las filas liberales, que presentaron dos candidatos a la presidencia. Ello explica por qué Daniel triunfó en 2006 con 38% de los votos, cuando en 2001 perdió con el 43%.

Ecuador es uno de los países latinoamericanos en el cual la crisis política estalla a finales de los años noventa, pero, a diferencia de Venezuela, donde el liderazgo de Chávez permitió capitalizar el quiebre de la institucionalidad democrático-burguesa para emprender la Revolución Bolivariana, los estallidos sociales en Ecuador carecieron de una conducción política capaz de encauzar a las masas hacia un proceso transformador, por lo que el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005), solo significó reciclar la dominación neoliberal.

El gobierno de Gutiérrez fue el más traumático para la izquierda y los movimientos populares ecuatorianos, porque su participación como coronel del ejército en el golpe de Estado contra Mahuad y la retórica de izquierda con que después emprendió su carrera política, llevaron a una buena parte de ellos, entre los que resalta el Movimiento Pachakutik, a apoyar su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002, con la condición de que rompiera con la política neoliberal de sus predecesores y adoptara un conjunto de medidas de beneficio popular, lo cual él incumplió. Con estos antecedentes es que en 2006 surge un nuevo candidato presidencial que no tiene una trayectoria política conocida: Rafael Correa.

Rafael Correa se da a conocer públicamente como ministro de Energía del gobierno de Alfredo Palacio, cargo que ocupa durante solo tres meses. Como candidato presidencial de la Alianza País, Correa se destaca por su batalla a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que ponga fin al statu quo neoliberal, por su defensa de la recuperación del control estatal sobre los recursos naturales del país y por promover la adopción de urgentes medidas de beneficio social. Esta actitud lo colocó en el primer lugar de las encuestas hasta que –como establece la ley– cesaron de divulgarse días antes de la votación.

El resultado de la elección presidencial realizada del 15 de octubre de 2006 fue sorpresivo porque, en medio del colapso del sistema electrónico de conteo de votos, de acusaciones de fraude y de impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral, el primer lugar lo ocupó el magnate ultra derechista Álvaro Noboa, candidato del Partido Institucional Renovador de Acción Nacional (PRIAN), con 26,83% de los votos, mientras que Correa fue desplazado al segundo puesto con 22,84%.[21] Sin embargo, debido al reagrupamiento de fuerzas políticas ocurrido para la segunda vuelta, efectuada el 26 de noviembre, Correa triunfó con 56,67% y Noboa perdió con 43,33%.[22]

A Rafael Correa le espera una difícil gestión como presidente de Ecuador, no solo por la crisis política, económica y social que hereda, sino también porque su partido, Alianza País, no tiene diputados en el Congreso pues no presentó candidatos en las elecciones legislativas, en virtud de su estrategia de convocar de inmediato a una Asamblea Constituyente. Esto lo obliga a buscar el apoyo de los legisladores de las fuerzas políticas de centro, centroizquierda e izquierda, con los cuales deberá negociar ya que, obviamente, la mayoría de ellos se sienten afectados porque la Constituyente revocaría su recién iniciado mandato. Además, cabe prever un fuerte enfrentamiento del imperialismo norteamericano y de la derecha ecuatoriana contra el nuevo gobierno.

En el año 2006 también sobresale el desempeño electoral de los candidatos presidenciales Carlos Gaviria en Colombia, Ollanta Humala en Perú y Andrés Manuel López Obrador en México.

En Colombia, donde el presidente Álvaro Uribe cambió la Constitución para legitimar su reelección, que logró en los comicios del 28 de mayo de 2006, con el 62,35% del voto popular, resalta el 22,03% obtenido por el candidato de la recién formada coalición de centroizquierda e izquierda, llamada Polo Democrático Alternativo (PDA).[23] Tal como ocurría en Perú en la década de 1990, cuando el Alberto Fujimori era elegido y reelegido a la presidencia con elevadas votaciones, en virtud de su imagen de hombre fuerte capaz de erradicar la violencia endémica, la victoria de Uribe se explica por la imagen que proyecta de supuestos avances hacia la pacificación del país. Sin desconocer el éxito de Uribe, también resulta importante destacar que el PDA, con Gaviria como candidato presidencial, quebró la alternancia bipartidista entre liberales y conservadores, y que como nueva segunda fuerza política del país se ubica en condiciones de mejorar su desempeño en los futuros procesos electorales.

En Perú, aunque en las elecciones presidenciales realizadas en 2006 no se registró un fraude, la oligarquía y los medios de comunicación desarrollaron una intensa campaña negativa para evitar el triunfo de Ollanta Humala –candidato de la Unión por el Perú (UPP) y del Partido Nacionalista Peruano (PNP)–, quien capitalizó el ansia de cambios políticos, económicos y sociales de las grandes mayorías, y para elegir al ex presidente Alan García, del Partido Aprista Peruano (APRA). De esa manera, mientras que en la primera vuelta, el 6 de mayo, Humala quedó en la delantera con 25,68% y García lo siguió con 20,4%, en la segunda, realizada el 4 de junio, García se impuso con 52,62% y Humala perdió con 47,37%.[24]

En México, el candidato de la alianza Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, fue víctima de un fraude en la elección presidencial efectuada el 2 de julio de 2006, urdido por el gobierno de Vicente Fox, el Partido Acción Nacional, las autoridades electorales, los medios de comunicación y la mayor parte de los gobernadores estaduales pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional. Mediante todo tipo de maniobras, los participantes en la conspiración electoral elevaron la cifra de votos a favor de Calderón hasta 35,89% y redujeron la de López Obrador a 35,31%.[25] Este fraude obedece a que el imperialismo norteamericano y la derecha mexicana consideraron a López Obrador como un obstáculo para el desarrollo ulterior del proceso de transnacionalización de la economía, en concreto, para la privatización y la entrega al capital foráneo de la industria petrolera y del sector energético. El movimiento nacional de protestas contra el despojo cometido en la elección presidencial y el estallido social –originado por una huelga de maestros– que hace más de seis meses tiene conmovida a la ciudad de Oaxaca, crearon una crisis política de gran envergadura y convierten Felipe Calderón en un presidente débil y propenso a recurrir a la represión.

En Argentina, ante el desprestigio del sistema político imperante y la bancarrota de sus instituciones –y también influida por el triunfo de Lula en los comicios brasileños de finales de 2002–, la elección presidencial de Néstor Kirchner y su gestión con una plataforma que incluye la imagen de una negociación honorable con el FMI y la satisfacción de importantes demandas políticas y sociales (no tanto las económicas) de la izquierda y el movimiento popular, reflejan el repliegue a que se ha visto obligado el capital transnacional y la oligarquía criolla, quienes apuestan a su desgaste para lanzarse de nuevo a la ofensiva, ya sea para empujarlo por hacia el neoliberalismo ortodoxo, o para desestabilizarlo para demostrar que no hay alternativa a esa doctrina. Con el objeto de consolidar un polo progresista que respalde su candidatura a la reelección en 2007, el Kirchner afianza su hegemonía con el llamado a una «concertación plural» de dirigentes y fuerzas políticas de muy diversa procedencia, que abarca a sectores de izquierda, centroizquierda, centro y hasta del ala conservadora del Partido Justicialista.

A pesar de que este libro no analiza los acontecimientos ocurridos en el Caribe de habla inglesa, francesa y flamenca, es imposible pasar por alto los acontecimientos ocurridos en Haití en los últimos años. En medio de una aguda crisis política, que incluyó una ola de violencia protagonizada por bandas armadas, en febrero de 2004, fuerzas especiales de los Estados Unidos ocuparon el Palacio Presidencial de Haití, obligaron a renunciar al presidente Jean Bertrand Aristide y lo enviaron a un país africano. Dos años tardaron el gobierno provisional haitiano y los cascos azules de la ONU en organizar un proceso comicial para elegir a un nuevo presidente constitucional y una nueva legislatura. Tras varias posposiciones, atribuidas a problemas organizativos y logísticos, esas elecciones se efectuaron el día 7 de febrero de 2006.

En las cifras iniciales dadas a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el ex primer ministro (del gobierno de Aristide) y también ex presidente, René Preval, aparecía con más de 60% del voto popular, mientras su más cercano rival apenas sobrepasaba el 11%. Sin embargo, en siguientes cortes informativos, la votación de Preval «cayó» a menos del 50%, lo cual lo obligaba a concurrir a una segunda vuelta, para la cual ya los demás candidatos derrotados se habían puesto de acuerdo para formar un bloque contra él. Las pruebas del fraude contra René Preval –incluidas miles de boletas encontradas en su basurero y mostradas por la televisión– y las protestas de sus seguidores, llevaron al CNE a adjudicar a cada candidato una cantidad de los votos en blanco proporcional a sus respectivos porcentajes, con lo cual Preval fue electo con más de 51%.[26] Es importante señalar que la logística, la seguridad y la transparencia del proceso electoral haitiano estaban a cargo del contingente de cascos azules de la ONU, encabezado por un general brasileño, e integrado, entre otros, por soldados de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.

Con el decursar de los años y debido a los cambios motivados en la situación política latinoamericana, el peso de las contradicciones existentes en el Foro de São Paulo se hace cada vez mayor. Debido a esa exacerbación de las contradicciones, en los siete años comprendidos entre enero de 2000 y enero de 2007, solo se efectuaron cuatro Encuentros «anuales» de este agrupamiento político regional: el primero, en Managua, Nicaragua, en febrero de 2000; el segundo en La Habana, Cuba, en diciembre de 2001; el tercero en São Paulo, Brasil, en julio de 2005; y el cuarto en San Salvador, El Salvador, en enero de 2007.

En el IX Encuentro (Managua, 2000) y en el X Encuentro del Foro (La Habana, 2001), parecía que finalmente se había alcanzado un consenso sobre los problemas que entorpecían su funcionamiento. Sin embargo, a raíz de la elección de Lula a la presidencia de Brasil, ocurrida en noviembre de 2002, esas contradicciones se agravaron en el XI Encuentro, realizado en Antigua Guatemala en diciembre de ese año. El cambio de status del PT de Brasil, de partido opositor en partido de gobierno, llevó a su dirección a temer que las acciones, declaraciones y composición del Foro de São Paulo entorpeciesen de algún modo la política exterior del Estado brasileño. Ello impidió convocar al XII Encuentro durante dos años y medio, debido a que era evidente que la polarización de posiciones que apenas dejaba funcionar al Grupo de Trabajo, llevada a la plenaria, sin duda alguna haría estallar al Foro. Cuando, gracias a niveles mínimos de consenso, el XII Encuentro se realizó, en la propia ciudad de São Paulo, los días 2 al 4 de julio de 2005, en ocasión del XV Aniversario de su fundación, su desarrollo fue entorpecido por la crisis política que en ese momento afectaba al gobierno y al PT. Los cambios ocurridos en la dirección del PT a raíz de esa crisis favorecieron abrieron el camino para su «relanzamiento» en el XIII Encuentro, efectuado en San Salvador, del 12 al 14 de enero de 2007, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición física de Shafik Hándal (26 de enero), y del XV aniversario de la firma de los Acuerdos de Chapultepec (15 de enero), que pusieron fin al conflicto armado en ese país.

En la medida en que muchos de los partidos y movimientos políticos miembros de ese agrupamiento regional comienzan a someter a la prueba inapelable de la práctica las estrategias y tácticas, de orientaciones diversas, con las que apenas soñaban hace 15 años, arrecia lógicamente la intensidad de los debates políticos e ideológicos en el Foro. En la actualidad, partidos miembros del Foro gobiernan –o forman parte de la coalición de gobierno–  en seis países en los cuales imperan, de una u otra manera, y en una o otra medida, las reglas de la gobernabilidad democrática (Panamá, Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador y Nicaragua). Además, en otros dos países hay gobiernos de izquierda en los cuales los partidos y movimientos políticos, que son, por definición, los componentes del Foro de São Paulo, ocupan un lugar relativamente secundario en comparación con el papel del líder o los movimientos sociales (Venezuela y Bolivia). Sin duda, estos son factores que ejercen una influencia determinante en el funcionamiento de ese agrupamiento político regional.

Nadie sabe cuánto tiempo más funcionará el Foro de São Paulo porque el desarrollo de la lucha popular demanda una modificación constante de los medios y métodos empleados por los partidos y movimientos políticos de izquierda para relacionarse. Esa modificación puede ser una renovación del Foro, o puede que otros instrumentos ocupen su lugar. En cualquier caso, la contribución del Foro al debate, la coordinación y la solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe, y de ellos con los de otras regiones del mundo, ya le ha hecho acreedor de un lugar en la historia.

 


Notas

[1]     Para conocer un ejemplo representativo de cómo los círculos políticos de los Estados Unidos valoran en su momento las posibilidades que la crisis de la URSS le ofrecen para reafirmar su dominación sobre América Latina, consultar The Americas in a New World: The 1990 Report of the Inter‑American Dialogue, The Aspen Institute, Washington D. C., 1990.

[2]    Hugo Fazio: El Programa Abandonado: balance económico y social del gobierno de Aylwin, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1996, p. 175.

[3]     La primera presidencia de Carlos Andrés Pérez fue de 1974 a 1979.

[4]     Los resultados oficiales de los cuatro candidatos que recibieron las mayores votaciones en esta elección fueron: Rafael Caldera, 30,46%; Claudio Fermín, 23,60%; Oswaldo Álvarez, 22,73% y Andrés Velásquez, 21,95%. Véase Resultados Nacionales: Elecciones Presidenciales Venezuela 3D (www.explikame.wordpress.com).

[5]    Bolivia, cuya Constitución establece que el Congreso elija al Presidente de la República en caso que ningún candidato obtenga 50% más uno en los comicios, era el país en que existían mejores condiciones para el florecimiento de este tipo de alianza.

[6]    Como antecedente histórico, vale la pena apuntar que Sergio Guerra y Alejo Maldonado hablan de «la reunión de Madrid (1900) de un Congreso Hispano‑Americano, inaugurado por el polígrafo mexicano Justo Sierra sin la presencia de delegaciones oficiales de gobiernos, cuyo propósito era adelantarse al II Congreso Panamericano que se realizaría al año siguiente en México promovido por Estados Unidos. En este cónclave, a iniciativa del español Rafael María de Labra, aprobó la creación de la Unión Iberoamericana, encargada de promover el panhispanismo, para contraponerlo al panamericanismo promovido desde 1889 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos James G. Blaine. En relación con el panhispanismo hay que advertir, como oportunamente hiciera Fernando Ortiz, que también venía acompañado de intenciones tutelares e incluso aspiraciones imperialistas por parte del gobierno español, sustentadas en una supuesta raza hispana». Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo: ob. cit., pp. 38‑39.

[7] Se refiere a la práctica imperialista de emitir certificaciones de «buena» o «mala» conducta de otros gobiernos en materia de «respeto a los derechos humanos» y «combate al narcotráfico». A partir de esas certificaciones, el gobierno de los Estados Unidos establece sanciones contra quienes estima pertinente.

[8] Véase sitio web del Consejo Supremo Electoral (www.cne.gov.ve)

[9] Ibídem.

[10]    AG/doc. 8 (XVIII‑E/01).

[11]    Ibídem.

[12]    En la primera vuelta de esa elección, efectuada el 6 de octubre, Lula obtuvo 46,4% de los votos y Serra 23,2%. Véase el sitio web del Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).

[13]    En la elección presidencial del 3 de octubre de 1994 Fernando Henrique Cardoso recibió 54,3% de los votos y Lula 27%, mientras que en la del 4 de octubre de 1998 Cardoso obtuvo 53,1% y Lula 31,7%. Ibídem.

[14]    Ibídem.

[15]    Véase el sitio web de la Corte Electoral de Uruguay (www.corteelectoral.gub.uy).

[16]    Sobre el tema puede consultarse Julio C. Gambina, Rina Bertacini y Jorge A. Kreyness «Conflicto en el río Uruguay», Contexto Latinoamericano No. 1, pp. 200‑2008 (contextolatinoamericano@oceansur.com).

[17]    Sobre el tema puede consultarse a Hugo Moldiz «Crónica del proceso constituyente boliviano», Contexto Latinoamericano, No. 1, pp. 10‑22 (contextolatinoamericano@oceansur.com).

[18]    Véase el sitio web de la Corte Nacional Electoral (www.cne.gov.bo).

[19]    Sobre el tema puede consultarse a Raúl Prada «Estado, Asamblea Constituyente y Autonomías», Contexto Latinoamericano No. 1, pp. 23‑34 (contextolatinoamericano@oceansur.com).

[20]   Véase el sitio web del Consejo Supremo Electoral (www.cse.gob.ni).

[21]    Véase el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (www.tse.gov.ec).

[22]    Ibídem.

[23]   Véase el sitio web del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gov.co).

[24]   Véase el sitio web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (www.onpe.gob.pe).

[25]   Véase el sitio web del Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

[26]    Es evidente que el incremento artificial de la cifra de votos en blanco fue uno de los procedimientos utilizados para cometer el fraude, ya que es inconcebible que los electores de las barriadas pobres y zonas rurales del Haití hicieran colas de entre seis y ocho horas frente a los centros de votación para, simplemente, anular la boleta.